Uno de los rasgos persistentes de la historia política española desde la restauración de la democracia es que los Gobiernos socialistas heredan siempre una situación económica mucho mejor de la que legaron. Así sucedió en 2004 y así ha vuelto a ocurrir en 2018. El Gabinete del PSOE recibe una economía en su quinto año de expansión, con tasas de crecimiento y de generación de empleo superiores a la media de la eurozona y, a priori, con la inercia suficiente para mantener un incremento del PIB vigoroso este año y el próximo si no se cometen errores de acción. Los de omisión solo comenzarán a pasar factura a partir de 2020, salvo que se produzca alguna perturbación interna o externa significativa. Sin embargo, ese panorama rosáceo se enfrenta a un primer y serio obstáculo: el cumplimiento del objetivo de déficit el año próximo.

Si se acepta que las administraciones públicas cerrarán el presente ejercicio con un desequilibrio de sus finanzas del 2,2% del PIB, cuestión dudosa, deberán reducirlo hasta el 1,3% del PIB en 2019, lo que supone una disminución de 0,9 puntos. Ello supone un recorte de unos 6.500 millones de euros en términos de déficit estructural y de 14.000 millones largos en términos nominales. Esta tarea deberá ser abordada con un nuevo Presupuesto o con una prórroga del vigente que deberá incluir medidas adicionales, bien de reducción del gasto público, o de aumento de los impuestos para alcanzar la meta pactada con la Comisión Europea.

En paralelo, la consecución del objetivo de déficit se complica con la decisión del Gobierno de eliminar los copagos farmacéuticos, acabar con los peajes y otras iniciativas que suponen un aumento del gasto público de unos 2.500 millones de euros. Si a eso se suma el compromiso de consolidar la indiciación de las pensiones a la evolución del IPC, el cuadro presupuestario presenta un perfil claramente desequilibrado con el riesgo evidente de no salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, lo que sería una pésima señal para los agentes económicos y para los mercados.

Pero ahí no termina la historia…

Según parece, alguna entidad financiera, léase el Banco de Sabadell, pretende ejecutar su Esquema de Protección de Activos, que en el caso de esa institución supondría alrededor de 3.200 millones de euros. La importancia de este movimiento es clara en tanto la ejecución de la EPA se traduciría de manera directa en más déficit público, lo que supondría un problema más para mantener la senda de reducción del desequilibrio financiero de la Administración. Por otra parte, la pretensión del Sabadell, de materializarse, podría incentivar a que otros bancos hiciesen lo mismo. En otras palabras, la senda de consolidación presupuestaria, ya comprometida en el último proyecto del PP, puede saltar en pedazos.

Ante esta situación, el Gobierno tiene cuatro opciones: primera, pactar con Europa una ralentización del proceso de reducción del déficit; segunda, disminuir otras partidas de gasto; tercera, subir los impuestos, y cuarta, realizar una combinación de esas dos últimas posibilidades. Parece difícil que la UE permita o acepte una elevación del objetivo de déficit para los próximos ejercicios, entre otras cosas porque el incremento de los desembolsos del sector público realizados antes por el PP y ahora por el PSOE tienen carácter estructural y, por tanto, no solo impiden ajustar el desequilibrio de las cuentas públicas en el corto plazo sino que pueden dispararlo cuando el ciclo se debilite, lo que antes o después sucederá.

Por lo que se refiere a una potencial subida de impuestos, la estructura tributaria vigente ya impone una carga muy onerosa para las familias y para las empresas. La capacidad recaudatoria de la fiscalidad verde o digital, el establecimiento de una tributación mínima a escala nacional de la imposición sobre el patrimonio, las sucesiones o las donaciones e incluso la subida de la que recae sobre las rentas del capital no producirían los ingresos suficientes para cubrir el crecimiento del gasto proyectado. En consecuencia, su financiación exigiría elevar los impuestos con mayor capacidad recaudatoria: IVA, Renta y Sociedades. Esto golpearía el consumo y la inversión privada con efectos negativos sobre el crecimiento de la economía y, por tanto, de la propia recaudación.

Por añadidura, la previsible normalización de la política monetaria en 2019 dificultará aún más la disminución del déficit público. A pesar de la compra de deuda española por parte del BCE y de la existencia de unos tipos de interés reales negativos, la carga de los intereses del servicio de la deuda en el Presupuesto español es la mayor de la eurozona. Esto significa que una menor adquisición de papel del Estado por el instituto monetario europeo tendrá per se un impacto alcista sobre el gasto en esa variable, acompañado de un incremento suplementario de la prima de riesgo si el mercado considera que el Ejecutivo ha aparcado la estrategia de recorte del déficit.

En este contexto, el rosado escenario en el que, de momento, está situado el Gobierno socialista tiene serias probabilidades de deteriorarse con relativa rapidez y tener un efecto negativo, mayor del esperado, sobre la economía nacional.

Esto refleja un conflicto siempre latente en la política fiscal-presupuestaria del socialismo patrio: la incompatibilidad cernudiana entre la realidad y el deseo.

El PP ha dejado al PSOE una excelente herencia económica pero no presupuestaria. No existe margen de maniobra para gastar más y tampoco para subir impuestos sin producir un grave quebranto de la actividad económica. La idea de que se acabó la necesidad de proseguir el ajuste fue y es un espejismo. A ver cómo se lo explica Pedro Sánchez a sus votantes y a sus aliados.