La filtración de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre no tiene precedentes en la España democrática. Es un signo de la degradación del Estado y de la función pública, arruinada por el trasvase entre la política y el funcionariado, que conservaduriza a unos y politiza a otros. La filtración sólo busca exponer a la curiosidad pública datos legalmente protegidos. Hasta donde se sabe, Aguirre no está sometida a una investigación fiscal o por blanqueo, aunque después del caso de Rodrigo Rato ningún español puede sentirse seguro de que el Estado no está detrás de él.
Cristóbal Montoro es el principal responsable de este descuido y debe dimitir. No sólo por su responsabilidad política, sino por la in vigilando sobre su subordinado Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria (Aeat), y por ser el principal causante del clima de sospecha y persecución que se ha generado en el país en torno a los asuntos tributarios. El ministro ha convertido los impuestos en la nueva guillotina. Ya no se trata de que amenace a tertulianos o artistas, sugiriendo que son defraudadores, o de promover una reforma de la Ley General Tributaria que criminaliza al contribuyente, sino de comentar en los pasillos del Congreso la situación fiscal de determinados ciudadanos –como ha sucedido con Rato–, cosa que no ocurría desde los tiempos de José Borrell.
Hay quienes equiparan este caso con lo ocurrido con Juan Carlos Monedero, quien creó una empresa ad hoc para repatriar capitales de Latinoamérica. Pero las irregularidades de Monedero no fueron fruto de una filtración de Hacienda, sino de una información obtenida por El Plural en el Registro Mercantil, que es público. Acceder a las cuentas y no a la declaración fiscal provocó, por ejemplo, que el diario acusase erróneamente a Monedero de no haber pagado el IVA cuando los servicios prestados en el exterior no lo devengan. A partir de ahí, el propio Monedero dio una serie de explicaciones que daban pie a infracciones.
La filtración que afecta a Aguirre se parece muchísimo a la de que Rato se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno. Un alto cargo del Ejecutivo me aseguró anteayer que las acusaciones contra el ex vicepresidente podrían quedar demediadas. De hecho, la de alzamiento de bienes casi ha decaído.
El problema mayor lo tiene Hacienda. Uno de sus inspectores más conocidos, Ransés Pérez, forma parte de la candidatura del socialista Antonio Carmona. Éste, según Aguirre, ha pedido durante tres días consecutivos que la candidata presente su declaración de la renta de 2013. Con toda lógica los partidarios de Aguirre sospecharán de Pérez y sus contactos. La reputación de Hacienda puede quedar dañada sin remedio. Los servicios extranjeros no estarán dispuestos a cooperar con una agencia de filtradores y el Gobierno tendrá que demostrar por qué quiere reforzar en la nueva Ley General Tributaria los poderes de unos funcionarios bajo sospecha. La ambivalencia de los funcionarios-políticos y viceversa (Aguirre también es funcionaria) es cada vez menos compatible con un Estado moderno.
