No cabe duda de que la posibilidad de expresar las propias ideas sin restricciones, mientras no supongan un ataque directo a la seguridad, a los derechos o a la dignidad de otros, es un requisito fundamental de una sociedad libre. En estos momentos, en que el concepto mismo de libertad es atacado en España con el viejo argumento de que nuestra actual sociedad sólo es libre para quienes tienen medios económicos, no es sorprendente que también la libertad de expresión sea objeto de críticas y se hagan incluso propuestas claras de control de los medios de comunicación.

Muchos ejemplos podrían citarse. Pero baste mencionar la intervención que realizó recientemente en el Congreso de los Diputados el entonces aún vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la que afirmó sin rubor que es preciso crear » dispositivos de control» de los medios de comunicación, porque éstos constituyen «un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente bancos, grandes empresas y fondos buitre». Y que no se debe permitir que estos medios –» a los que no ha votado nadie» – «presionen para que los representantes de la soberanía popular no puedan hacer lo que se han comprometido a hacer». Los textos entrecomillados recogen citas literales, tal como aparecieron en la prensa; y resultan realmente preocupantes, porque suponen una amenaza evidente a todo aquel que se atreva a criticar cualquier decisión del Gobierno o resolución del Parlamento.

Hay muchas razones para defender la libertad de opinión y de imprenta. Pero los economistas utilizamos una que es coherente con nuestra forma característica de entender la realidad social: la existencia de estas libertades tiene unos fundamentos muy similares a los de la economía de mercado. Básicamente, una economía competitiva es superior a una controlada por un monopolista porque ofrece a los consumidores mejores productos a un precio más bajo. Parece que la teoría de que este principio es aplicable también al mundo de las ideas fue formulada por vez primera por el juez Holmes en su voto particular a la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano en el caso Abrams vs. United States (1919). Señalaba Holmes en su argumentación que si alguien no tiene duda alguna sobre la certeza de sus opiniones, es lógico que se enfrente a quienes no están de acuerdo con él. Pero cuando existen opiniones muy diferentes y no podemos tener seguridad plena de que la nuestra sea la correcta, hay que concluir que la mejor fórmula para acercarnos a la verdad es el » libre comercio de ideas», en un marco competitivo.

Más tarde, economistas como Ronald Coase o Aaron Director analizaron la lógica y el funcionamiento del mercado de las ideas. El problema que más les interesaba era determinar por qué tantas personas que se oponen al control de las opiniones por el poder público y consideran que las ideas deben competir libremente entre sí, son, al mismo tiempo, partidarias de que el Estado regule los mercados de bienes y servicios y, en muchos casos, actúe como monopolista. A la mayor parte de los profesores, científicos o escritores les repugna la posibilidad de que exista una censura que les impida defender sus teorías o explicar su forma de entender el mundo. Pero están dispuestos a aceptar que el Estado controle servicios públicos básicos como la educación o la sanidad, o regule la forma en que hay que redactar determinados contratos entre personas o empresas privadas.

Ortodoxia oficial

Es, sin duda, una incongruencia, de la que me temo que la mayoría no será consciente. Pero tenemos que reconocer que tal contradicción no existe en el caso de nuestra izquierda radical; como no se da tampoco en la tradición de los Estados fascistas y comunistas, ya que en ellos el poder público asume el control tanto de la actividad económica como de las ideas que pueden ser expresadas y defendidas en la esfera pública. Puede parecernos una aberración. Pero es coherente atacar simultáneamente a la libertad de imprenta y a la libertad de crear, por ejemplo, centros de enseñanza, porque el objetivo es el mismo: evitar que la gente pueda recibir información que se aparte de la ortodoxia oficial. Se trata, en esencia, de conseguir que las empresas, los periódicos, los colegios o las universidades estén subordinados al poder político. Al igual que se intenta hacer con la administración de justicia o con muchas otras instituciones. Si los ciudadanos españoles ha elegido a los » representantes de la soberanía popular», ¿cómo es posible que haya personas u organismos que » presionen» para que no puedan hacer lo que sus votantes les piden?

Es evidente que ceder a tal razonamiento supondría directamente el fin de la democracia tal como existe en el mundo occidental y como la conocemos en España desde hace cuatro décadas; y su sustitución por otros modelos que añaden a la palabra democracia adjetivos rimbombantes como » popular», » social», » bolivariana», etc. En pocas palabras, supondría directamente el suicidio político y económico de este país.