Una vez superados los riesgos de la incertidumbre política, llega la hora de impulsar y facilitar la labor diaria de empresarios y empresas. Una economía es competitiva en la medida en la que lo son sus empresas porque sólo los empresarios y las empresas crean empleo. Son las empresas las que canalizan el potencial de los trabajadores hacia ganancias de productividad y, por ende, hacia el crecimiento económico y de bienestar para el conjunto de la sociedad. De ahí que sea relevante seguir progresando en la mejora de nuestro clima empresarial, como nos recuerdan periódicamente la Comisión Europea o el Banco Mundial. España ha conseguido posiciones intermedias en las clasificaciones tanto de actividad como de clima empresarial de la Unión Europea. Esos avances deberían transformarse en el incentivo para alcanzar los mejores puestos en la parrilla de salida entre los países más avanzados.

Vivimos en una sociedad con una excesiva aversión al riesgo, que viene, en gran parte, por la exagerada estigmatización del fracaso. A diferencia de lo que es habitual en economías más dinámicas, en España no es fácil valorar un fracaso inicial con el primer paso hacia el éxito profesional. Se prefiere la seguridad de un trabajo por cuenta ajena, o, mejor, la tranquilidad de un puesto vitalicio en una administración, a las incertidumbres y a los sinsabores propios de la vida empresarial. Nuestra sociedad tiene, en el caso más optimista, una opinión ambigua del empresariado y de su actividad. Es cierto que existe, entre muchas personas, una imagen positiva del empresario como creador de riqueza y empleo. Pero son probablemente muchos más los que no se mueven de una imagen negativa. El prestigio y el reconocimiento de la labor del empresario en España siguen siendo claramente inferiores a los que existen en otros países. Y el reconocimiento de la contribución de las empresas (y de sus propietarios) al bienestar general de la sociedad es inferior al de otros países, por ejemplo, en el sostenimiento de la parte principal de la Seguridad Social, una aportación que tantos esfuerzos, desvelos y preocupaciones cuestan el día 30 de cada mes.

Pero eso no es todo. Si un empresario supera el temor al fracaso y se lanza a crear una empresa, choca frontalmente con otra gran barrera: el complicado e ineficiente marco legal e institucional de nuestro país, lleno de dificultades a la hora de abrir nuevos negocios. La maraña de regulaciones, rigideces, trámites administrativos y requisitos burocráticos representa un factor desincentivador de la asunción de riesgos, y no sólo para la creación de nuevos negocios, sino también para la expansión de empresas ya constituidas o para la innovación de sus fórmulas organizativas. No podremos consolidar el crecimiento si antes no corregimos esos elementos tan desfavorables para el espíritu empresarial y su actividad, no puede ser que parezca que la Administración tuviera como meta entorpecer la labor empresarial con exigencias absurdas que nada aportan. Deberíamos atacar el problema desde varios frentes. Principalmente, los siguientes.

Primero, es necesario que nuestro sistema educativo fomente el espíritu empresarial. Debería transmitir los valores que están en el fondo de la actividad empresarial: la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad y la independencia, así como las habilidades y técnicas necesarias para afrontar el día a día de la empresa. Segundo, es imprescindible fomentar el reconocimiento social del empresario ajustándolo a la importancia de su contribución. La imagen pública del empresario sigue distorsionada por sesgos ideológicos trasnochados que ciertos grupos difunden constantemente y no dejan de acrecentar. Las administraciones públicas, la sociedad civil o los medios de comunicación tienen que combatir eso, contribuyendo a transmitir una imagen fidedigna de los beneficios asociados a la actividad de empresas y empresarios, ayudando a que el conjunto de la sociedad española desarrolle una conciencia del valor económico y social de la iniciativa empresarial.

Simplificar la regulación

Tercero, hay que simplificar y racionalizar las normas regulatorias que afectan al sector privado. Necesitamos calidad regulatoria: aspectos simples como proporcionalidad, eficiencia, coordinación, transparencia y evaluación. Cuarto, es esencial incrementar la competencia en todos los ámbitos y, en concreto, en aquellos sectores que adolecen, aún, de cierto proteccionismo e intervencionismo, y donde perviven muchas actividades reguladas de manera excesiva e injustificada. Quinto, es decisivo reforzar la seguridad jurídica. La percepción que los empresarios tienen sobre la seguridad jurídica es determinante para la toma de decisiones sobre inversión, innovación y creación de negocios. Existe una creciente inseguridad jurídica, particularmente
en el ámbito de la fiscalidad. Las evidentes deficiencias deberían incluirse en la agenda reformista.

Sexto, un elemento sustancial para que todo funcione: la confianza que debe transmitir un Gobierno en sus análisis y en sus actuaciones. Hay que decir, y sobre todo, hacer cosas que generen confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Séptimo, no podemos olvidar, incluso habiendo mejorado, la intolerable tasa de paro que soportamos. Para atajar la lacra del paro, son necesarios los acuerdos laborales sencillos y un marco laboral que facilite la adecuación de los salarios, potenciando el atractivo de la contratación indefinida.

Octavo, el déficit y la deuda pública son sencillamente insostenibles. Defendemos firmemente la necesidad de la contención del gasto público. En nuestra opinión, se deberían aplicar de manera estricta los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Noveno, estamos absolutamente en contra de las subidas impositivas y los tributos confiscatorios. La armonización fiscal en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones debe realizarse teniendo en cuenta las mejores prácticas; es decir, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, y no a la inversa. Consideramos que un camino eficaz para bajar impuestos es la sana competencia fiscal entre autonomías.

En definitiva, permitir que gobiernos más eficientes en el gasto tengan margen para reducir la presión fiscal a sus ciudadanos. O sea, simplemente que puedan premiar con su confianza a los buenos gestores y castigar a los malos. Por último, es de vital importancia para nuestro país mejorar la productividad, aunque ya haya mejorado. Nuestro reto mayor es acercarnos a los niveles de productividad de las economías más avanzadas. Ese es el mejor camino para que existan salarios más elevados, haya mayor creación de empleo y se recaude más dinero. Para eso, es también imprescindible que se fomente el ahorro y la acumulación de capital humano y tecnológico.