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abr
OkDiario

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy unos datos que reflejan el comienzo de una escalofriante pérdida de empleos en nuestra economía. Un pistoletazo de salida que ya resulta abrumador: España ha tenido, durante el primer trimestre de 2020, 285.000 ocupados menos que al final de 2019. Todo ello sin contar con el número de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): la EPA señala que, solo en la última semana de marzo, los ocupados que no trabajaron en el periodo de referencia aumentaron en 509.800 este trimestre.

Estas cifras, aunque alarmantes, no revelan la magnitud de los efectos económicos derivados de la pandemia y de la desastrosa gestión del Gobierno, pues la EPA únicamente recoge los 17 primeros días (los correspondientes a marzo) de la que ya muchos catalogan como la crisis más severa en nuestro país desde la Guerra Civil. Así, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo estima ya en 4,1 millones de personas las afectadas por los ERTE.

El número de ocupados es de 19.681.300, y la tasa de paro ha subido hasta el 14,41%, los peores registros desde 2013. Otro dato para tomar en consideración y, a mi juicio muy relevante, lo encontramos en la cantidad de parados, que se ha incrementado en 121.000 entre enero y marzo. Por otro lado, en la comparativa entre el sector público y el privado, destaca que haya 3.248.000 personas que perciben su sueldo del Estado (funcionarios, personal laboral, etc.); esto es, el 6,8% de los ocupados. Por otra parte, en lo relativo al privado, los trabajadores por cuenta ajena suponen 13.323.400 (28,1%), y los autónomos, 3.109.800 (6,56%): ya suman menos que los que reciben una nómina del Estado.

De estas estadísticas, pueden extraerse dos conclusiones muy preocupantes. En primer lugar, que el 35% de los españoles sostiene al 65% restante (menores de 16 años, población inactiva, a sueldo del Estado…). Exiguo porcentaje que está pagando el precio de la crisis, como pone de manifiesto el hecho de que, en ese ámbito, se hayan perdido 280.000 puestos de trabajo, mientras que las administraciones públicas solo han encajado 5.400 empleados menos. En otras palabras, el sector privado está menguando rápidamente, lo que hace que un sistema con tamaña preponderancia de lo público tenga la fecha de caducidad ya próxima. La viabilidad en el medio plazo se ve seriamente comprometida sin una reforma sustancial. Una que, sin embargo, el actual Ejecutivo seguramente rehuirá, echándose en brazos del endeudamiento público.

En segundo lugar, y más inquietante aún, es el hecho de que haya más de 3,2 millones de personas que perciben su salario del Estado, lo que convierte a España en uno de los países con, en proporción, más empleados públicos de los de nuestro entorno. Además, si se agrega a los que reciben subsidios por desempleo, los casi 9 millones de personas beneficiarias de algún tipo de pensión pública, y los más de 2 millones de parados destinatarios de alguna prestación, nos hallamos ante unas cifras absolutamente inconcebibles: hay más personas dependientes del buen hacer del sector privado que quienes posibilitan esta dependencia. Casi 21 millones de personas dependen hoy de los impuestos de otros 16,4 millones. Y todo ello sin contar los 3 millones de personas a las que, se estima, se dirigirá el ingreso mínimo vital. Un panorama inaudito y que daña gravemente la salud de nuestro sistema democrático, debido al voto cautivo que previsiblemente podría generar. En definitiva, la crisis del coronavirus ha supuesto la aceleración de un proceso absolutamente insostenible. La música hace ya tiempo que dejó de sonar. Paremos de bailar.


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