16
nov
El Mundo

Se cumplen cinco años de la entrada en vigor de Ley de transparencia. Su objetivo era atajar la corrupción y facilitar información sobre el uso del dinero público. Cinco años más tarde lo más que se puede decir de esa ley es que la administración, y los que las gobiernan, han desarrollado un sistema cada vez más sofisticado de esconder a la opinión pública que hacen con el dinero resultante de nuestros impuestos. No es poca cosa saber que se hace con nuestro dinero. El think tank Civismo en su informe sobre el Día de la Liberación fiscal 2019 afirma que los españoles trabajamos para pagar impuestos 178 días en 2018, o lo que es lo mismo hasta el pasado 27 de junio, llevamos poco más de cuatro meses siendo receptores del fruto de nuestro trabajo.

El destino del dinero público parece preocuparnos poco. Es curioso, uno es capaz de estar pendiente de la cotización de sus acciones o de sus ahorros casi diariamente y en cambio presta poca atención a lo que hacen con su dinero ganado durante medio año. No es muy transparente que tengamos un ex gobierno autonómico condenado por malversación, alguien entre los condenados y sus arrabales ideó como alterarse la ley de la transparencia, poder delinquir y usar dinero para fines europeos como los que tenían los políticos condenados.

La izquierda tiene patente en el tema de la transparencia, el imaginario popular cree que la derecha es maniobrera y opaca y la izquierda es transparente. Pero ¿es realmente así? Parece que no. Si podemos considerar, nunca mejor dicho, al gobierno municipal de Barcelona, de izquierdas, cuando uno visita el área de transparencia de la web municipal, si seguimos los tópicos establecidos calificaremos a Colau como muy de derechas. Los últimos apuntes, dejando aparte el proyecto de presupuesto para 2020, que es un dinero aún no gastado, son de 2018.

El área metropolitana le va a la zaga. Los organismos de segundo nivel como consells comarcals o diputaciones ya son de por si menos transparentes, y sus portales a están al mismo nivel. El área de transparencia de la AMB, dirigida por la ex diputada republicana, Gema Calvet, cuando quieres entrar sencillamente no está operativo. Los últimos datos sobre, por ejemplo, convenios, son de 2018. La gente no lo sabe, pero una vez al año, los ayuntamientos aprueban su cuenta general, y los días previos todas las cuentas municipales deben estar expuestas al público para que cualquiera pueda ir allí y revisar el coste de una obra o la visa de un alto cargo.

Nadie en la administración se toma un gran interés en publicitar esa posibilidad y nadie acude a ver ese montonazo de archivos informáticos y papeles. Seguramente tenemos tanto trabajo o bien buscando trabajo o bien trabajando para pagar impuestos que no nos queda tiempo ni interés en saber en detalle cómo se gasta nuestro dinero. Los presupuestos participativos y los referéndums sobre temas de detalle municipal son humo que esconden la realidad. Cinco años después de la aprobación de una ley destinada a que la administración tenga paredes de cristal, las paredes siguen siendo opacas, quizás más opacas que en el pasado.


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