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jul
Expansión

El mes de septiembre de 2008, Lehman Brothers, una de las grandes instituciones del mercado financiero norteamericano, que contaba con más de siglo y medio de antigüedad, presentó declaración de quiebra. Las razones de su hundimiento son diversas.

Por una parte, Lehman sufrió los efectos de la crisis de las hipotecas subprime -o con garantías de baja calidad- que siguió a la burbuja inmobiliaria del período 2001-2007. Pero la propia gestión de la empresa -y lo que muchos han considerado la clara falta de responsabilidad de sus directivos- fue la causa principal del desastre. A lo largo de los años anteriores, Lehman había hecho crecer su apalancamiento de forma notable; es decir, había aumentado el volumen de sus operaciones sin hacer crecer su propio capital en la misma proporción. Con un mercado en auge, esto tenía como efecto, sin duda, mayores beneficios. Pero, al producirse la crisis, el capital de la empresa suponía apenas el 3% del valor de sus activos.

Y esto significa que una depreciación de estos activos y la aparición de dificultades en el mercado de crédito harían muy dificil su supervivencia. Y así ocurrió: la pérdida de valor de buena parte de sus activos -muchos de ellos relacionados estrechamente con el mercado hipotecario- y la falta de liquidez en el mercado financiero llevaron a la quiebra a Lehman. No fue el caso de esta compañía, ciertamente, la causa principal de una crisis finaunciera global, que tuvo efectos muy graves, primero en los Estados Unidos y, más tarde, en el resto del mundo. Pero Lehman es un excelente caso para reflexionar sobre dos cuestiones a las que aún no hemos sabido dar respuesta definitiva.

La primera, ¿debió el gobierno norteamericano haber hecho más por salvar a esta empresa? Y la segunda, ¿fue una regulación pública insuficiente lo que explica el desencadenamiento de nuestra última gran crisis? Antes de su caída definitiva hubo, como es lógico, diversos intentos para evitar la quiebra de Lehman, en los que participaron instituciones bancarias de Estados Unidos, Corea y Gran Bretaña. Las negociaciones no tuvieron éxito y, finalmente, la compañía quebró. Muy rápidamente la desconfianza se extendió por todo el sector financiero y la bolsa sufrió fuertes pérdidas, acelerando una crisis ya imparable. Muchos se preguntan si no habría sido mejor evitar esta quiebra, ya que, por la peculiar naturaleza del sistema financiero, los costes que acabó soportando el país fueron mucho más elevados que los que habría implicado el rescate.

Pero quienes piensan así, aunque los datos que aporten sean sólidos, olvidan el grave problema de “riesgo moral” que tal operación habría ocasionado. Si se ayuda a una entidad financiera que está a punto de quebrar por la mala política de sus gestores, los incentivos a que tales estrategias empresariales se generalicen son claros; y los resultados, en el largo plazo pueden ser aún peores. Por otra parte, es muy discutible que la crisis se desencadenara por una insuficiencia de regulación.

Aunque ésta sea una opinión muy popular, muchos economistas no pensamos lo mismo. Entre otras cosas porque buena parte de la responsabilidad de lo que ocurrió la tuvieron las famosas entidades financieras Fannie Mae y Freddie Mac, que actuaban en el mercado hipotecario bajo un control estricto -al menos en teoría del gobierno norteamericano. Que se actuó mal, es evidente. Que tina mayor regulación y un control estatal más intenso hubieran hecho que las cosas funcionaran mejor es, cuando menos, dudoso.


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