La última sentencia del Tribunal Supremo ha avivado el conflicto entre el sector del taxi y los conductores con licencias VTC (conocidas por sus dos grandes compañías Uber y Cabify). Se trata de un problema que, a día de hoy, no se ha resuelto y en el que, como suele ocurrir con los servicios públicos, el más perjudicado es el usuario final.
Los taxistas defienden su posición adquirida en el mercado a lo largo de los años al amparo del regulador, acusando a los otros de competencia desleal, y estos defienden su expansión apoyándose en la trasposición de la directiva comunitaria de la Ley Ómnibus de 2009, que obliga a liberalizar el transporte de viajeros y, especialmente, el de vehículos turismos con conductor.
Es un caso de manual de conflicto en el Derecho de Defensa de la Competencia: el incumbente (sector del taxi) impide la penetración de los entrantes (las licencias VTC), exigiendo al regulador que proteja su posición. Sólo de esa forma el primero se siente fuerte frente a los segundos, que están dispuestos a pelear su acceso al mercado. La probabilidad de que estos últimos tengan éxito y de que el incumbente termine claudicando será más alta si los reguladores se pronuncian a favor de liberalizar el sector y aplicar lo traspuesto de la directiva comunitaria.
Hasta la fecha, el sistema de transición a la competencia se ha revelado ineficiente, con una ratio muy elevada de licencias VTC respecto a las del taxi (una a treinta para un colectivo que acaba de nacer). Y no es tanto por la sobreemisión de las primeras, sino por la escasez de las segundas. He aquí el punto más polémico: una buena parte de los taxistas han comprado sus cartillas en un mercado secundario paralelo donde han llegado a cotizar por encima de los 200.000 euros. Lo mismo ha sucedido con las pocas licencias VTC concedidas, para las que también se ha creado un mercado informal.
Así, se ha generado una dinámica de «ganadores» y «perdedores», en la que los primeros han vendido sus licencias obteniendo una importante plusvalía, mientras que los segundos, en muchas ocasiones hipotecando sus casas, las han comprado a precios exorbitantes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al 31 de julio de 2016, el número de licencias de taxi en España se redujo un 0,4% interanual. Exceptuando el caso de Baleares, donde se ha experimentado un espectacular crecimiento del 5,57%, y Navarra, con un 1,56% más que en 2015, el resto de regiones muestran una tendencia de estancamiento o de reducción de concesiones.
Por tanto, al mantenerse la escasez, las barreras a la competencia siguen siendo elevadas y, en consecuencia, persisten las rentas monopolísticas de los taxistas mediante tarifas reguladas, lo que origina conflictos con los nuevos entrantes. Urge buscar una alternativa, que bien podría pasar por un sistema de ‘compensación de costes de transición a la competencia’, en el que una parte de la tarifa cobrada, como el IVA del servicio, se destine a un fondo que palíe los gastos en que incurrieron los taxistas para hacerse con su cartilla. De esta forma, se preservaría la seguridad jurídica para ambas partes ante un cambio en las reglas del juego que se ha producido a mitad del partido.
