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El Economista

Ratificada por el Senado, lista para también ser aprobada por el Congreso y preparada para entrar en vigor en menos de dos semanas, la Reforma Fiscal impulsada por la Administración Trump es uno de los hechos económicos más significativos del año 2017 y, muy probablemente, de los próximos años. Bajo la denominación “Tax Cuts and Jobs Act”, el Ejecutivo y el Legislativo bajo mayoría del Partido Republicano, han cerrado tras meses de intensas negociaciones un paquete amplio de bajadas de los tipos impositivos sobre la renta, los beneficios y el ahorro a nivel federal, además de una importante simplificación del diseño y estructura de los principales impuestos, limitando o incluso eliminando los impuestos “paralelos” (“alternative minimum tax”).

En este sentido, es tan importante o más la simplificación tributaria que la bajada de los tipos para comprender el alcance que esta Reforma Fiscal tiene en términos de ahorro, inversión, crecimiento económico y generación de empleo (siempre por este orden). Para ver un caso similar, hay que remontarse tres décadas atrás cuando el presidente Reagan sacó adelante un paquete de rebajas fiscales en 1986 gracias al cual, en parte, pudo sostenerse el crecimiento de la economía americana mientras otras economías occidentales se asomaban a la recesión de finales de los ochenta y principios de los noventa.
Desde entonces y hasta la fecha, las rebajas de impuestos parciales que se han efectuado durante los mandatos de los presidentes Clinton, Bush y Obama especialmente en el impuesto sobre la renta, han complicado más que simplificado la estructura fiscal introduciendo deducciones, bonificaciones y rebajas de tramos que han permitido rebajar los tipos efectivos pero causando no pocas distorsiones en la oferta de trabajo, el endeudamiento de las familias o la dimensión de las empresas.

Sin duda, una de ellas es la deducibilidad de los intereses de la deuda, tanto en el caso de las familias como de las corporaciones. Si bien el paso que la “House Bill” da es muy tímido en el caso de las familias –reduce el umbral de deducibilidad de intereses a los créditos hipotecarios de hasta 750.000 dólares cuando antes era hasta un millón– no es así en el caso de las empresas. El texto legislativo aboga por establecer un techo del 30% de la base imponible del impuesto de Sociedades como máxima desgravación de los intereses de la deuda corporativa.
Esta medida es fundamental a la hora de reducir la propensión al endeudamiento del sector privado americano y más aún en una época de tipos tan bajos como atestigua la tasa hipotecaria fija a 30 años que ofrece la agencia pública Freddie Mac: 4% frente al 6,7% inmediatamente anterior a la crisis de 2008 o el 8,2% que antecedió al pinchazo de las puntocom. Evidentemente, la Reforma Fiscal va a ser muy difícil que pueda ser el instrumento más eficaz para enfriar un más que sobrecalentado mercado inmobiliario –crecimientos en media anual en los últimos 5 años del 7,79%– pero sí puede contribuir positivamente a ser un “freno preventivo” que desincentive el endeudamiento y fomente en cambio el ahorro, el cual se verá beneficiado además por la agenda de normalización monetaria. No está de más recordar que la tasa de ahorro de las familias se situó en septiembre pasado en el 3,1% de la renta disponible, muy cerca de los mínimos históricos marcados en 2005.

Hay que pensar, por tanto, en un “efecto neto” de la Reforma Fiscal tomando en consideración todas las medidas –también la simplificación tributaria– y no sólo los recortes de los tipos impositivos. De esta forma, podemos ser capaces de calcular la influencia que tendrá el nuevo marco fiscal sobre la economía nacional. Teniendo en consideración todos los cambios fiscales en renta, Sociedades y Sucesiones, hay que calcular cuál es la pérdida real de recaudación neta en el presente debida a la rebaja de los tipos efectivos en el período marco de diez años y cómo hay que financiarla.
Con base en cálculos propios y estimaciones realizadas entre otros por la Tax Foundation, la pérdida de recaudación estática (manteniendo todo lo demás constante) sería de un billón de dólares. Pero incluso asumiendo la falta de realismo de considerar efectos estáticos, a lo largo del período marcado se recuperarían 171.000 millones (el 17,1%) a través de la limitación de la deducibilidad de los intereses de la deuda. A pesar de ello, es evidente que estamos ante un escenario muy poco realista, el cual “olvida” la capacidad de reacción de los contribuyentes y la influencia que la regla fiscal tendrá sobre los incentivos y decisiones de los agentes económicos.

Precisamente, el tiempo que tarden en reaccionar la base imponible a los cambios fiscales (¿6 meses, quizá un año?), es el que de verdad puede ser preocupante en términos de aumento del déficit público. Pero para ello se está contemplando en paralelo a la Reforma Fiscal un recorte del gasto público. La mayoría republicana opta por una vía “a la Friedman”, ya que van a emplear el recorte multimillonario del Medicaid que ascenderá cuando se apruebe definitivamente a 800.000 millones de dólares, en financiar las rebajas fiscales como el recorte de los tipos o la subida de los mínimos personales y familiares.
En cualquier caso, la probabilidad de que el déficit público se dispare hasta los 1,5 billones de dólares desde el actual medio billón (que es sumarle al actual déficit el billón esperado de pérdida de recaudación suponiendo constante lo demás), no es excesivamente alta, a pesar de lo que creen los ministros de Hacienda alemán, francés, británico, italiano y español en su carta conjunta a Washington. Mezclan el análisis de factores estáticos con otras cuestiones sin ni siquiera tener en cuenta cuánta recaudación adicional puede generarse vía mayor ahorro, crecimiento y empleo.

Por muy denostada que esté la vía Laffer, es necesario al menos mostrar un rigor mínimo con un análisis de factores dinámicos. Precisamente, la evidencia empírica analizada por Saez et al (2012) muestra cómo la elasticidad (sensibilidad) de la base imponible a los cambios en los tipos del impuesto de la renta se encuentra cerca del 1% en el promedio histórico y bajo diferentes modelos de estimación. Esto significa que una bajada del 1% en la carga fiscal genera un crecimiento de más del 1% de la renta del contribuyente y eso pasados unos meses se convierte en mayor recaudación.
En suma, si bien la preocupación es razonable en torno al efecto de corto plazo sobre el déficit y la deuda invocando lo que ocurrió con la Administración Reagan, no hay que sobreponderar en exceso este factor y más considerando un análisis dinámico de la economía y de las bases imponibles. No podríamos terminar de analizar el impacto económico que tiene esta Reforma Fiscal –el cual podemos resumir en un importante estímulo para el crecimiento económico real de un 0,5% adicional cada año y sobre el empleo en torno a 1,5 y 1,6 millones de puestos de trabajo por año adicionales– sin tener en cuenta una importantísima medida como es la de poner un tipo fijo a la repatriación del ahorro aparcado en las filiales de las multinacionales americanas para evitar la elevada presión fiscal sobre los beneficios consolidados –la suma del tramo federal y el de los Estados asciende hasta la entrada en vigor el 1 de enero de 2018 al 38,91%–. 

Se trata de la “tormenta perfecta” en el sentido positivo de la expresión: repatriación de capitales + rebaja de impuestos + subida de los tipos de interés.

Es, en toda regla, un plan para poner a los motores de la economía de Estados Unidos a pleno rendimiento en los próximos años, máxime cuando su “output gap” es cercano a cero, incluso ligeramente positivo. El riesgo más evidente es que se lleguen a sobrecalentar tanto que puedan terminar “gripando” de aquí a cinco años.


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