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Expansión

Cuando se habla de ganar competitividad para las empresas y atractivo para los inversores, se suele hablar de impuestos, de costes laborales, de disponibilidad de mano de obra cualificada, de infraestructuras o de la factura eléctrica, pero hay un aspecto sobre el que a menudo se pasa por alto y que resulta fundamental para que una compañía decida instalarse o no en un determinado territorio: la agilidad de la justicia. Y en este aspecto España renquea, como pone de manifiesto el estudio Esclerosis Judicial en España que el think tank Civismo ha avanzado a EXPANSIÓN. Este documento señala que, aunque la litigiosidad en España es menor que la de otros países europeos, la tasa de resolución de pleitos es mucho menor que entre otros países del entorno debido a su mayor duración.

En concreto, el informe señala que la justicia apenas logró resolver el año pasado 5,78 millones de casos de los 8,37 millones planteados en aquel ejercicio, lo que supone el 69,05% del total. Esto es, casi dos puntos menos que el año anterior, cuando la cifra se elevaba al 70,89%. Y este dato es especialmente preocupante en el caso de los juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, donde la tasa de casos resueltos en el mismo año se reduce al 53,17% del total y en los de lo Social (56,65%), aunque también presentan cifras bajas la jurisdicción Civil (58,69%) o la Militar (60,09%). Únicamente la jurisdicción de lo Penal y las Salas especiales arrojan resultados por encima de la media. Y, dentro de lo Civil, los resultados de lo Mercantil salen especialmente mal parados, con una tasa de resolución del 45,78% del total.

Y, además, los procesos judiciales se alargan, y lo hacen con plazos muy por encima de la media europea. Especialmente, en el caso de los Juzgados de lo Mercantil, donde un proceso ha pasado de resolverse en 7,6 meses en 2007 a 17,1 meses en 2017. Durante la última década, esta cifra no ha hecho más que elevarse, llegando a acelerarse en el último ejercicio registrado, cuando el plazo de resolución se extendió en 1,3 meses respecto a 2016. Cabe destacar que este dato es el que más puede perjudicar a las empresas, al lastrar la seguridad jurídica y elevar los costes judiciales, al tiempo que puede paralizar inversiones. Y es, también, la cifra más elevada entre todos los Órganos de Jurisdicción Civil, que tienen un plazo medio de 9,63 meses. Así, los Juzgados de lo Mercantil van seguidos del Tribunal Supremo (16,3 meses) y, a mucha distancia, de las Audiencias Provinciales, los Juzgados de Violencia contra la Mujer, los Juzgados de Primera Instancia (entre 6,4 y 6,6 meses en los tres casos) y los Tribunales Superiores de Justicia (4,9 meses).

Recomendaciones

Quizá por ello, el informe recomienda reorientar los recursos hacia aquellas áreas que están más saturadas y plantea varias reformas para resolver el problema. En primer lugar, los autores señalan que la litigiosidad no es especialmente preocupante y “no es perjudicial en sí misma”, dado que está por debajo de los niveles europeos, pero el problema es que esto, unido a “las tasas de resolución, pendencia y congestión da lugar a un círculo vicioso de la ineficiencia” que hay que romper mediante una mayor agilidad. Para ello, reclaman reorientar el presupuesto hacia aquellas zonas con mayores atrasos, aunque advierten de que eso no basta, porque quienes peores resultados tienen en Europa en cuanto a la prolongación de los juicios son Francia e Italia, “cuyos presupuestos son mucho más altos que el español”, subraya el texto, por lo que “las deficiencias del sistema provocarían que la ineficiencia persista”.

Además, reclaman estudiar la eficiencia de alternativas ya existentes, tales como la mediación o el arbitraje en la resolución de conflictos ya que, aunque sea más caro, es también más rápido y especialmente beneficioso para las empresas, al reducir la incertidumbre jurídica. Asimismo, se podría reducir el garantismo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite ventajas para la subsanación de errores que alargan el proceso. Por último, critica el “activismo judicial en el que, en muchas ocasiones, incurren los jueces y que constituye un factor más de ineficiencia”.

En su opinión, “los magistrados que deciden no implementar determinadas normas porque, desde su punto de vista, son injustas están incumpliendo el deber de aplicar la ley”. Además de elevar la arbitrariedad y la incertidumbre, esto entorpece el desarrollo de los juicios, ya que “sus interpretaciones de la norma se pueden recurrir en instancias superiores, alargando de manera innecesaria los procesos judiciales”.

Una muy mala comparativa internacional

España no sale nada bien parada en el informe sobre la eficiencia de la justicia, pero los resultados son todavía peores cuando se contrasta la situación española con el escenario internacional. Es decir, cuando se compara la gestión en España con la de otros países con los que rivaliza para atraer inversiones empresariales. Por ejemplo, en España un proceso judicial civil o comercial en primera instancia tarda 282 días en resolverse (datos de 2016), 41 días más que en la Unión Europea y más del doble que en Países Bajos (121 días) o Alemania (133). Además, hay 1,7 casos pendientes en primera instancia por cada cien habitantes, un 13,3% más que la media, hasta diecisiete veces más que en Finlandia, seis veces más que en Suecia u Holanda, cuatro veces más que en Austria y el doble que en Alemania. Con todo, la situación no es tan problemática como en otros países del área, como es el caso de Francia, Italia o Grecia. Este último destaca por ser el país donde más se demoran los procesos judiciales, con un atasco de 610 días por causa, por 514 días en Italia o 353 días en Francia. En cambio, en la cifra de causas pendientes por habitante es Italia quien se lleva la palma por la mayor litigiosidad en el país, con 4,1 procesos judiciales abiertos por cada cien habitantes, el triple que la media europea.


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