23
ago

Según puso de manifiesto la Fundación Civismo allá por marzo de 2022, pareciera ser que el Gobierno está empeñado en hacer poco –o mejor dicho, nada– para que la tasa de inflación baje. Esto mismo puede ser reafirmado ahora, y con más contundencia. El Consejo de Ministros sigue pretendiendo batir récords, en especial, en lo que a la inflación se refiere. Se propone firmemente superarse día tras día, y ciertamente lo está consiguiendo.

Según puede apreciarse en el gráfico que se recoge a continuación, la variación anual del IPC (Índice de Precios al Consumo) se ha disparado desde que comenzó el pasado año. Así, de una época de ligero –o incluso nulo– crecimiento de los precios, estos no han dejado de subir de forma desorbitada a lo largo de 2021 y en lo que llevamos de 2022.

Si esta tendencia al alza continúa, a los españoles les resultará cada vez más difícil llevar una vida acomodada y todavía mucho más grave: ver satisfechas sus necesidades más básicas de consumo. Así, a las familias con rentas medias y bajas les resultará –ciertamente– complicado mantener el nivel de vida que hasta ahora han podido llevar, pasando así a tener que sobrevivir como mejor puedan, y esto último si es que acaso pueden hacerlo porque la cesta de la compra es cada vez más inaccesible.

Un crecimiento de la inflación de estas magnitudes tendría que ir acompañado de una subida proporcional de los sueldos que perciben los trabajadores. Sin embargo, esto no está pasando. Las percepciones salariales no aumentan –ni de lejos– al ritmo al que lo hacen los precios.

De hecho, si acaso los salarios están subiendo no es por el funcionamiento normal de la economía, sino por la imposición del legislador a través de instrumentos como el SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Esta cerrazón del poder público por intervenir y regular el mercado no es –pues– el acorde al comportamiento natural que mostraría la economía. Realmente es un peligro forzar el mercado, puesto que las externalidades de ello pueden ser muy negativas.

Sin embargo, no es la regulación del mercado lo que se pretende juzgar aquí y ahora. Es esta una llamada de atención al poder ejecutivo para que sea consciente de lo siguiente: a los ciudadanos cada vez les resulta más difícil –o casi imposible– hacer frente a los gastos que –de forma inevitable– se les presentan mensualmente.

Como ya sabemos, la recaudación de los impuestos indirectos como el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), aumenta a medida que el precio de los bienes y servicios que gravan también incrementa. Es este sentido el principal beneficiario de la inflación es el Estado puesto que esta hace que aumenten los ingresos públicos.

¿Es quizá esto último lo que explica que el Gobierno haga bien poco ­–o nada– por evitar que la inflación esté por las nubes? Tal vez –mejor dicho, seguro– sea una buena política reducir las tarifas de estos impuestos indirectos para dejar de asfixiar a los españoles. Pero parece ser que nuestro presidente Pedro Sánchez no tiene en cuenta las dificultadas económicas que está sufriendo España y opta por ahogar en impuestos a sus ciudadanos. Y esto no es de extrañar. No hay que olvidar que Sánchez se ha comprometido en subvencionar a 22 ministerios y hacer frente a un altísimo gasto público que solo en subvenciones en el primer trimestre de este año ha ascendido a más de 17 mil millones de euros. ¿Hasta cuándo continuará esta situación? La tendencia parece indicar que el pico seguirá aumentando. Y ante este panorama, la alternativa radica en esperar a que el Gobierno recapacite y, en virtud de ello, rectifique.


Deja un comentario