En la última semana, un debate que ha generado gran polémica en la sociedad ha sido el deseo de implementar una renta mínima vital en la economía española para tratar de paliar la situación que viven las familias con el coronavirus. Una política que ya ha comunicado su aplicación el Gobierno de coalición, en un comunicado emitido por Pablo Iglesias, que canalizaba toda la información a través del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, liderado por José Luis Escrivá.
Una publicación que dio mucho de qué hablar. Cuando nadie lo esperaba, Pablo Iglesias emitía un comunicado anunciando la aplicación de dicha prestación, así como su aplicación inmediata en la economía española. Unas declaraciones de las que el propio Escrivá tuvo que hacerse eco a través de la prensa, pues la coordinación en este Gobierno, como sabemos, prima por su ausencia. No por el propio ministro que, ante la disyuntiva, fielmente apoyó las palabras del Vicepresidente. Pero sí por el lado de un Iglesias que, en aras de amainar el descontento social que le califica, se apresuró al garantizar un proyecto que no le correspondía anunciar.
En primer lugar, y para no generar confusiones, debemos saber lo que es el ingreso mínimo vital, así como lo que le diferencia de esa famosa renta básica universal que tantos economistas, como Juan Torres, de Caixa Research, han defendido a lo largo de la historia. Porque, aunque el sueño de Iglesias es convertir este ingreso mínimo vital en una renta básica universal, Escrivá sí ha dejado claro de lo que se trata, así como de los flecos que quedan por resolver.
Una renta básica universal es un ingreso que concede el Estado, de forma incondicional, a todos los ciudadanos de un territorio. En otras palabras, una dotación económica como derecho por ser ciudadano de un país. Por otro lado, el ingreso mínimo vital, a diferencia de la renta básica, es una asignación económica, pero una asignación que se encuentra condicionada y supeditada a las características que presenta el demandante de la misma.
Prestación económica
El ingreso mínimo vital es una prestación económica, como las que ya reparten las comunidades autónomas, que siguiendo una serie de criterios de selección se concede a aquellos ciudadanos que presentan una situación económica desfavorecida. En este sentido, hablamos de una asignación económica, ya existente en nuestro país, la cual se basa en una serie de criterios que muestren qué familias se encuentran en una situación de desigualdad, siendo su fin el de compensar esas desigualdades, permitiendo un nivel mínimo de calidad de vida.
Por otro lado, como decía, estas rentas mínimas, pese a la sorpresa de muchos ciudadanos, es algo que ya existía en nuestro país, únicamente que lo hacían bajo el nombre de RMI, o Rentas Mínimas de Inserción. De hecho, en Europa, el ingreso mínimo está aplicado, también, en muchos países, entre los que destaca Holanda. En estos momentos y atendiendo a las propias declaraciones de Escrivá, un ingreso mínimo que adoptaría España y que podría suponer en materia de gasto, como ya presupuestó cuando presidía la AIReF, unos 5.500 millones de euros.
Como vemos, haciendo también alusión a las declaraciones del ministro, una cuantía considerable. Aunque cabe destacar que la propia AIReF también contemplaba suprimir duplicidades de otras prestaciones, pudiendo derivar 2.000 millones del gasto a esta nueva prestación, reduciendo el coste a los 3.500 millones. En este sentido, una prestación que representaría un agregado al gasto aproximado del 0,5% del PIB, pero que, de eliminar esas duplicidades que comenta el Ministro, podría quedar en un agregado del 0,28% del PIB.
Cómo financiarlo
A la luz de los datos, tampoco es que estemos hablando de un coste excesivamente abultado. Hablamos de una cuantía que, cuando la analizamos en detalle, no representa esa quiebra de la economía española a la que aluden algunos. Sin embargo, sí preocupa, incluso al propio ministro, la financiación de este ingreso mínimo, ya que pretende extenderse en el largo plazo como una medida permanente. Con un déficit que finalmente se fijó en el -2,7%, así como una deuda que se encuentra al nivel de la totalidad de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), pese a los beneficios de la medida, es un gasto difícil de asumir. Por esto mismo, desde el Ministerio ya se ha anunciado que, por el momento, la aplicación iría con cargo a la deuda pública, evitando caer en la iliquidez presupuestaria.
Pero aún existen incógnitas sobre cómo financiar este ingreso mínimo. Hay personas que proponen que este ingreso mínimo esté sujeto a incrementos en impuestos indirectos derivados del consumo como el IVA. Sin embargo, en un estudio realizado por el economista Trías de Bes, con una confianza de los consumidores por los suelos, con un 70% de la población que ya ha comunicado su postura de reducir el consumo cuando todo esto pase y, más importante aún, ante la necesidad de reactivar la economía junto al consumo para que el shock de oferta no se convierta en un shock de demanda, sujetar la financiación de dicha cuantía a incrementos en impuestos derivados del consumo, cuando más lo necesitamos, parece un claro riesgo.
No digo que en el largo plazo no pueda hacerse así, pero sí que en el corto plazo, y ante la necesidad de reactivar el consumo, parece una política desalentadora el aplicar incrementos en los impuestos al consumo, pudiendo tener efectos negativos en la capacidad productiva. En este sentido, mucho más viable es cargar dicha cuantía a reducciones del gasto público de otras partidas.
En resumen, el ingreso mínimo vital no es una mala decisión. Hablamos de una medida propuesta por el ministro Escrivá que podría beneficiar a muchas familias e, incluso, de salir bien, tener un efecto directo en el propio consumo. El problema, como decía, es el escaso margen de maniobra para aplicar gastos, así como los riesgos que conllevaría incrementar la presión fiscal, con cargo a las empresas, en una situación de escasa liquidez como la actual.
Por el momento, el ingreso sabemos que irá con cargo a la deuda pública, ante la posibilidad que nos permite esa flexibilización en los límites que imponen los Pactos de Estabilidad y Crecimiento (PEC). No obstante, de querer aplicarlo como una política permanente, debemos asegurarnos que, en primer lugar, se controlan los posibles efectos perversos que podría tener esta renta mínima y que son popularmente conocidos -pudiendo ser paliados con incentivos al empleo-. Así como, en segundo lugar, que la estructura de financiación se haga de forma sostenible, sin incurrir en un mayor endeudamiento futuro que eleve los ya elevados costes de nuestro estado del bienestar.
