16
jun
Vocento

En las últimas décadas, España ha cambiado de forma ostensible la distribución de su población, transformándose en un país eminentemente urbano, al compás de una tendencia generalizada y que parece imparable en todo el mundo desarrollado. De una nación agraria se ha pasado a otra cuyos habitantes viven concentrados en las urbes de gran y mediano tamaño. A día de hoy, con los datos más recientes del Padrón Municipal que proporciona el INE, sólo el 21,8% de los españoles residen en localidades de menos de 10.000 habitantes.

Esta situación ha llevado a que las zonas rurales se hayan convertido en las grandes olvidadas por los poderes públicos. No resulta extraño, si partimos de la premisa de que los políticos supeditan todas sus acciones a aquello que les reporte más votos a corto plazo. Y unas poblaciones mermadas difícilmente se los darán. Esto conduce a un círculo vicioso: cuanto peores son las condiciones de vida en esos lugares, más vecinos pierden, y a medida que se produce esta fuga hacia las ciudades, menos servicios y facilidades se destinan a estos municipios, lo que cada vez les resta más atractivo y alicientes para permanecer en ellos.

Esta semana, el Ministerio de Agricultura ha acordado el reparto territorial de 104 millones de euros para dotar los Programas de Desarrollo Rural. Estas cantidades, que serán transferidas a los Organismos Pagadores de las comunidades, corresponden a los fondos nacionales necesarios para cofinanciar la aportación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

La España rezagada
Vocento

En la distribución de esta partida, algunas regiones han salido más beneficiadas que otras. Así, del importe global, la comunidad que se lleva un porcentaje mayor es Andalucía (19,4%), seguida de Castilla y León (17,1%), Castilla-La Mancha (12,2%), Galicia y Aragón (ambas con un 9,5%). Esto podría parecer lógico si atendemos al hecho de que gran parte de sus censos viven en núcleos de menos de 10.000 habitantes: el 19,2%, el 43,6%, el 43,4%, el 29,6% y el 30,2%, respectivamente.

Sin embargo, la comparativa entre ambas variables deja un panorama desalentador para, especialmente, tres comunidades, cuya población rural se halla también entre los puestos altos de tabla, equiparable a la de las regiones antes mencionadas. Nada menos que un 50,9% en el caso de Extremadura, superándolas a todas; un 35,3% en Cantabria, un 33,4% en La Rioja, y un 21,8% en Canarias. Pues bien, pese a este predominio de los residentes en localidades pequeñas, sólo van a recibir, respectivamente, el 5,3%, el 1,8%, el 1,4% y el 0,9% de los fondos totales.

Unas proporciones similares (o incluso menores) a las asignadas a comunidades como Murcia, donde sólo el 3,8% de la población vive en poblaciones de menos de 10.000 habitantes; Madrid, donde lo hace el 5,5%; o Baleares, con un 9,8%.

Esta distribución condena a algunas zonas del país a quedar ‘descolgadas’ del progreso, con la consiguiente despoblación. Desasistirla económicamente es el camino más corto para dejarlas morir. Como país, no nos lo podemos permitir.


Deja un comentario


Otro contenido sobre #Inversión