Los responsables del Tesoro Público tienen señalada en rojo la fecha del 30 de septiembre. Ese día la agencia Standard & Poor’s actualizará la calificación de la deuda española,situada en BBB+ con perspectiva positiva desde el pasado mes de marzo. En los parámetros de las agencias de rating esta consideración equivale a la puerta de acceso a la zona VIP del riesgo soberano, el nivel A, el de los países cuyas emisiones de deuda se consideran inversiones de bajo riesgo.

La deuda española no pisa esos terrenos desde el año 2012 y lo cierto es que hasta hace unas semanas las perspectivas de encaramarse a la zona A no podían ser mejores. Incluso el pasado mes de junio el máximo responsable de las calificaciones de deuda soberana de la agencia en Europea, de visita en España, aseguró que si se confirmaba la mejora de las perspectiva económicas del país y se aceleraba el proceso de consolidación fiscal probablemente se elevaría el rating de la deuda española.

Paradójicamente, tres meses después de esa declaración de intenciones las condiciones puestas por S&P se han cumplido, pero la subida del rating español está más lejos. Así lo considera al menos una parte muy influyente del mercado. Lo piensa, por ejemplo, el banco japonés Nomura, uno de los principales actores del mercado financiero, que en una nota a inversores auguraba un incremento de las tensiones políticas en España a cuenta del conflicto catalán según se aproximara el 1-O y anticipaba que este factor afectaría a la decisión de S&P sobre la mejora del rating español.

El banco japonés recomendaba adquirir deuda italiana frente a la deuda española y algo similar ha hecho hace apenas dos semanas JP Morgan, que ante la inestabilidad político-institucional derivada de la escalada del conflicto en Cataluña ha decidido sustituir en su cartera modelo de renta fija una parte de deuda española por deuda portuguesa y alemana.

Incluso Moody’s en su último informe ya cambió el tono y pasó de advertir únicamente a Cataluña de las consecuencias sobre su rating de una situación de conflictividad constante en su territorio a asegurar que el agravamiento de la situación también tendría consecuencias sobre España. El seguimiento de las agencias sobre la situación también se ha hecho más intenso.

Acciones que ilustran la reacción refleja de los mercados de inversión ante cualquier indicio de inestabilidad, pero que también ayudan a señalar a un país como inversión de riesgo. «Hasta hace poco los inversores internacionales con los que hablábamos no daban mayor importancia al proceso, pero es posible que su opinión haya cambiado tras lo de los últimos días«, señala una de las escasas fuentes locales de los mercados de capitales dispuestas a hablar del asunto catalán, aún garantizando confidencialidad. El silencio sobre Cataluña es la norma. 

Para testar la opinión del mercado hay que asomarse fuera de España. Un estratega del banco alemán Commerzbank consultado por Bloomberg descartaba este jueves una mejora del rating español por parte de S&P con el argumento de que aunque los fundamentales de la economía española son sólidos, «la situación en Cataluña ha resultado ser más relevante de lo que inicialmente se esperaba». 

Ya lo advirtió el economista y consultor de la Reserva Federal de Chicago, Santiago Carbó, en su blog de Funcas hace un par de meses. «No está claro que el previsible conflicto en torno a la convocatoria del referéndum eleve mucho la prima de riesgo, pero podrá suponer que las agencias de rating se tienten la ropa antes de subir la calificación española, algo que se esperaba desde hace tiempo».

Debilidades de fondo

Para Javier Santacruz, jefe de Investigación del Think Tank Civismo, las dudas de los inversores aún teniendo como desencadenante la deriva del conflicto catalán se asientan en cuestiones más de fondo.

«Más allá de la situación catalana lo que genera dudas es la capacidad del Estado para asumir el volumen de deuda de las comunidades autónomas. Cuando un inversor compra un título de deuda de España lo hace bajo unas determinadas condiciones, cuando esas condiciones bajan y, por ejemplo, existe un riesgo real de que el Estado español tenga que responder por las deudas que las comunidades autónomas no pueden asumir le quedan dos caminos o vender sus títulos de deuda española o exigir una rentabilidad mayor por ellos», argumenta el economista.

«En el fondo, muchos inversores se están preguntando qué va a pasar con España, cuál va a ser su modelo de financiación y qué capacidad va a tener éste para cubrir las necesidades financieras de sus autonomías. Es un contexto de pura incertidumbre que no es el mejor posible para la consideración de la deuda española», remacha Santacruz.

El Gobierno descarta un impacto relevante

Desde el Ministerio de Economía se remiten a la exitosa colocación de títulos del Tesoro completada este jueves para rechazar ese impacto significativo sobre la deuda española y subrayar lo que ha sido el discurso del ministro de Economía, Luis de Guindos, durante las últimas semanas.

Dice Guindos que sí, que las agencias de calificación ya han advertido de que el conflicto afecta no sólo a Cataluña sino también a España, pero que los inversores no contemplan un escenario de independencia y que «no ha habido movimientos de deslocalizaciones porque el mercado considera esa posibilidad irracional».