El viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, cuya entrada en vigor se produjo al día siguiente. El texto, que comprende 81 artículos, supone una nueva normativa para la recuperación de la laguna del Mar Menor en aras del bien común y en un intento por preservar esa joya natural.

Mucho se ha hablado de si las medidas adoptadas en el señalado decreto son las acertadas, pero no tanto acerca de la metanarrativa a la que acompaña. Lo más crucial, a mi juicio, es esa continua apelación al bien común (de los murcianos, eminentemente, en el caso que nos ocupa). El bien común puede entenderse como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos de una comunidad; esas condiciones generales que son una ventaja para todos, como señala John Rawls. Como resulta evidente, en el decreto, así como en la amplísima mayoría de casos, nunca llueve a gusto de (absolutamente) todos, lo que explica por qué los agricultores han alzado la voz contra la normativa, lo que pone de manifiesto que alcanzar dicha meta justifique el sacrificio de intereses menores (si puede calificarse así maniatar la huerta de Europa).

Es precisamente este aspecto, inherente a la consecución de cualquier bien común, el que plantea las mayores incógnitas llegando a resultar preocupante. Como señaló Popper en La sociedad abierta y sus enemigos (1945), la percepción del bien común requiere un telos, como fin al que la sociedad debe aspirar, pero también exige un gobierno fuerte que se centre en los intereses de la comunidad o sociedad en su conjunto y se abstraiga de intereses individuales. De lo contrario, como argumenta Maritain en ‘La persona y el bien común’ (1948), el fin de la sociedad “sería el bien individual, o la colección de los bienes individuales de cada una de las personas que la constituyen (…) destruyendo la sociedad como tal en beneficio de las partes”.

Esto, que puede parecer lógico, encierra tres problemas para los que existe difícil solución en las democracias liberales como la nuestra. En primer lugar, la disolución del individuo en el todo de la comunidad ante la imposibilidad por parte de los gobernantes de satisfacer todos los intereses casa pobremente con la defensa de la libertad individual de la que nos prodigamos en Occidente. Pero, además, el bien común plantea dos tentaciones para los gobernantes. Por un lado, la perversión de la propia naturaleza del bien común bajo cuya apariencia se favorecen intereses de las partes (y también, por supuesto, partidistas). Y, por otro, el proceso por el que se llega a la meta señalada puede resultar en ocasiones (y resulta) del todo antiliberal, con una intromisión injustificable en la propiedad privada y la libertad individual. En definitiva, el decreto ha puesto de relieve cómo la definición y consecución del bien común no es tarea fácil. En este caso particular, esta última defensa de la laguna murciana abre otra más compleja si cabe; la del bien común.