El Parlamento foral ha aprobado la ley de Contratos de Navarra, que incluye el requisito del “plan de euskera de formación” a los trabajadores de las empresas subcontratadas. Expongo las consecuencias económicas del chantaje que implica la medida. Esta ley, aunque expresa de modo amable la condición: “si el contrato exige un servicio de atención al público”, en realidad esconde que se podrá exigir el euskera casi siempre, porque todas las labores del sector público están expuestas a que alguien pregunte algo en euskera.
También en Cataluña empezaron de modo suave con una ley para usar el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. A continuación, se creó la Agencia Catalana del Consumo, organismo que puso en marcha una “policía patriótica” que multa con cerca de mil euros a cada ‘traidor’ que utiliza el castellano. Lo que en su inicio era una amable insinuación se convirtió pronto en una exigencia ejercida con la violencia de una sanción. Hoy la ley foral tiene una formulación ambigua, pero el reglamento que vendrá a continuación será tan obligatorio como punitivo. ¡Prepárense!
Siempre hay algún ingenuo que piense que la medida es una barrera para que las subcontratas las ganen compañías de casa, porque las de fuera carecen de vascoparlantes. Sin embargo, lo que en realidad sucede el que los penalizados son esa inmensa mayoría de navarros que no saben euskera y que no serán nunca seleccionados para los trabajos que la Administración externalice. Además, está el axioma inexorable: toda barrera proteccionista que impide la entrada de competencia foránea se transforma inevitablemente en barrera de salida a las empresas propias al exterior.
La ley hará que los sectores que casi solo trabajan para sector público tengan forzosamente que cumplir el “plan de euskera”. Esto supondrá que dar servicios en Navarra tendrá un sobrecoste, lo que perjudicará los concursos, porque lo tendrán que imputar al precio de su oferta.
Otro efecto perverso es que si se exige euskera en un proceso de selección el número de aspirantes se reduce drásticamente. Esto implica que, por pura probabilidad, los mejores profesionales no sean los seleccionados. Que un candidato sepa euskera no garantiza que su competencia específica para la función a desempeñar sea la óptima, sino lo contrario: un portillo que permite que el que sabe euskera esté privilegiado por encima de la idoneidad del perfil del puesto.
Cuando una persona necesita una operación cardiovascular avanzada, le importa más la buena práctica del cirujano que si éste habla euskera. Esta grave injusticia ha ocasionado que el Instituto Balear de Salud no haya podido cubrir las convocatorias de especialistas porque quienes no tuvieran el nivel B2 (catalán avanzado) no podían presentarse. Esta situación recuerda la Oferta de Empleo Público para profesores del Ejecutivo foral. Aunque anulada esta OPE por el TSJN y el Tribunal Supremo, el Gobierno la quiere mantener gastando nuestro dinero recurriendo al Tribunal Constitucional.
Por último, la imagen de Navarra se ha deteriorado porque el ridículo exhibido conlleva una pérdida de reputación, algo que no sale gratis, porque se traduce en inseguridad jurídica. Esta incertidumbre ahuyenta a los inversores tanto como tener los impuestos más altos. Sorprende que la mayoría de quienes aprueban la ley no formen parte del 6,9% de navarros que la utilizan el euskera habitualmente. Lo lógico sería que esos políticos cumplieran primero lo que exigen a los demás para acceder a empleos, a menudo de escasa cualificación. La conclusión es que la norma supone una erosión más de nuestra libertad personal, lo que está llevando a preferir callarse a significarse.
