Los principios de eficiencia y equilibrio financiero exigen revisar el número de municipios. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local entraba en vigor poco antes de despedir 2013. Su objetivo: garantizar la prestación de servicios públicos sostenibles y de calidad, con independencia del lugar de residencia del ciudadano. La nueva norma devuelve los cometidos sociosanitarios a las CCAA, mientras que los municipios se encargarán de la salubridad pública y lo relacionado con cementerios y servicios funerarios. En casos puntuales, las comunidades tendrán la opción de transferir determinadas atribuciones a las diputaciones y ayuntamientos. Todo ello acompañado de un ajuste en las estructuras administrativas locales para adaptarse a criterios de transparencia.

Cuestión de equilibrio

La eficiencia implica dar con el tamaño de administración óptimo, capaz de garantizar una respuesta satisfactoria a las demandas de los ciudadanos sin derrochar recursos. Según últimos datos del INE, España cuenta con 8.117 municipios con sus correspondientes ayuntamientos, de los cuales, más de la mitad (4.901) son poblaciones inferiores a 1.000 habitantes. Alemania, Italia, Grecia y Portugal ya redujeron el número de municipios. Alemania, incluso, redefinió las competencias del Estado federal y los länder. En algunos casos, los servicios gestionados localmente pueden ser más eficientes, ya que un conocimiento más cercano de la realidad favorece políticas más acertadas, pero esto hay que combinarlo con una gestión sensata (más cuando los recursos escasean). La meta es evitar duplicidades administrativas, fruto de la asunción por parte de los ayuntamientos de competencias ajenas y que, en lugar de incrementar el bienestar, sólo perjudican el bolsillo de los ciudadanos.