La Comunidad de Madrid se ha embarcado en un reto ambicioso: ser alternativa a la City londinense cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea. Se estima que el Brexit provocará la salida de las empresas de trading que necesiten operar desde un país comunitario. El centro financiero de la capital supone el 11,8% del PIB del Reino Unido, unos 2,2 millones de empleos y 85.800 millones de euros en recaudación tributaria. Y la batalla para atraer a sus empresas la ganará el territorio que ofrezca condiciones más competitivas.
Hay opciones bien posicionadas como Dublín –fiscalmente el lugar óptimo–, Frankfort, París y Milán, importantes plazas bursátiles. ¿Podrían rivalizar las ciudades españolas con ellas? La respuesta es que sí, porque las comunidades autónomas tienen un margen de libertad suficiente como para ser más competitivas. Pero la mayoría no espabilan y se aferran a corsés que les impiden crecer. Madrid es la región que mejor ha hecho sus deberes para ser atractiva, revalidando muchos años su liderazgo en captación de empresas. Las compañías se instalan donde la regulación es sencilla, hay facilidad para abrir un negocio, existe seguridad jurídica, la Administración es ágil y el tratamiento fiscal resulta favorable.
Si tomamos el índice de variación por cada 1.000 empresas activas radicadas en cada región –según datos de la consultora Axesor–, entre el segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016 Madrid ha atraído 730 nuevas empresas del resto del país, lo que supone un 14 de aumento sobre las ya instaladas. Le siguen La Rioja (12%) y Baleares (10%).
Y en las comunidades que lo han hecho peor Navarra es la que, en términos relativos, ha perdido más negocios (-11%), seguida por Cataluña (-8%) y Castilla-La Mancha (-6,5%). El éxodo empresarial en la Comunidad foral lo ha provocado un gobierno cuatripartito donde quienes de verdad deciden son los radicales del nacionalismo y del populismo. Estos políticos han convertido a Navarra en un infierno fiscal para los empresarios, al no estar totalmente exentos los bienes empresariales en el Impuesto al Patrimonio y tener el tipo marginal máximo más alto situado en el Impuesto de la Renta (52%).
Respecto a Cataluña, el proceso secesionista ha despertado una gran desconfianza. Muchos empresarios no mueven los labios para protestar, pero sí los pies para escapar. Si se compara con 2014, el análisis es claro. Se aprecia que las comunidades autónomas que han pasado de captar negocios a perderlos son aquellas en las que ha habido un quiebro político en sus últimas elecciones autonómicas. La mejor política social no pasa por establecer una renta básica generalizada para los desafortunados sino por atraer a empresas que les den empleo.
