En las últimas semanas, las fuerte expansión del Coronavirus en el planeta ha desembocado en una actuación desmesurada de todos los Gobiernos que integran el planeta. Ante la paralización total de la actividad económica, los empresarios y la economía real, en su conjunto, solicitan un auxilio a sus respectivos gobiernos.
Puede parecer una obviedad, pero todavía hay gobiernos que siguen más centrados en otros aspectos que en salvaguardar los intereses de su tejido productivo, así como sus propios intereses, al representar este su mayor fuente de ingresos. Y eso es precisamente lo que, bajo mi criterio, creo que está pasando en España. Un país de los más afectados en estos momentos por el brote de Coronavirus, pero que sigue poniendo y estableciendo muchas limitaciones a sus empresarios.
Hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez hablar de medidas para salvaguardar la liquidez de las empresas en el país. Sin embargo, desde que se anunció la medida de inyectar 200.000 millones de euros en la economía, poco se ha vuelto a escuchar sobre nuevas medidas para contener el contagio en la economía. Un contagio que, de no provocar el cortocircuito de los canales de transmisión, podría llegar más tarde que pronto a la economía, acercándonos a ese temido escenario que nos situaría en un contexto similar al de 2008.
De partida, de los 200.000 millones euros, únicamente 17.000 millones de los 200.000 anunciados se inyectan de forma directa en la economía. Es decir, se materializan en la economía mediante el pago de subsidios, así con ayudas a distintos sectores de la sociedad civil que están afectados.
El restante, los 183.000 millones de euros restantes están destinados a liquidez. Es decir, 183.000 millones, de los que al Gobierno solo le corresponden 100.000, pues el resto ha sido aportado por el sector privado, están destinados al aplazamiento de pagos en concepto de avales bancarios para salvaguardar la liquidez.
Es por esto que únicamente computan en el déficit público esos 17.000 millones de euros que, como decíamos, sí se inyectan a la economía. Sin embargo, ante la relajación de los objetivos establecidos previamente en los Pactos de Estabilidad y Crecimiento (PEC), los números rojos, en estos momentos, no parecen ser el mayor problema.
Por otro lado, cuando uno observa las medidas adoptadas y lo que realmente se pagará con esos 17.000 millones de euros, a la misma vez, se da cuenta de que existen muchas incógnitas que, aún, siguen sin ser despejadas. Incógnitas que van desde los empresarios y la capacidad para acogerse a los mecanismos de despido colectivo temporal, los conocidos ERTEs. Así hasta los propios inquilinos de viviendas, los cuales, siendo un colectivo precisamente vulnerable, sin acceso siquiera a una hipoteca, no han recibido respuesta a sus exigencias para garantizar la liquidez en los pagos de las mensualidades.
Solo en el caso de los ERTEs, las incógnitas recorren la mente de todos los empresarios en el país. Estamos hablando de que los requisitos, por ahora, siguen siendo muy elevados para el tejido empresarial que posee este país. Es hora de tomar conciencia y poner en relevancia que de la totalidad de empresas que componen el tejido empresarial español, el 99,88% del tejido empresarial son pymes. De esas, el 95% posee 10 o menos empleados. Ante estas circunstancias, debemos dejar de aplicar medidas para empresas de más de 10 empleados, pues la realidad muestra que solo un 5% entran dentro de las características exigidas.
Por otro lado, y pese a haber existido una postura sobre la situación, Sánchez sigue sin dejar claro, también, incógnitas como la de los autónomos. Es cierto que hablan de un subsidio al que acogerse, pero al igual que los ERTEs, existen unos requisitos que, por ahora, muchos autónomos no cumplen como para acogerse a esta medida. Unos requisitos que, de no flexibizarse, provocarán una gran pérdida de capacidad productiva en un tejido productivo que, con 3,2 millones de efectivos, representa un gran músculo de nuestra economía.
Y así también podríamos ligarlo con la moratoria hipotecaria. Una moratoria hipotecaria que, en estos momentos, al igual que los ERTEs o la situación de los autónomos, sigue presentando muchas incógnitas que mantienen en vilo a la sociedad. Incógnitas que muestran requisitos como que la cuota hipotecaria debe representar un porcentaje superior al 35% del ingreso total de la unidad familiar. Por poner un ejemplo, un requisito que, de media, en España excluye al 50%. Y es que, el peso promedio de la cuota hipotecaria en la unidad de ingreso familiar estamos hablando que se sitúa en el 30%.
Estamos hablando de que las medidas pueden ser potentes, pero no por ello deben de ser las precisas y, además, las que necesitan nuestras empresas. Se habla mucho de 2008, sin embargo, poco se habla de que los pasos para evitar una crisis como la de 2008, como bien ha recordado el Fondo Monetario Internacional (FMI), es evitar la consolidación de pérdidas. Por este motivo, si estamos hablando de que debemos salvar a la economía y no dejar a nadie atrás, debemos comenzar por remodelar las exigencias para acogerse a las medidas, pues, de no relajar las exigencias, desgraciadamente, seguimos dejando a mucha gente atrás.
