En España nos sobran los puestos de trabajo. Es lo que ha pensado nuestro gobierno, que apoya con risible entusiasmo la tasa sobre las transacciones financieras.
José Carlos Rodríguez
Quitando que desde que se creó la ciencia hacendística no hay impuesto que no sea ideológico, la llamada tasa Tobin, de la que James Tobin ha abjurado en los términos más incontrovertibles, es el colmo de un impuesto ideológico. La principal ideología detrás de la tasa Tobin, (y delante), es agrandar los ingresos del Estado. Más ideología: la ilusión fiscal según la cual los impuestos los pagan otros y de la recaudación nos beneficiamos nosotros. Son los bancos los que pagan, como si esas tasas no fueran a trasladarlas a los usuarios de los bancos. Y como si los bancos no se hayan beneficiado por el momento con 36.000.000.000 euros en ayudas que ya no van a devolver. Otra veta de la ideología detrás de este impuesto es que los bancos son culpables de la crisis, por exceso o por defecto de crédito o por las dos cosas a la vez, que eso poco importa, y que por eso deben pagar.
Ya escribimos aquí en torno a la tasa sobre las transacciones financieras. Lo que hicimos fue reflejar las conclusiones de un informe del Banco SEB sobre el efecto que tuvo un impuesto de ese cariz en Suecia. Decía el informe: “El volumen de transacciones de bonos cayó un 80 por ciento, y el mercado de opciones desapareció”. Cuando el impuesto recae sobre una actividad que desaparece, su capacidad recaudatoria es descriptible: No se recabaron los 1.500 millones de coronas que esperaban, sino sólo 80 millones de coronas. Basándose en esta experiencia, el SEB cree que “es muy probable que las proyecciones de recaudación por parte de la Comisión Europea sean muy optimistas”.
Pero, sigue la hidra ideológica que anima a la tasa Tobin, uno de los objetivos de la misma es estabilizar los mercados financieros. Seguimos con SEB: No hubo un claro efecto en la volatilidad de los mercados en ningún sentido, y “paradójicamente, las carteras que invierten en bonos de corta duración que son más seguros, resultaron dañados desproporcionadamente por la FTT”. Como señala el banco, “es difícil reconciliar esto con el objetivo de la Comisión Europea de descincentivar las actividades abiertamente arriesgadas”.
Dos en la frente. Va la tercera: El tráfico financiero que absorbía Suecia no desapareció, sino que lo asumió, de muy buena gana, Londres. Con lo cual, todos los ingresos fiscales asociados a esas actividades se pierden, y el efecto neto bien podría ser negativo. En el caso de Suecia muy probablemente, lo fue.
The Foundation for European Reform, un think tank conservador británico crítico con la dirección que está tomando la Unión Europea, ha elaborado un informe, con la colaboración del think tank español Civismo, sobre los efectos que podría tener un impuesto de esta laya sobre el empleo. Una FTT (como se le conoce por sus siglas en inglés), supondría una recaudación del 0,4 por ciento del PIB. Dado que los impuestos sobre el capital suponen el 0,3 por ciento, el resultado sería más que doblar los impuestos sobre el capital. Por otro lado, los propios Estados tendrían que asumir mayores costes derivados de la compraventa de bonos, por lo que con esta metralleta algún que otro disparo acabaría en el pie.
Para calcular la pérdida de empleos, The Foundation for European Reform parte de una tabla imput-output elaborada por la propia Comisión Europea. “En otras palabras”, dicen los redactores del informe, “es posible medir la medida del impacto de la pérdida de producción basándonos en el propio cálculo de la Comisión de que se derivarán ingresos por valor de 34.000 millones de euros de una FTT”.
El resultado es la pérdida en los 27 miembros de la Unión Europea (Croacia no estaba incluida en el cálculo) de 641.000 puestos de trabajo. Alemania perdería 176.000, Francia 125.000, Italia 109.000 y España 81.000. A distancia estarían Bélgica (23.000), Austria (20.000), Grecia (16.000), Portugal (14.000)… Lo que le faltaba a nuestra maltrecha economía. Y a la de Grecia o Portugal. Pues, esta nueva destrucción de empleo llevaría a sus consecuentes pérdidas de ingresos fiscales y aumento de gastos sociales. Pero Mariano Rajoy lo abraza con entusiasmo.
