Un total de ocho regiones españolas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja) han constituido un Foro de Comunidades por el Cambio Demográfico. Su objetivo es solicitar fondos, tanto a España como a la Unión Europea, con el fin de atajar la despoblación de sus territorios, dado que lo consideran un problema de Estado.

Estas comunidades representan el 62% de la superficie de nuestro país y no reúnen ni a un cuarto de sus habitantes. España presenta una densidad de población muy descompensada. Ésta se concentra en el litoral y el centro neurálgico de la capital, mientras que las regiones interiores languidecen y parecen abocadas al declive econó- mico. Evitar la despoblación es esencial para que una región tenga futuro: los que emigran son los jóvenes.

Vistos los datos demográficos, se aprecia que la situación econó- mica está en el origen del problema. Las comunidades con menos personas por kilómetro cuadrado son también las que más habitantes pierden en favor de otras regiones más atractivas por su mayor número de oportunidades laborales.

Así, Madrid, la más poblada, es también la que, según el INE, tuvo un saldo migratorio interautonómico más positivo en el primer semestre del 2015, al ganar 11.100 habitantes procedentes de otras regiones. También sumaron residentes las ya densamente pobladas Baleares, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia.

En el otro extremo de la tabla, de las que más emigrantes salieron fueron las dos Castillas, ambas con alrededor de 4.500 personas menos, y que apenas cuentan con 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Para no quedar convertidas en un páramo, estas regiones deberían replantearse su sistema productivo, de modo que la población tenga posibilidades de quedarse en su tierra natal y generar allí riqueza. Hoy con el teletrabajo hay soluciones que debieran impulsarse desde las empresas.

Llama la atención que Madrid atrae nueve veces más trabajadores en función de su número de ocupados que Cataluña. Quizá la explicación reside en la inseguridad jurídica y económica que conlleva la situación política catalana.

No se puede esperar que el Estado central y la Unión Europea resuelvan un problema estructural a golpe de talonario, como reclama el citado Foro por el Cambio Demográfico. Los problemas es mejor resolverlos ‘in situ’, en lugar de mediante subvenciones pagadas por otros.