17
sep
Expansión

Uno de los temas que despiertan más controversia entre los economistas, y que resulta más sensible para la opinión pública, es el de los salarios. Esta semana, el INE publicó el Índice de Coste Laboral Armonizado, que mide la variación del coste laboral por hora trabajada; y ayer, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Ambas estadísticas apuntan en la misma dirección: los salarios suben de forma moderada. Durante el segundo trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2015, aumentaron un 1%, en la serie corregida de efectos de calendario y estacionalidad.

Si a este crecimiento de los salarios monetarios unimos una caída, durante ese periodo, del 1% en los precios de los bienes de consumo, se puede concluir que, de media, el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores en esos doce meses fue del 2%. Este aumento de los sueldos reales, unido al del empleo, está haciendo crecer el consumo y, por tanto, los precios. De ahí que la inflación subyacente, que es la que mide la variación de los precios de los bienes y servicios más estables (alimentos elaborados, bienes industriales no energéticos y servicios) haya mantenido una suave senda ascendente desde comienzos del 2015.

Este ligero aumento de los costes salariales está resultando compatible con el mantenimiento de la competitividad de la economía española. La variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que es el indicador que se utiliza para comparar la inflación de los diferentes países de la Unión Económica y Monetaria (UEM), muestra que el diferencial de inflación de España con la media de la UEM (nuestro principal competidor) sigue siendo negativo, lo que favorece la competitividad de nuestras empresas. Ya son tres los años en los que ese diferencial juega a nuestro favor. Y esto nos permite aumentar nuestras exportaciones a ritmos más rápidos que los de nuestros socios. Estas mayores ventas están generando, a su vez, más producción y empleo, lo que también incentiva el consumo.

La salida de la crisis

Conviene recordar que, en 2008, al comienzo de esta crisis, la mayoría de los economistas sostenían que los salarios reales eran demasiado elevados con respecto a la productividad. Ello se debía a que, durante la última expansión, los costes laborales por unidad producida se desviaron al alza en torno a un 20% en comparación a la media de la zona del euro. ¿Qué efectos tuvieron esos sueldos tan altos en una economía abierta? En primer lugar, aumentos de costes, que provocaron un incremento de precios que redujo nuestras exportaciones. En segundo lugar, crecieron las importaciones, lo que originó un elevado déficit exterior y, como consecuencia, un fuerte endeudamiento con el resto del mundo.

La crisis, de la que esta semana se cumplen ocho años, motivó una caída de la producción y, por tanto, una elevada diferencia entre la oferta y demanda de trabajo, o lo que es lo mismo, un elevadísimo nivel de desempleo. La tasa de paro alcanzó el 27% (más de 6 millones de personas).  

España, sin capacidad de devaluar su moneda, tuvo que practicar una devaluación interna para salir de la crisis, que pasó necesariamente por reducir costes empresariales (también los laborales), rompiendo la resistencia que siempre había existido a bajar salarios. Y eso fue positivo, porque esa rigidez es una de las causas que hacen más difícil atajar el desempleo. En cambio, la política de salarios flexibles favoreció el empleo y la recuperación de la economía, que siguen siendo objetivos prioritarios. Desde su cota más alta (6,3 millones de desempleados), el paro se ha ido reduciendo hasta los 4,6 millones de personas.

En definitiva, gracias a la reforma laboral y a otras reformas estructurales, la economía española inició hace tres años una recuperación que se debería mantener en el tiempo si se quiere seguir creciendo y poniendo coto al desempleo.

Las exportaciones continúan siendo un soporte vital para este crecimiento, pero no son las únicas. Desde hace varios trimestres, sorprende la rapidez con la que se han activado la inversión y el consumo privados. Sin embargo, al no haberse completado el programa de reformas y los procesos de ajuste del mercado laboral, de la vivienda y del sector público, la economía puede quedar en una situación vulnerable, poniendo en peligro un crecimiento económico equilibrado en el largo plazo.

Situación que se agravaría si se llegase a formar en España un gobierno populista que aboliese la reforma laboral y se volviesen a fijar los salarios únicamente a través de convenios sectoriales y provinciales. Esto produciría una erosión de la competitividad, que necesariamente reduciría el tejido empresarial y el empleo. Por tanto, en la dura realidad que nos ha tocado vivir, se debe evitar una subida desproporcionada de los sueldos, porque lo único que se conseguiría es aumentar el todavía elevado nivel de paro.

No está de más recordar que España sigue siendo un país deudor, y que sólo podremos achicar esa deuda si somos capaces de exportar al resto del mundo. Únicamente desde esa perspectiva de aumento de las exportaciones y del empleo se puede justificar la moderación de las retribuciones. Los trabajadores y la opinión pública tienen que ser conscientes de que las rebajas salariales que se han aplicado estos años atrás no han hecho más que compensar las subidas que se realizaron en la fase expansiva del ciclo, por encima de la productividad. Es decir, se trata de desandar un mal camino que emprendimos durante los años locos de la última expansión. Afortunadamente, el proceso de ajuste del mercado de trabajo está avanzando y, ahora, los salarios han empezado a subir.

Un futuro incierto

Sin embargo, no debemos bajar la guardia, porque el entorno económico mundial sigue siendo débil; con este año ya van cinco en los que el crecimiento global estaría por debajo de la media de su tendencia a largo plazo. Eso puede afectar negativamente a las exportaciones españolas. Si a ello se une un aumento de la incertidumbre sobre el futuro político de nuestro país, se puede concluir que la tendencia será de un menor crecimiento de la economía y del empleo.

Datos de reciente publicación, como el Índice de Producción Industrial y el de cotizantes a la Seguridad Social, señalan que la actividad económica se ralentiza. Los inversores y los empresarios comienzan a mostrar desconfianza por las leyes que podría llegar a implantar el nuevo Gobierno de España, lo que les lleva a reducir sus inversiones y sus planes de expansión. Esto podría revisar a la baja las predicciones de crecimiento económico de nuestro país.

Por tanto y en definitiva, mientras las cifras de paro y de déficit público sigan tan altas, la moderación salarial (tanto en el sector público como en el privado) deberá seguir presidiendo las relaciones laborales. 


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