En 2013, el informe sobre Libertad Económica de España contenía una afirmación polémica: aquellas comunidades que habían sido gobernadas 10 o más años por el PP gozaban de mayor libertad económica. No es fácil contrastar en el informe de 2015 que acaba de publicar el profesor Francisco Cabrillo y el think tank Civismo la veracidad de esta hipótesis. Hoy, más que nunca, la marca PP es polisémica. Sus atributos apuntan a cosas muy distintas dependiendo del sitio de España en que estemos.

En Extremadura, la marca PP tiene connotaciones populistas. En Valencia está ligada a la corrupción y en Murcia al desorden fiscal. En Galicia a un conservadurismo que administra el statu quo, al igual que en Castilla y León. En Castilla-La Mancha y Aragón está vinculada a reformas impopulares, pero necesarias. En Madrid al liberalismo, pero también a la falta de rigor con la corrupción (Gürtel), y en La Rioja al gobierno pequeño y eficaz. La fatiga reformista que se apoderó en 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy –el principal vector de la marca PP– también se contagió a la mayoría de las comunidades autónomas. Pero lo peor no es la fatiga, sino que el oportunismo electoral ha llevado al Ejecutivo a iniciar una contrarreforma.

Hay cuatro casos donde esto se aprecia nítidamente. Uno es la famosa Ley de Servicios Profesionales que Bruselas lleva años pidiendo que se adapte a su Directiva de Servicios para liberalizar la economía. Zapatero dio el asunto por perdido, pero el Ministerio de Luis de Guindos había elaborado un proyecto hasta que el 14 de abril pasado la presidenta de Castilla-La Mancha reconoció públicamente que el Gobierno, de acuerdo con el PP, «paró y retiró» la normativa ante la enorme presión de los lobbys profesionales.

Un segundo aspecto donde el Gobierno se ha rendido es con la Ley de Unidad de Mercado, también obra del equipo de Guindos. Si uno comprueba si se está aplicando en Cataluña, Andalucía, País Vasco o Canarias verá que no es así porque los gobiernos autonómicos están frontalmente en contra de esta normativa.

El tercer aspecto es el de la reforma de la Justicia. El sucesor del ministro Ruiz Gallardón, el señor Catalá, ha desactivado las cuatro grandes reformas que ya estaban en marcha en su Ministerio: la del Registro Civil, la Ley de Tasas, la Ley del Aborto y la reforma del Código Penal. Por último está lo sucedido con el ministro Montoro y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, convertida en letra muerta desde hace meses. En marzo la Airef le advirtió de que los objetivos de consolidación de las cuentas públicas no se cumplirán en 2015 por culpa de las comunidades autónomas. El miércoles, un informe de Fedea volvió a subrayar que los presupuestos autonómicos están inflando sistemáticamente los ingresos que después se quedan muy por debajo de lo calculado.

Nos sucede algo peor que una fatiga reformista: el Gobierno está desgobernando.