La aprobación del techo de gasto no financiero abre de nuevo el proceso de aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018, apenas un mes y medio después de haber aprobado los Presupuestos del año en curso 2017. Tanto en el de este año como en los prolegómenos del siguiente, se observa una clara voluntad por parte del Gobierno de llevar a cabo una política fiscal expansiva basada en aumentos del gasto público (el gasto estructural no financiero está creciendo al 2,6 por ciento en términos nominales) y reducciones puntuales de los impuestos, especialmente a las rentas más bajas a base de elevar mínimos exentos y el primer tramo del IRPF sin tocar los tipos marginales.
Esta tendencia de la política fiscal claramente expansiva, convive con numerosos riesgos apenas mitigados por el crecimiento de la recaudación especialmente del IVA que es fuertemente pro-cíclica (ingresos por turismo y consumo cuya recaudación crece homogénea y suavizada al +8,4 por ciento interanual) y del Impuesto de Sociedades (+9,8 por ciento homogéneo interanual), tal como muestra el último Informe de Recaudación Tributaria del mes de mayo. Siendo importante el incumplimiento a lo largo del ciclo de la “regla de gasto”, uno de los riesgos más acuciantes es, sin duda, la situación de la Caja de la Seguridad Social, donde ha habido que hacer un crédito presupuestario de más de 10.000 millones de euros para pagar las pagas extraordinarias de verano de los pensionistas y con ello no dejar vacío el Fondo de Reserva.
En este sentido, la caja de la que se pagan las pensiones ve cómo sale más dinero del que entra. A pesar de los crecimientos de afiliaciones ex–agrícolas y corregidos de estacionalidad en el entorno del 3,8 por ciento (superior a la tasa de crecimiento real del PIB de España), los ingresos por cotizaciones apenas crecen al 1 por ciento mientras el gasto en pensiones se ha acelerado hasta el 3,4 por ciento interanual. Por tanto, es evidente un desfase preocupante que el ciclo no está consiguiendo cerrar y que además ocurre justo en el momento en que se está agotando la reserva anti-cíclica del Fondo de Reserva.
Esta situación que es grave ya de por sí, enfrenta un nuevo riesgo si quiera más grave como es el de romper la Unidad de la Caja de la Seguridad Social y dividirla por regiones. Este riesgo acaba de aparecer en los primeros compases de la negociación de los PGE de 2018 de la mano del PNV, cuyos 5 diputados son vitales para la aprobación de los Presupuestos. Si bien es una vieja reivindicación del Gobierno autonómico vasco, ahora sus parlamentarios en las Cortes piden debatir abiertamente esta posibilidad de la cual sólo se conoce el principio pero cuyas consecuencias a medio y largo plazo pueden ser devastadoras.
En primer lugar, según las últimas cifras de ejecución presupuestaria provisionales y correspondientes al cierre del año entero 2016, una “Caja Vasca” de la Seguridad Social tendría uno de los mayores déficits de las regiones españolas con 3.400 millones de euros de desfase, sólo superada por Andalucía con 6.590 millones de agujero. Esto significa que las pensiones de los vascos no estarían a medio plazo garantizadas con las cotizaciones de hoy allí generadas. Por ello, sería necesario o bien emitir deuda de la nueva Caja vasca o coger superávit de regiones como Cataluña (6.472 millones), Galicia (4.058 millones) o Castilla y León (3.737 millones).
En segundo lugar, dadas las dificultades en materia de financiación autonómica y la “eterna guerra” que las regiones libran entre ellas por captar más recursos para seguir gastando, se haría especialmente complicado el establecimiento de un sistema de compensación territorial para aquellas regiones que no tuvieran suficientes cotizaciones para pagar las pensiones. Esto además envía una señal perversa a los trabajadores, los cuales verían amenazadas las pensiones no sólo las suyas del futuro sino las actuales que pagan a sus ascendientes. ¿Tendría que existir una especie de “FLA” para financiar a las autonomías con mayor déficit?
Por último, tampoco está nada claro que esto sea legal y permitido por Bruselas. Só- lo la enorme confusión que genera para determinar quién cotiza en qué lugar, sería probablemente impedido por la Comisión Europea en aras de evitar una nueva crisis fiscal. Por ejemplo, un trabajador que vive en Logroño (cotización del trabajador) pero cuyo empleo radica en Vitoria (cotización patronal), ¿dónde generaría el derecho a pensión? ¿En el País Vasco o en La Rioja?
En suma, se abren numerosos interrogantes e incertidumbres ante un escenario de negociación de los próximos PGE para 2018. La economía española será testigo de hasta qué precio político estará dispuesto a pagar el Gobierno del presidente Rajoy con tal de mantenerse en el poder, el cual puede ser enormemente elevado, comprometiendo las pensiones del futuro tanto más inmediato como el más lejano.
