17
mar
Europa Press

La recaudación fiscal proveniente de la tasa sobre el juego no ha experimentado un crecimiento del 3% en el periodo comprendido entre 2013 y 2019, hasta alcanzar los 1.075 millones de euros.

Así lo pone de relieve un estudio de Fundación Civismo, donde la autora, María Crespo, defiende que «el establecimiento de tributos como medida regulatoria resulta ineficaz, por tratarse de un bien de demanda inelástica». «Por muy alto que se ponga el tipo de gravamen, el usuario no disminuye su gasto en estas actividades lúdicas», sostiene.

Por regiones, Cataluña recauda el 20,8% del total nacional (más de 225 millones en 2019), seguida de la Comunidad Valenciana, 158 millones de euros (14,7% del total); Andalucía, 157 millones (14%), y la Comunidad de Madrid, 148 millones (13,5%).

Por otro lado, si se analizan las provincias en las que se recaudan volúmenes más significativos, destacan Málaga y Sevilla en Andalucía, y Valencia y Alicante, que recaudan el 90% de los tributos regionales de la Comunidad Valenciana.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la Fundación Civismo señala como «más efectivas» otras medidas como las que se adoptaron durante el primer estado de alarma. Es el caso del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que restringía la publicidad y la promoción de juegos de azar y que tuvo un especial impacto en el sector del juego online, que representa el 50% del total del mercado.

Según detalla Crespo, el gasto real en juego en España equivale a más de 9.870 millones de euros anuales, es decir, a un 0,8% del PIB, según los últimos datos de 2018. Respecto a la contribución del online al margen de juego (GGR) por modalidad, esta se cifró en más de 747 millones en 2019, tras experimentar un aumento del 6,95% respecto a 2018.

«La intervención del sector público debería limitarse al establecimiento de los tributos correspondientes como consecuencia del incremento de la capacidad económica derivada de las ganancias del juego, mediante un impuesto que grave esta plusvalía, y no mediante un impuesto sobre el consumo», defiende Crespo.


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