Creerse demasiado listo se trata de un grave error, sobre todo cuando esa presunción se sostiene mediante un marketing manipulador. Además, se está abusando tanto de esta técnica demagógica, que, al final, la advierte todo el mundo y destruye la confianza pretendida. El presidente en funciones no debería subestimar la inteligencia de los ciudadanos, quienes se dan cuenta de que está perdiendo el tiempo para seguir disfrutando del poder. Cualquier persona mínimamente perspicaz es consciente de cómo ha jugado con Unidas Podemos, para intentar justificar unas nuevas elecciones en las que consiga más escaños.
Tanto tiempo sin gobierno está paralizando todas aquellas decisiones que no se pueden tomar desde la provisionalidad de un Ejecutivo en funciones. Aunque el pago a las Administraciones autonómicas sea lo más explosivo, dado que puede llegar a interrumpir servicios básicos, desde la perspectiva del Estado de Derecho existen otros bloqueos igualmente dañinos. Así, hay organismos clave que precisan con urgencia de la renovación de sus miembros, como el Consejo General del Poder Judicial, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear o Radio Televisión Española. El retraso de estos nombramientos esenciales no sale gratis, ya que ocasiona un perjuicio tanto jurídico como económico.
Si Sánchez tuviera sentido de Estado, al comprobar en junio que no resultaba factible la constitución de un gobierno estable, habría adelantado los comicios en lugar de agotar el plazo legal. Es una vergüenza que, ante la crisis que se está viendo venir, el Ejecutivo no se dedique sino a preparar las elecciones, teniendo al Congreso y al Senado sin poder trabajar. Un gobernante responsable habría priorizado la adopción de medidas encaminadas a que la desaceleración que está viviendo el país no se transforme en una recesión que, cuando llegue, por no haberla contrarrestado, sea más profunda que la de otras naciones de nuestro entorno.
Es lamentable que las 370 medidas anunciadas por el PSOE, aunque parezcan redactadas para ganarse a Unidas Podemos, formen parte en realidad de la precampaña de los comicios de noviembre. La exuberancia del texto refleja un clientelismo electoralista, que, sin embargo, no tendrá la eficacia que espera: los votantes no van a leer el panfleto de 76 páginas. Por otra parte, a las propuestas les falta lo esencial: aclarar cómo se van a obtener los ingresos para sufragarlas. No hay ricos suficientes para exprimirles el dinero requerido, y los que lo son se protegerán, bien deslocalizando en la medida que la legalidad permita, bien reduciendo sus inversiones en España. En cuanto a las empresas cuyos márgenes de beneficios son muy estrechos, producirán fuera para seguir resultando competitivas.
Una muestra de lo ruinoso de la obsesión recaudatoria de quienes nos gobiernan se encuentra en cómo han reaccionado frente a la salida de la industria financiera de Reino Unido, a raíz del Brexit. El volumen de negocios que esta supone equivale a un 11,8% del PIB británico. La aversión a los beneficios de esta actividad llevó a que Moncloa no hiciera una propuesta de impuestos atractiva para que los múltiples negocios que han abandonado la City viniesen a España. En su lugar, todos se han ido a Frankfurt, París y Dublín. Ahora, quienes deben de estar pensando en marcharse de nuestro país son los gestores de inversión en actividades de capital-riesgo. La razón, que los ingresos de estos profesionales, que en otros países se consideran rentas de capital, aquí son clasificados por la Agencia Tributaria como rentas del trabajo. Esto duplica los impuestos que soportan. ¿Por qué mantener entonces su actividad en España en aquellas adquisiciones que pueden realizar desde otros países? ¿Quién va a pagar la cuenta? Usted y yo, que somos contribuyentes.
