26
jun
Expansión

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó en el último congreso de su partido algunas ideas sobre la organización territorial de España que han sido objeto de numerosos comentarios; aunque la verdad es que no resulta fácil saber lo que quiso decir. Me gustaría llamar la atención sobre dos frases de su discurso. En una de ellas afirmó que “España es una nación de naciones con una única soberanía”. Y de acuerdo con la otra, la solución del problema estaría en la “reforma federal del Estado”.

La primera es una frase vacua, sin contenido real alguno, de las que se escuchan a menudo a los políticos y cuyos autores no buscan, seguramente, otra cosa que el efecto mediá- tico. La segunda, tal como fue formulada, tampoco tiene contenido. Pero, a diferencia de la anterior, podría llegar a tenerlo. Es decir, tras una propuesta de esta naturaleza debería haber un programa real de reforma. Y, de hecho, en su intervención se hizo una referencia explícita a la denominada “Declaración de Granada”, en la que, el año 2013, el PSOE explicó los principios de su “nuevo pacto territorial”.

Sin embargo, quien lea las nueve páginas de esta declaración tampoco encontrará propuestas específicas más allá de una vaga referencia a convertir el Senado en una cámara de representación territorial. El texto está lleno, en cambio, de frases retóricas que tratan de ideas generales sobre una posible reforma de la Constitución, pero sin concreción alguna. Y, desde luego, las propuestas sobre los aspectos económicos relevantes de esta “reforma federal” brillan por su ausencia. No hay ideas sobre financiación, gasto público o endeudamiento. Porque hablar sobre “crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los estados federales” es equivalente a no decir nada.

No tenemos, por tanto, información sobre cómo sería ese hipotético Estado federal que busca el PSOE. Pero un rasgo llamativo de este texto es que algunas de las ideas que se exponen están en realidad muy alejadas de los principios del federalismo. Sólo un ejemplo: en la declaración se defiende “la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar donde residan”. Se supone que la Constitución recoge tales derechos. Pero la característica básica de un modelo federal es que las personas que residen en los diversos territorios del país reciben servicios diferentes y pagan impuestos distintos, siempre que las normas autonómicas respeten la constitución nacional y que sus particularidades no rompan la unidad del mercado.

Esto supone que, dado que la parte fundamental del gasto público de las comunidades autónomas se dirige a la sanidad, la educación y otros servicios sociales, el establecimiento de un Estado federal implicaría que el nivel de la prestación de estos servicios podría ser diferente en Andalucía, Madrid o Cataluña. Y lo mismo habría que decir de la presión fiscal. Si los habitantes de una determinada comunidad desearan mejores servicios, deberían estar dispuestos a pagar impuestos más elevados. Y la gente –y las empresas– podrían desplazarse de una región a otra en función de la combinación gasto público-impuestos que les resultara más atractiva. Esto, y no otra cosa, es lo que en economía se denomina federalismo. ¿Aceptará tales principios el PSOE en su futura propuesta de Estado federal?

Competencia entre CCAA

Por otra parte, el desarrollo del federalismo generaría, necesariamente, un cierto grado de competencia fiscal y regulatoria entre las comunidades autónomas que el Gobierno central tendría que respetar. Es evidente que esto supondría una restricción importante para los gobiernos de las comunidades autónomas que quisieran, por ejemplo, elevar su gasto público y la presión fiscal que soportan sus habitantes, al enfrentarse a la competencia de otras regiones con impuestos más reducidos. Pero si un determinado partido político no estuviera dispuesto a admitir tal resultado, sería mejor que, simplemente, borrara de su programa la palabra federalismo.

No es sorprendente que en el país federal de más larga tradición democrática, EEUU, el federalismo haya sido apoyado siempre por los partidarios de la libertad personal y de un bajo nivel de interferencia del Estado en su vida y su economía. Y que quienes están a favor de un gasto pú- blico más elevado, más impuestos y más regulación hayan sido, por lo general, críticos de la descentralización y hayan preferido que se atribuyera mayor poder al Gobierno central en detrimento de las competencias de los estados.

Pero España es diferente. Aquí tenemos una izquierda autonomista, o incluso federalista, que defiende con frecuencia principios incompatibles entre sí. Parece que lo que resulta progresista y vendible al electorado son los gestos simbólicos de reconocimiento de hechos diferenciales, reales o supuestos; pero no atribuir a las regiones autónomas –o futuros estados federados– competencias sustanciales en la determinación de sus gastos e ingresos fiscales, que tendrían como resultado, sin duda, diferencias significativas en unos y otros. Algún día el PSOE tendrá que aclarar sus ideas.


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