En las últimas semanas, múltiples políticos del PSOE y Podemos (algunos de ellos miembros del Gobierno) a través de sus brazos mediáticos, han difundido a diestro y siniestro la intolerable mentira de que la pandemia del coronavirus ha demostrado la inviabilidad de las políticas liberales y, a su vez, la necesidad de una mayor intervención estatal y el reforzamiento del Estado de [in]bienestar. Esto es una burda manipulación, que no se sustenta más que en falacias a las que ya estamos acostumbrados.
En este artículo, partiremos de una base teórica para ir paulatinamente descendiendo en una escala de abstracción (como diría Sartori), y así poder comprender 1) por qué lo que dicen algunos políticos y periodistas es rotundamente falso y 2) por qué ahora más que nunca hace falta aplicar medidas liberales para reactivar la economía y salir a flote.
La sanidad privada: más necesaria que nunca
Sin lugar a dudas, la liberalización completa, o al menos mixta, de la sanidad se trata de una de las propuestas de los liberales más denostadas por los políticos liberticidas. También, la que más se está poniendo en duda desde el surgimiento de esta crisis sanitaria y económica. Es más, muchos achacan el desbordamiento de la situación a los supuestos recortes del PP en esta materia. Sin embargo, la crisis derivada del coronavirus en España no se ha producido a consecuencia de la falta de gasto, sino de una evidente falta de previsión y prevención.
La sanidad privada ha de defenderse, en primer lugar, por una cuestión moral. Como decía Mises “es importante recordar que todas las interferencias del Gobierno siempre implican, o bien el empleo de la violencia, o la amenaza de tal acción”. La conformación de los Estados-nación modernos se verificó a través de un proceso largo de expropiación de libertades que la sociedad civil poseía y que, casi sin que se diera cuenta, pasaron a convertirse en monopolio del Estado, que podía gestionarlas arguyendo que su legitimación provenía de la mayoría, en el caso de una democracia. Justamente, cuando vivimos momentos críticos como estos, uno de los mayores temores de los liberales se cifra en que el Estado no vuelva a destinar al pueblo las libertades que le extrajo para luchar contra el virus y hacer valer el derecho de no agresión (a saber, el derecho que tiene una persona a no resultar infectada por un tercero o a que no se conculque cualquiera de sus otras libertades).
Esta intervención gubernamental toma forma, por ejemplo, en el control de la economía. La única solución factible para impedir que, consecuentemente, se incrementen los precios y los costes consiste en permitir que el mecanismo de precios funcione sin ningún tipo de alteración. Tal y como Mises describe a la perfección en La acción humana, los consumidores, con su racionalidad limitada, intentarán siempre satisfacer sus demandas al menor coste. Por tanto, buscarán la opción sanitaria más económica para cubrir sus necesidades y, sabiendo esto, los proveedores de esta asistencia competirán entre ellos para, por medio de la innovación, disminuir sus costes, bajar sus precios y, por ende, captar a un mayor número de clientes. Además, esa innovación repercutirá en el aumento de la eficacia y eficiencia de los tratamientos, por lo que el beneficio será doble: servicios más baratos y de una calidad sustancialmente mayor.
Otra forma que adopta la intromisión del Estado en la economía es la de las licencias que otorga. Una de las mayores defensas que se les hacen es reivindicar el, según muchos, poder que tienen para proteger a los consumidores. Pero esto constituye una verdadera falacia. Únicamente funcionan para restringir la entrada a un mercado, pues se está forzando a profesionales y proveedores a obtener un permiso antes de ejercer. Y, sin embargo, como se puede fácilmente entender, una licencia concedida hace años no garantiza que los que aún la posean continúen ejerciendo en condiciones la profesión. Su incompetencia o desactualización son variables imposibles de solventarse con este mecanismo.
La solidaridad privada existe y la austeridad debió aplicarse
Lejos, por tanto, de que esta crisis ponga de manifiesto que el modelo liberal resulta inviable, ha hecho todo lo contrario: reafirmarlo.
Todos aquellos que se mostraban escépticos acerca de la solidaridad privada, propugnada en cambio por los liberales, pudieron constatar en sus propias carnes que no solo existe, sino que, además, es más eficiente que la “solidaridad estatal”. Hemos visto que reputados empresarios (como Amancio Ortega o Elon Musk, quien ayer anunció que ofrece a todos los hospitales del mundo los respiradores que está fabricando Tesla) y otras muchas personas están destinando motu proprio parte de su capital privado, de forma muy generosa, a paliar los estragos a nivel económico y de vidas. La sociedad civil, por tanto, puede funcionar perfectamente como dadora de caridad (con las sociedades de beneficencia) e, incluso, hacerlo mejor que el Estado. Verbigracia, en el caso español, las mascarillas y demás equipamiento sanitario donado por Amancio Ortega llegó antes que el que había comprado el Estado tarde y mal.
Ahora más que nunca entendemos por qué era y es necesario sanear las cuentas públicas en los tiempos en los que sí se podía hacer y así tener, cuando se requiera, capacidad de endeudamiento. Actualmente, nos encontramos con que España e Italia cargan con muchos más pasivos que Alemania y Holanda, países que, desde 2013, se esforzaron en reducirlos de forma sostenida, mientras que los primeros los mantuvieron esencialmente estables. Asimismo, recordemos que el déficit público ha vuelto a crecer en 2019, con el Gobierno de Pedro Sánchez. En consecuencia, ahora, España e Italia (entre otros), por no haber equilibrado su presupuesto y aumentado así su margen de endeudamiento, están pidiendo que Alemania y Holanda, que sí hicieron los deberes, les “regalen” financiación fácil, sin prácticamente coste o condiciones. Una vez más, por tanto, vemos la necesidad de aplicar las medidas liberales, que postulan mantener las cuentas en equilibrio (no tener más gastos que ingresos) y, sobre todo, no despilfarrar dinero público, de modo que no se incremente la deuda o, en todo caso, los impuestos (que imposibilitan, en ocasiones, la función empresarial).
No es un problema de gasto, sino de prevención y previsión
En las últimas semanas, no paramos de escuchar que los hospitales se han colapsado por culpa de los recortes en la sanidad privada que, supuestamente, emprendió años antes el PP. Esto es del todo falso. Antes bien, todo lo contrario. Durante los últimos años de gobierno de este partido, el gasto público en sanidad creció significativamente. En concreto, en 2011 ascendía a 71.667 millones de euros, y en 2018, a 75.435 millones; se elevó, por tanto, en casi 4.000 millones.
En cualquier caso, la saturación del sistema sanitario no radica en una cuestión de gasto. Por ejemplo, Corea del Sur (con más población que España, 51 millones de habitantes) ha realizado un gasto público en sanidad del 30% (frente al 41% de España) y ha registrado un número bastante menor de muertos e infectados (a la hora de escribir este artículo, 139 fallecidos y 9.332 casos). Singapur, junto a Corea del Sur, uno de los países más liberalizados, presenta un gasto en sanidad del 18% y, aunque tiene menos habitantes que España (5,6 millones), se ha erigido en un ejemplo mundial de gestión de la crisis con tan solo 3 muertos y 1.000 casos en estos momentos.
Por tanto, nos debemos formular la pregunta de por qué han tenido éxito estos dos países. Muy sencillo: por haber puesto en marcha un sistema de prevención y análisis ágil y eficaz.
Singapur utilizó los denominados “detectives de enfermedades” para determinar dónde había estado presente el virus. Así, con un sofisticado programa de rastreo de contacto, consiguió cortar la cadena de contagios desde los focos de infección.
En el caso de Corea del Sur, su triunfo contra el virus proviene de realizar cerca de 10.000 test por día, lo que ha permitido aislar a la población asintomática que, como sabemos, contribuye en gran medida a la dispersión del virus. Además, implementó drásticas y efectivas medidas de aislamiento por regiones.
Por tanto, el bloqueo del sistema sanitario de España ante esta crisis no devino del gasto en sanidad (que, recordemos, aumentó en los últimos años), sino de una nefasta gestión y auténtica falta de previsión por parte de nuestro Ejecutivo de PSOE y Podemos.
La gran crisis económica que está por llegar
Las expectativas resultan bastante alarmantes. Se estima que cerca de un millón (o, incluso, dos millones) de empresas podrían llegar a desaparecer en nuestro país. Sin olvidar que más de 900.000 ya estaban en deuda en momentos previos a la crisis.
El Gobierno de España está cometiendo múltiples errores al enfocar el problema económico y, por ende, en la búsqueda de soluciones. En primer lugar, no está teniendo en cuenta la desaceleración que ya hacía mella antes de la crisis; en segundo, no está comprendiendo que nuestras empresas (la mayor parte de ellas, pequeñas, con uno o dos trabajadores) no pueden aguantar varios meses con cero ingresos y afrontando el obligado pago de impuestos y de costes fijos que se van acumulando (la media de caja de que disponen estos negocios, en el mejor de los casos, es de 35-60 días); en tercero, el Gobierno piensa, o eso da a entender, que cuando el estado de alarma cese, las compañías van a poder, no solo recuperar lo que han perdido, sino, además, obtener más beneficios; y, en cuarto, y fundamental problema de base, no se hacen cargo del escenario en que nos encontramos. Por desgracia, los últimos datos evidencian que no nos enfrentamos a una crisis con forma de “V”, sino de “L”, lo cual implica un desplome de la economía bastante abrupto y una recuperación lenta y muy dura. Parece que, incluso, la situación se volverá estructural, y podríamos estar ante una recesión aún peor que la iniciada en 2008. Por todos estos motivos, el Gobierno está abordando francamente mal tanto el diagnóstico como las soluciones.
Con la sonada medida de “prohibir los despidos” está abocando a las empresas a cerrar y a acrecentar significativamente el número de parados. Una compañía que obtiene cero ingresos al mes y debe pagar impuestos y costes fijos no puede seguir a flote como si nada hubiera pasado. El acogerse a un ERTE constituye solo una medida temporal, así que no solo se despedirá a un número limitado de empleados, sino a toda la plantilla, al tener que cesar la actividad.
El Estado, por querer mantener la fiscalidad sea como sea, está construyendo la tumba en la que se enterrará la economía. Como hemos dicho, ahora más que nunca hacen falta medidas liberales y flexibilización laboral para que 1) las empresas puedan subsistir y 2) para que nuevos proyectos empresariales puedan entrar en el mercado y no se vean imposibilitados por las cargas impositivas y la rigidez laboral.
¿Por qué no quiere el Gobierno financiarse a través del BCE y el MEDE y sí con impuestos? Porque quien paga manda
La exoneración de impuestos a la inversión y al trabajo (y no solo su postergación) debiera estar ya en vigor, pues supone un sinsentido pedir a unas empresas que no obtienen ingresos el pago de tributos. De donde no hay, no se puede sacar.
Asimismo, el Estado tendría que efectuar una revisión drástica de sus gastos superfluos (que son muchos) y obtener de ahí, junto a la línea de liquidez que pone el Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a disposición de los países que necesiten financiación, los recursos para llevar a cabo las políticas precisas. No a través de impuestos.
Pero, ¿por qué no quiere el Ejecutivo español financiarse a través del BCE y del MEDE y sí a través de la fiscalidad? Porque quien paga manda. A pesar de que el BCE anunció que adquiriría durante los próximos meses activos financieros por un importe de hasta 750.000 millones de euros, y de que el MEDE posee capacidad de extender créditos por importe de hasta 500.000 millones a aquellos países que lo soliciten (que, además, se efectuarían a tipos a largo plazo por debajo del 1%), el Estado español se muestra reacio a recurrir a esta vía porque, de hacerlo, deberá atenerse a sus condiciones. Es bien sabido que el BCE tiende a paralizar temporalmente las compras de deuda cuando un gobierno nacional comienza a endeudarse de más (y España propende a hacerlo) y, en el caso de los fondos MEDE, la condicionalidad aparece explicitada en su web. Entonces, ¿cómo podría nuestro Ejecutivo llevar a cabo sus políticas progresistas y de gasto social si acepta el equilibrio presupuestario a que le obligan sus acreedores? Claramente, no les interesa. Prefieren mantener la fiscalidad desorbitada y asfixiar a las empresas y autónomos que están hasta el cuello de pagos.
Así pues, si algo ha demostrado esta crisis es la necesidad de liberalizar sectores como el sanitario (o en su defecto, volverlo mixto), de adoptar una política laboral flexible, y de equilibrar nuestras cuentas, que no significa otra cosa que sanearlas.
