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dic
Expansión

La semana pasada supimos que el gobierno está considerando utilizar de nuevo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –popularmente conocido como “la hucha”– para obtener el dinero necesario para pagar la extra de navidad de los pensionistas. Como es habitual, cada vez que ocurre algo similar, hay quien se rasga las vestiduras y acusa a la actual Administración de estar gastando un dinero que deberían servir para garantizar la solvencia de nuestro renqueante sistema de pensiones; pensando, seguramente, que las prestaciones que percibirán los jubilados en el futuro dependerán, en buena medida, de los recursos de los que disponga esta entidad.

Siempre me ha sorprendido el hecho de que tantos españoles hayan depositado su confianza en este fondo, y no se den cuenta de que el problema al que nos enfrentamos – que es muy grave ciertamente- tiene poco que ver con la forma en la que se obtienen unos recursos determinados en un momento concreto. Más claramente, si cualquiera de nosotros está gastando cada año más de lo que ingresa, da lo mismo que saque esa diferencia de su cuenta del banco hasta dejarla en cero o que conserve el dinero en dicha cuenta y se financie con préstamos durante algún tiempo. El problema no es el sitio de donde sacamos el dinero para este mes, sino el hecho de que estamos gastando más de lo que ingresamos; y, si no dejamos de hacerlo, más tarde o más temprano, estaremos en quiebra. Y esto es lo que ocurre con nuestra Seguridad Social, ante cuyo futuro resulta muy difícil ser optimista, tengamos hucha o no.

El fondo se generó mientras los ingresos por cotizaciones sociales eran mayores que el gasto por prestaciones; y llegó a superar la cifra de 66.000 millones de euros en 2011, cantidad elevada, sin duda, pero que sólo cubriría, aproximadamente, las prestaciones de seis meses, en las cifras de gasto actual. Sin embargo, a partir del año 2011, el gasto de la seguridad social ha sido, de forma regular, superior a sus ingresos. Y la recuperación del empleo que ha tenido lugar en los últimos años no ha sido suficiente para volver a equilibrar las cuentas. La previsión para 2017 es de un déficit de aproximadamente 12.000 millones de euros. Y el dinero tiene que salir de alguna parte; de más impuestos, de mayor endeudamiento, de una reducción del fondo de reserva o de una combinación de estas estrategias.

Como es bien sabido, el problema más importante que plantea un sistema de pensiones como el nuestro, basado en el principio del reparto y no en la capitalización, es que las cuentas no salen cuando las tasas de fecundidad son bajas y la población envejece, que es exactamente lo que está sucediendo en nuestro país. Y las esperanzas que en su día se pusieron en la inmigración como fuente de cotizantes a la Seguridad Social se debilitaron tan pronto como se comprobó que lo que haría falta para apuntalar el sistema no sería una fuerte entrada de inmigrantes en un momento determinado, sino un flujo sostenido en el tiempo, que difícilmente podría mantenerse.

Los cambios que está experimentando nuestro modelo de pensiones desde la firma del famoso pacto de Toledo no muestran, como gusta decir a muchos políticos, la capacidad del sistema para adaptarse a nuevas situaciones y garantizar las prestaciones futuras. Lo que realmente indican es su falta de viabilidad y la necesidad de modificarlo para que pueda sobrevivir. Porque decir que una parte de las pensiones se pagarán elevando los impuestos –lo que, sin duda va a ocurrir tarde o temprano– no es garantizar el funcionamiento del modelo, sino financiarlo desde fuera, porque sus propios recursos son insuficientes. Por otra parte, habrá que hacer también reformas en el gasto y reconocer que el valor real de las pensiones va a caer en los próximos años. Y son muchas las formas de reducir este gasto. Por mencionar sólo una de ellas, en la mente de todos: manténgase la tasa de revalorización en el 0,25% con una inflación que oscile, por ejemplo, entre el 1,5% y el 2% –el objetivo del Banco Central Europeo– y en unos años habremos reducido las prestaciones de forma sustancial. Además, todo indica que los períodos de cotización van a aumentar y los años que se tomen en cuenta para el cálculo de las pensiones van a crecer, reduciendo así las cantidades a percibir por la mayor parte de los jubilados. A esto se le puede llamar “estrategias para garantizar la viabilidad del sistema de reparto”. Pero me parece que la mayor parte de los pensionistas españoles utilizarán términos bastante más duros cuando se refieran a tal ajuste. Y, claramente, frente a este problema, el saldo del Fondo de Reserva es una cuestión que tiene muy poca relevancia. 


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