El presidente del Gobierno ha afirmado hace unos días que uno de sus principales objetivos es “reconstruir el estado del bienestar”. El concepto es lo suficientemente ambiguo como para que quepan en él políticas muy diversas. Pero todo indica que no se trata de sanear la estructura del gasto de modo que se garantice la solvencia de las cuentas públicas y la prestación de los servicios sociales en el futuro, sino de elevar, de inmediato y de forma significativa, el nivel del gasto público. Y, para evitar que la gente pueda llegar a la conclusión lógica de que todos acabaremos pagando tales políticas con mayores impuestos, en los mensajes oficiales se trasmite la idea de que sólo un número limitado de contribuyentes –los “bancos”, las “tecnológicas” y los “ricos”– soportarán las nuevas cargas tributarias.
Creo que somos muchos los economistas que vemos con profundo escepticismo el programa del gobierno. En primer lugar, porque se pretende aplicar en un país con un déficit público aún bastante elevado y una deuda cercana al cien por cien de su PIB. Y, además, porque todo indica que las supuestas nuevas fuentes de ingresos son unos impuestos que tienen una capacidad de recaudación relativamente baja. Pero lo más importante es que el plan del Gobierno pretende, con sus políticas, maquillar unos problemas que no tienen su origen en la situación actual de la economía española, sino en un modelo de estado del bienestar cuya supervivencia plantea serias dudas.
Se cumple este año el centenario de la publicación de un artículo fundamental en la historia de la hacienda pública, “La crisis del estado fiscal” del gran economista austriaco Joseph A. Schumpeter. En este ensayo, escrito en los últimos años de la Primera Guerra Mundial, se preguntaba su autor por lo que podría suceder en la economía y las políticas públicas una vez terminada la contienda. Y ponía de manifiesto una serie de cuestiones que, en su opinión, harían difícil volver a un sistema similar al vigente antes de 1914. Señalaba el profesor austriaco que el Estado, en un sistema capitalista, tiene una tendencia clara a entrar en crisis debido a sus contradicciones internas. Varias serían las causas posibles de esta crisis. Pero la que tiene mayor interés es la insuficiencia de los recursos fiscales para la multiplicidad de funciones que los votantes exigen al Estado en un sistema democrático.
Estas reflexiones, aunque hayan cumplido un siglo, tienen hoy plena actualidad. Y la primera recesión del siglo XXI ha sacado a la luz una serie de contradicciones del modelo económico en el que hemos vivido en las últimas décadas. En los años anteriores a 2008, caracterizados por una tasa elevada de crecimiento económico, el aumento del gasto público no parecía plantear grandes dificultades, ya que los Estados conseguían con facilidad elevados niveles de recaudación tributaria. Pero cuando cambió el ciclo se observó que, en línea con lo que había señalado Schumpeter, surgían dificultades crecientes para financiar los gastos que buena parte de la población demandaba y a los que ya se había habituado. Y hoy cuesta creer que los ciudadanos estén dispuestos a aceptar una reducción de la calidad de los servicios que reciben o un mayor nivel de presión fiscal para financiarlos.
Pero es evidente que ambas cosas –peores servicios y más impuestos–amenazan a las economías occidentales y ponen en cuestión la supervivencia del estado del bienestar que hemos conocido hasta ahora. Las contradicciones internas del modelo plantean así la necesidad de buscar soluciones bastante alejadas de las ideas y los planteamientos de la hacienda pública tradicional, inspirada en la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Para bien o para mal, hemos perdido mucha de la inocencia que presuponía esta teoría de la hacienda pública, sobre todo porque la idea del gobernante que tiene como objetivo principal de su actividad política el bien común en un marco institucional relativamente simple ha sido sustituida por la de una sociedad compleja dominada por grupos de interés y buscadores de rentas que negocian con quienes tienes el poder acuerdos en su mutuo beneficio. El contribuyente, por su parte, intenta que el Estado haga cada vez más cosas en su favor, pero no está dispuesto a soportar su coste aceptando nuevas subidas de impuestos y piensa que deben ser otros los que paguen los servicios que él va a disfrutar.
La nueva crisis del estado fiscal exige, por tanto, reconocer que nos encontramos ante un problema institucional importante, al que va a ser difícil encontrar una solución si no se reformulan los supuestos en los que se basa en la actualidad el funcionamiento del sector público. Las propuestas de política económica de Sánchez van a constituir, seguramente, un experimento del que los economistas españoles podremos sacar enseñanzas interesantes. Lo malo es que al país puede costarle mucho recuperarse de sus efectos.
