Habemus renta mínima. Finalmente, tras una intensa discusión en el seno de la coalición que conforman PSOE y Podemos, el Gobierno aprobará en mayo las bases legales del futuro “Ingreso Mínimo Vital”, una nueva prestación pública destinada a las familias más vulnerables. Aunque, a priori, muchos piensen que se trata de una finalidad loable y justificada para solventar las dificultades económicas derivadas de la crisis del coronavirus, lo cierto es que es una nueva trampa de la izquierda para tratar de perpetuarse en el poder mediante la creación de una amplia red clientelar, cuyas consecuencias serán nefastas para el conjunto de la economía española.

¿Quién lo dice? El propio Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzó en una reciente entrevista que el modelo económico y social a seguir es el de Argentina, un país otrora rico que hoy va camino del Tercer Mundo y cuyo sistema consiste, básicamente, en subsidiar a más de la mitad de la población a costa de expoliar fiscalmente a la menguante estructura productiva que sobrevive a duras penas. Esta particular red de asistencia social, que es sobre la que se asienta el llamado “justicialismo”, es lo que ha permitido la consolidación del peronismo, en sus distintas vertientes, desde hace casi 80 años.

De hecho, este modelo no se distancia demasiado del que rige en alguno de los grandes feudos autonómicos del PSOE, como es el caso de Extremadura, Asturias o, hasta hace poco, Andalucía. La diferencia ahora es que el Gobierno pretende extenderlo a toda España, arguyendo como excusa la histórica crisis económica que causará la nefasta gestión del coronavirus. La idea inicial radica en poner en marcha una nueva prestación para personas cuyos ingresos no alcancen un determinado umbral mínimo.

Este subsidio será, además, de carácter permanente, de modo que nada tiene que ver con la actual situación de emergencia económica, y será complementario a las rentas mínimas de inserción que aplican las comunidades autónomas desde hace lustros. Así pues, no sustituirá al resto de ayudas existentes, sino que, más bien, contribuirá a elevar su cuantía y a ampliar la población potencialmente beneficiaria.

El objetivo declarado del Ejecutivo es que la citada prestación llegue a un millón de hogares, el equivalente a 3 millones de personas -y potenciales votantes- que, entre otras cosas, podrán compatibilizar estas rentas públicas de forma temporal con la percepción de un trabajo remunerado. Y, aunque la Seguridad Social será la encargada de gestionar esta prestación, su financiación procederá de la recaudación de impuestos, vía Presupuestos Generales del Estado.

Las principales razones para rechazar de plano su implantación son tres:

Innecesaria

La primera y más importante es que resulta innecesaria, puesto que España ya cuenta con un amplio y variado sistema de rentas mínimas a nivel autonómico. Sin entrar en la eficacia o no de esta red, lo cierto es que los Gobiernos regionales destinan cada año cerca de 1.500 millones de euros a la provisión de subsidios para familias vulnerables que han agotado o no tienen derecho a prestación de paro. Los beneficiarios suman una media de 680.000 personas, con una renta mensual de 463 euros, si bien tanto la cuantía percibida como las condiciones de acceso varían en función de cada comunidad.2

Dudosa sostenibilidad financiera

La segunda razón tiene que ver con su más que dudosa sostenibilidad financiera. Una cosa es que esta prestación sustituya a las existentes a nivel regional, tal y como en su día planteó la Airef, y otra muy distinta que las extienda y complemente, disparando con ello su coste presupuestario. Si se toma como referencia el último programa electoral de Podemos, este nuevo Ingreso Mínimo ascendería a 600 euros al mes de media y hasta un máximo de 1.200 euros en función del tamaño del hogar. La factura total para las arcas públicas, por tanto, podría oscilar entre 7.000 y 14.400 millones de euros adicionales al año, según las estimaciones realizadas por el think tank Civismo. Es decir, hasta diez veces más que el gasto que destinan hoy las autonomías a sus rentas mínimas.

Semejante volumen de dinero ya era difícilmente asumible en el escenario previo al brote del coronavirus, después de cerrar el pasado año con un déficit público del 2,8% y una deuda del 95,5% del PIB, pero ahora, en medio de la mayor crisis económica desde la Guerra Civil, este dispendio resulta difícilmente sostenible desde el punto de vista financiero. De hecho, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha advertido de que esta partida se financiará con nuevas emisiones de deuda. España corre el grave riesgo de sufrir una nueva crisis soberana, similar e incluso peor a la registrada entre 2010 y 2012. No es momento de añadir gasolina al fuego. La frágil solvencia que presenta el Estado y el fuerte aumento que, como mínimo, experimentará la deuda en 2020 y 2021 podrían condenar a España al rescate o a la quiebra.3

Un sistema clientelar

Y el tercer gran motivo para rechazar su aprobación es que, en el fondo, su diseño no persigue, en ningún caso, el auxilio de las familias más pobres, dado que ya existen prestaciones destinadas a tal fin, sino la implantación de un amplio sistema clientelar para generar votantes cautivos, a imagen y semejanza del modelo peronista. Cuanto más se aproxime este ingreso mínimo al sueldo que podrían percibir sus beneficiarios en el mercado, menores incentivos tendrán estos para buscar empleo y salir así del círculo vicioso de la pobreza y la marginalidad.

Así pues, en última instancia, muchos de estos hogares optarán por mantener el subsidio y, como mucho, trabajar en el mercado negro a cambio de su voto, con la consiguiente cronificación del paro. En lugar de flexibilizar el mercado laboral e impulsar la búsqueda activa de empleo, el Gobierno pretende aprovechar esta crisis para que un ejército de parados responda a sus intereses partidistas. Dinero a cambio de votos, la receta populista para que España, paso a paso, se convierta en la Argentina de Europa.