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La regulación de la eutanasia es casi una realidad. Por tercera vez en tan solo 20 meses, el Congreso de los Diputados debate el proyecto de ley, con un amplio apoyo político y la esperanza para muchos de que, en esta ocasión, sí se reconocerá a los españoles el derecho a una muerte digna.

La confusión generada en el debate público por su complejidad terminológica (suicidio asistido, eutanasia, ortotanasia, distanasia) requiere comprender en primer lugar qué se entiende por tal. En su origen, se refería sin más pretensiones a la buena muerte: una tranquila, fácil, suave y natural. Actualmente, se define como homicidio por compasión, es decir, causar la muerte de otro por piedad ante su sufrimiento, o atendiendo a su deseo de morir por las razones que sean.

Una aceptación social tan generalizada responde a un verdadero sentimiento de compasión hacia el que padece y no tiene remedio. Quienes abogan por su regulación están convencidos de que hacen un bien a otro al procurar su fallecimiento. El pasado martes, el PP reprochaba al Gobierno que la supuesta intención escondida tras esta ley era un recorte económico. Si este partido cree de verdad esta tesis, está muy equivocado. Lo único que conseguirá con esta estrategia es fortalecer aún más el convencimiento de muchas personas que quieren con sinceridad que se apruebe.

Sin embargo, por muy nobles o altruistas que parezcan las motivaciones que animan a ejecutar tal acción, esta práctica no deja de consistir en que un ser humano da muerte a otro, consciente y deliberadamente. ¿Resulta justificable un homicidio por compasión? O mejor dicho, ¿es adecuado el tipo de compasión al que refieren?

En primer lugar, quienes abogan por su regulación saben, aunque algunos no quieran reconocerlo, que la eutanasia supone acabar con la vida de una persona. Llama la atención el uso de eufemismos estratégicos que buscan maquillar su verdadero sentido. Por ejemplo, nunca se hablará de “matar al enfermo” o “quitarle la vida”, sino de “ayudarle a morir”, “facilitar la culminación de la vida” o “lograr su autoliberación”.

Entonces, ¿por qué ven tan razonable su práctica? Por los presupuestos de los que parten y por la visión antropológica subyacente. Así, parece legítima cuando el efecto deseado pasa por evitar el sufrimiento. Resulta justificable en la medida en que, en las condiciones en las que se encuentra la persona, no compensa sufrir y continuar con su existencia. El derecho a una muerte digna viene a decir que la vida humana solo vale la pena bajo determinadas condiciones. Por tanto, establece unos estándares de calidad como criterio para discernir qué existencias merecen vivirse. La enfermedad, según esto, carece de dignidad, porque ya no posee plenitud. Sin embargo, una persona, por muy enferma que esté, no deja de ser humana ni de merecer el máximo respeto. Al contrario, lo indigno consistiría en basar su valor en el hecho de que no sufra. De hecho, la que acepta el padecimiento profundiza en su humanidad, pues comprende y hace suya una dimensión básica de la vida. Esto no significa, por supuesto, que la lucha por mitigar el dolor no sea positiva y el esfuerzo de la ciencia moderna en este sentido, elogiable. Pero no podemos convertir esto en un valor total, ya que nos obligaría a renunciar a un aspecto esencial de la persona.

A menudo se piensa que quienes están en contra de la eutanasia conciben la vida como un absoluto y se empecinan ciegamente en el mantenimiento del enfermo. A esto se le llama distanasia, o ensañamiento terapéutico, es decir, retrasar el advenimiento de la muerte todo lo posible, por cualquier medio, proporcionado o no, y aunque ya no haya esperanza alguna de curación y ello signifique infligir al enfermo unos sufrimientos añadidos a los que ya soporta. En otras palabras, pese a la certeza moral del médico de que los remedios de cualquier naturaleza ya no proporcionan beneficio al paciente y solo sirven para prolongar su agonía inútilmente, se obstina en continuar el tratamiento y no permite que la naturaleza siga su curso. Estar a favor de esta práctica es absurdo, igual que pensar que aquellos en contra de la regulación de la eutanasia no rechazan el ensañamiento terapéutico.

Dejando esta postura al margen, la visión antropológica de la eutanasia niega el sufrimiento como parte constitutiva de la persona bajo la premisa de que, como hemos dicho, en la media en que se padece, se pierde dignidad. Así, si la ausencia del dolor se convierte en el criterio preferente y exclusivo para reconocer la dignidad humana, la situación del enfermo carece de sentido, especialmente en la vejez, y se priva a la persona del efecto humanizador que el mismo dolor puede imprimir. La eutanasia está convencida de que este no tiene ningún propósito. Quienes apoyan su regulación a menudo sitúan la discusión en un plano religioso para deslegitimar el argumento en contra. Una muestra de ello es el editorial que escribió El País el 11 de febrero: “Muy diferente es la oposición, que ya se está organizando, basada en la idea de que la vida no pertenece a la persona, sino a Dios”. Quieren hacer creer que sus detractores son necesariamente creyentes. Pero la cuestión no radica en a quién pertenece la vida, sino en la naturaleza del dolor, inherente a la existencia humana, nos guste o no. Todos lo hemos experimentado en mayor o menor medida, a veces hasta niveles insoportables. La mejor manera de combatirlo no es rechazarlo, sino aceptar nuestra vulnerabilidad, una dimensión de la que nos hace tomar conciencia el sufrimiento.

Quienes abogan por la eutanasia esgrimen dos derechos que consideran fundamentales: a la muerte digna, expresamente querida por quien padece de forma insoportable, y el de cada cual a disponer de su propia vida, en uso de su libertad y autonomía individual. En este segundo punto, hemos de preguntarnos, en primer lugar, qué significa disponer de la propia vida, porque está claro que no pretendemos legalizar el suicidio. El documento presentado por el PSOE para la regulación de la eutanasia afirma lo siguiente: “Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y la voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”. Llama la atención la referencia al paciente, porque es él quien debe considerar qué condiciones resultan aceptables para calificar un sufrimiento como insoportable. Es el individuo, desde su experiencia subjetiva, quien toma la decisión. Por tanto, si la elección depende del sujeto, determinar en qué casos hay que aplicar la eutanasia se vuelve en la práctica sumamente difícil. El editorial de El País argumentaba lo siguiente: “Poner fin a la vida cuando la única expectativa es un padecimiento insoportable que no puede ser aliviado por otros medios, como los cuidados paliativos. En definitiva, cuando, de acuerdo con sus valores, la persona afectada considera que la vida que le queda no es digna de ser vivida”. ¿Qué significa “de acuerdo con sus valores”? Pura subjetividad.

Además, el enfermo pasa a convertirse en el responsable de la carga que supone para sus familiares, porque siempre puede elegir la alternativa de la muerte. Al mal físico, se suma la presión a la que estaría sometido. Tradicionalmente, al paciente era a quien, por su situación, se le descargaba de toda responsabilidad. Con la eutanasia, si quiere seguir viviendo, sabe que opta por ser una carga para sus allegados, los cuales se contaminarían del siguiente pensamiento: “Hay que ver con el abuelo, que ahí sigue y no quiere morirse”. El cuidador, ya se trate de un médico o de un pariente, miraría al enfermo con ojos de reproche y, llegado el caso, podría inducirle a pedir la muerte. Ahí reside la gran paradoja de la eutanasia: situar el peso de la resolución en el enfermo, cuando este, por definición, no está en condiciones de decidir. No tiene sentido establecer que la eutanasia requiere de una decisión autónoma de un paciente terminal. Además, resulta absurdo que el Código Penal lo incapacite para todo tipo de contratos y compromisos, como un contrato laboral, y no para pedir su muerte. Esta contradicción puede observarse en la propuesta del PSOE ya mencionada. Esta expone que “la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma”, pero más adelante dice que “en caso de encontrarse este [el enfermo] impedido físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia”.

La izquierda, en general, alega que no quieren imponer a nadie su forma de pensar, que la eutanasia se trata de una elección y, con ello, dan a entender que las derechas son unos cavernícolas sin compasión que se caracterizan por coartar. Así, por las redes sociales circula un mensaje que aduce: “La eutanasia no te obliga a morir. El aborto no te obliga a abortar. El divorcio no te obliga a divorciarte. El matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada. Las derechas, sí”. Muy perspicaz, pero erróneo. Es ingenuo pensar que una ley no tiene, a la larga, efectos en nuestra cultura y nuestra forma de comprender el mundo. Educa y crea una costumbre que, aunque no coaccione, genera “una mentalidad colectiva” que influye en las decisiones personales. Todo ethos social determina el ethos subjetivo. Por ejemplo, en Holanda, la eutanasia se ha normalizado hasta el punto de que el partido Demócratas 66 quiere presentar una iniciativa al Gobierno para que los mayores de 70 años “cansados de vivir” puedan pedirla. La propuesta nace a raíz de un estudio del Ejecutivo holandés que concluye que el 47,6% de las personas entrevistadas desearían poner fin a su vida una vez superada una edad concreta, aun sin estar gravemente enfermos. Desde que se legalizó en este país en 2002, el número de solicitantes ha aumentado más de un 325%. En 2017 hubo 6.585 casos, que suponen el 4% de todas las muertes. Esto prueba que el contenido de una ley de estas características, como bien afirma la izquierda, no se impone como tal, pero sí como ethos cultural. Regular la eutanasia implica su normalización.


El contenido de una ley así se impone como ethos cultural y conduce a la normalización


Por ejemplo, la experiencia con el aborto acredita que una ley que se aprueba presuntamente para dar solución a determinados casos extremos acaba creando una mentalidad que trivializa esta práctica hasta convertirla en socialmente admisible, y que se realice por motivos cada vez más nimios. Una ley, por muy libertaria que parezca, siempre condiciona la vida social. En el documento presentado por el PSOE, se dice lo siguiente: “Asimismo, han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso decisiones apresuradas”. Esa supuesta libertad, protegida de toda presión, se trata de una falacia.

El peligro de regular la eutanasia o el aborto, y la izquierda es muy consciente de ello, estriba en las consecuencias que de ello se derivan. Las campañas a favor siguen un mismo esquema estratégico y político. Presentan un caso límite, especialmente llamativo, que excite la sensibilidad colectiva y pueda justificar la práctica por su dramatismo y singularidad. Una vez admitido, se traen a colación otros muy parecidos, en una gradación cada vez más permisiva. Como ha ocurrido en Holanda, una legislación que se ofrece como solución para casos límite de vida vegetativa acabará convertida en una opción normal ante cualquier enfermedad o declive biológico más o menos irreversible. ¿Qué hacemos entonces con el que tiene un accidente y se queda en silla de ruedas para siempre? ¿Es digna una vida en la que no se puede caminar? Si se valora la existencia según qué circunstancias, el criterio por el cual calificamos dicho valor se asienta en la subjetividad. Los sentimientos personales se erigen entonces en fuente de la moralidad de los actos.

¿Qué papel debe desempeñar la medicina en todo este debate? La razón de ser de esta ciencia se halla en la curación del enfermo en cualquier fase de su dolencia, la mitigación de esta, y la ayuda para sobrellevar el trance de la muerte cuando la sanación no es factible. Por tanto, la mejor forma de cumplir con estos propósitos es a través de los cuidados paliativos, una manera de atender a los pacientes terminales opuesta a los conceptos de ensañamiento terapéutico y eutanasia. Cuando no se puede curar al paciente, todavía se le puede cuidar y aliviar. No hay una fórmula matemática para calcular si existen o no esperanzas fundadas de recuperación. Todas las acciones de la medicina paliativa van encaminadas a mantener y, en lo posible, aumentar el sosiego del paciente y su familia. En aquellos casos en los que el tratamiento del dolor es ya prácticamente lo único que se puede hacer, el efecto secundario que ciertos analgésicos poseen respecto al acortamiento de la vida no puede considerarse una forma encubierta de eutanasia, porque no se persigue acabar con la vida, sino aliviar el sufrimiento. La intención que haya detrás determina en gran medida la acción moral. El médico sabe, sin género de dudas, lo que guía su intención. Si el enfermo conserva la misma dignidad aun en el umbral de la muerte, la medicina paliativa, la compañía y el consuelo se revelan como los medios más adecuados para el último tramo de la vida.


    Marta
    Excelente artículo
    Marta - 17 feb.RESPONDER

      Fundación Civismo
      ¡Muchas gracias!
      Fundación Civismo - 17 feb.RESPONDER

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