31
jul
El Economista

La España vaciada, como se ha venido a denominar a aquellas zonas rurales del país donde el éxodo de la población amenaza con traducirse en el completo abandono de estas regiones y localidades, se ha puesto en el centro del debate político, tal y como se pudo observar en las últimas elecciones generales, donde todos los partidos incluyeron en sus programas medidas para relanzar la actividad económica, y como consecuencia cortar la sangría de pérdida poblacional. La falta de relevo generacional y de sectores productivos de creación de empleo y riqueza hace que cada vez más habitantes de los pueblos abandonen la vida rural para buscar un futuro más próspero en las grandes urbes, con el efecto colateral de que estas zonas vislumbren un futuro oscuro en términos económicos y de subsistencia social.

Y precisamente uno de estos efectos colaterales de la despoblación reside en el hecho de que las pensiones de jubilación ya sean técnicamente insostenibles en muchas de estas comunidades autónomas y provincias. Un aspecto que se observa claramente al analizar la proporción de cotizantes a la Seguridad Social y de pensionistas, donde se atestigua esa falta de personas en edad de trabajar que, según el sistema público español, son las encargadas a través de sus cotizaciones sociales de sufragar las pagas de las clases pasivas en base al reparto intergeneracional.

En este sentido, atendiendo a los registros por provincias de afiliación a la Seguridad Social y el volumen de pensionistas resulta que en muchas de estas regiones el sistema de reparto sería ya insostenible debido a que esta relación entre amabas magnitudes, conocida como tasa de dependencia de las pensiones, se encuentra por debajo de los dos afiliados por pensionista, punto en el que los expertos consideran como inviable en el medio y largo plazo el pago de las prestaciones mediante los ingresos por cotizaciones causando déficit de manera progresiva.

De hecho, a nivel nacional, esta proporción se encuentra en los 2,3 trabajadores por pensionista, también al límite de entrar en un terreno de no retorno para la sostenibilidad financiera si se alcanza la cota anteriormente mencionada. Así, en estas regiones que cuentan con un elevado porcentaje de su territorio –localidades– con menos de 1.000 habitantes se pueden observar algunos casos extremos como los de las provincias de Zamora y León, donde 0,83 y 0,86 afiliados, respectivamente, se encargan de pagar las pagas de cada pensionista, es decir, con menos de un salario se debe pagar una pensión, una situación financieramente insostenible desde todo prisma.

Situación insostenible

En el aspecto menos grave de la España vaciada, y siempre por debajo de la ratio de dos trabajadores por pensionista están los casos de Ávila (1); Salamanca y Teruel (1,1); Cáceres y Palencia (1,2); Burgos, Cuenca (1,3); Segovia, Soria y Cáceres (1,4); Huesca, Logroño, Valladolid, Lleida (1,5); Zaragoza (1,6); Pamplona (1,7) y Guadalajara (1,8). Todas ellas con una situación insostenible si tuvieran que afrontar un sistema propio de pensiones.

A este respecto, el investigador principal del Think Tank Civismo, Javier Santacruz, explica que “estas cifras dependen también de los cambios en la legislación y los parámetros de cálculo de cotizaciones y prestaciones, que es justo donde actúan las reformas de 2011 y 2013 que ahora se postergan” con las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno socialista y el anterior del PP.

Así, en el cálculo por regiones, puede verse una diferencia astronómica entre la autonomía con menor ratio de cotizantes por pensiones (1,19 para Asturias) y la región con mayor proporción de cotizantes por pensionista (2,7 para Madrid). Esto sugiere un permanente y abultado déficit en la caja regional de Asturias, Galicia (1,29), Castilla y León (1,47), Cantabria (1,52) y Extremadura (1,71).

Además, “que no entre en vigor la reforma de 2013 implica que el umbral de esta ratio a partir del cual se elimina el déficit vuelve a estar en el entorno de dos cotizantes por pensionista”, señala Santacruz. Además, recuerda que a través de la modificación de los parámetros de cálculo y actualización de las pensiones y las condiciones de elegibilidad haciéndolos más exigentes, se conseguía reducir el umbral y, con ello, lograr la sostenibilidad del sistema hasta 2030.

Así, solo cinco autonomías superan el valor de dos en su ratio afiliados-pensiones, con Madrid en 2,7 seguido muy de cerca de Baleares (2,7), Canarias (2,5), Murcia (2,35) y Navarra (2,06). Teniendo en cuenta la media nacional (1,94), Andalucía y Cataluña están por encima de la media, pero sin llegar a 2 y por debajo de la media están CastillaLa Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón. Todas ellas oscilan entre el superávit y el déficit desde prisma territorial.

“Por ello, si el sistema de pensiones estuviese transferido a las autonomías, como ocurre con el resto del sistema de prestaciones del Estado del Bienestar, con sus recursos y sus gastos, doce de ellas tendrían déficit en sus cuentas y en cinco de ellas sería de carácter severo”, explica Santacruz.


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