En un momento en que parece que el “Brexit” parece salir del atolladero en el que se encontraba desde mayo de 2016 (al menos, ya se ha llevado a la práctica el Acuerdo de Retirada, aunque falta la parte más difícil: la nueva relación entre Reino Unido y la Unión Europea), las autoridades comunitarias han fijado su mirada en dos países que les generan particular preocupación, a saber, Italia y España, tercera y cuarta economía europea respectivamente por volumen de PIB. Ninguna de las dos parece capaz de recuperar la situación favorable que la primera disfrutó en los años noventa, y la segunda, hasta el año 2008.
Claro que ambos países no afrontan iguales problemas: mientras que el de los italianos es la deuda nacional sobre PIB, el de los españoles se trata del permanente bloqueo político. Ambas circunstancias lastran cualquier atisbo de comportamiento positivo de sendas economías. Los recursos públicos de la italiana se ven constantemente condicionados por el pago de la citada deuda (que asciende, nada más y nada menos, que al 135% de su PIB, solo superada por la de una economía diez veces menor en tamaño, la griega), en tanto que, en España, el bloqueo conduce a que no se aprueben leyes que permitan un nuevo impulso reformista. Así, lo que tiene uno, no lo tiene el otro, y viceversa. Detallaremos por qué.
Italia, cuya tendencia a exigir convocatoria de elecciones anticipadas resulta en ocasiones excesiva, se trata, sin embargo, del país de los pactos imposibles. Solo así se explica que en una misma legislatura un partido “anticasta” (aunque ya ha dejado de serlo en la práctica) como el Movimiento Cinco Estrellas pudiera sacar adelante, primero, un pacto de gobierno con un partido del centroderecha (la Liga de Matteo Salvini) y, solo un año después, realizar una nueva coalición gubernamental con la principal formación del centroizquierda (el Partido Democrático, alianza a la que se sumaron Libres e Iguales y la Italia Viva del ex primer ministro Matteo Renzi). A diferencia de ellos, en España seguimos sin saber en qué consiste una auténtica coalición de gobierno: hubo ocasión de llevarla a cabo hasta el septiembre pasado, por medio del PSOE y Ciudadanos, pero no se materializó; y, aunque ahora PSOE y Podemos pactaran formar un Ejecutivo juntos, no existe como tal, ya que, con los votos de ambas formaciones, se quedan a nada más y nada menos que 21 escaños de la mayoría absoluta. En otras palabras, mientras que los italianos son capaces de aliarse con quien haga falta, fruto de una cultura fuertemente pragmática, en nuestro país, la rigidez y los vetos siguen a la orden del día.
El problema de los italianos es la deuda nacional sobre PIB, y el español, el permanente bloqueo político
¿Qué es lo que le preocupa a la Unión Europea de ambos países? Comencemos por Italia. A pesar de ser país “fundador” (el trentino Alcide de Gasperi, ocho veces “premier” italiano, está considerado uno de los “padres” fundadores de Europa), hace décadas que sus incumplimientos en lo que se refiere al Pacto de Estabilidad (Tratado de Maastricht, febrero de 1992) han sido sistemáticos. Su deuda nacional excede con mucho lo fijado hace casi tres decenios (un máximo de un 60% de deuda sobre PIB), en no pocas ocasiones se ha saltado los objetivos de déficit, y no logra hacer bajar el nivel de desempleo del 10% (en el caso de los jóvenes, alcanza al 30%). Clave es, en ese sentido, el gravísimo problema de su mercado laboral: su Estatuto de los Trabajadores data de 1970 (es decir, precede a la crisis del petróleo que tanto cambió la dinámica económica en el mundo occidental), y no fue hasta diciembre de 2014 (con la “Jobs Act” del Gobierno Renzi) cuando se puso en marcha la primera reforma clara al respecto. Consecuencia: apenas se crea empleo, el talento se marcha fuera (solo en Reino Unido residen 700.000 trabajadores italianos), y las empresas resultan cada vez menos competitivas, lo que, a veces, les lleva a acudir a medidas proteccionistas.
Directamente relacionado con ello está el bajísimo nivel de crecimiento. Hay que remontarse al año 2000 para ver aumentos del PIB por encima del 3%, y del 2%, hasta 2007. Recientemente, ha habido varios ejercicios con descensos (2009, 2012 y 2013), y ahora, tras una etapa de recuperación del crecimiento (con los Gobiernos Letta, Renzi y Gentiloni, entre 2013 y 2018), el país ha vuelto a la recesión. Baste decir que 2019 finalizó con un trimestre en el que el PIB decreció un 0,3%, la peor cifra de su entorno. Por ello no resulta de extrañar que el país, tras casi dos años de legislatura, se haya instalado ya en un escenario preelectoral, con un posible gobierno no político a la vuelta de la esquina y unas elecciones generales anticipadas que podrían tener lugar, seguramente, en septiembre de este mismo año.
Mientras, en España, el problema se concreta en una palabra: bloqueo. Desde 2015 solo se han aprobado dos Presupuestos Generales del Estado (los correspondientes a 2017 y 2018), y da la impresión de que los de 2018 volverán a prorrogarse una vez más en 2020. Algo que, por cierto, no les sucede a los italianos, que aprobaron los suyos en tiempo y plazo, cumpliendo con las normas del Pacto de Estabilidad. Esto se debe a que los gobiernos funcionaron mientras hubo bipartidismo entre una fuerza de izquierdas (el PSOE), y otra de derechas (UCD, AP, PP). La ley electoral, que, a diferencia de la italiana, nunca se ha modificado en democracia (en el país transalpino llevan ya cuatro: las de 1953, 1993, 2005 y 2017), preveía que los dos principales partidos alcanzaran la mayoría absoluta por sí mismos, o sumando sus votos con los de aquellas formaciones que los concentraban en unas pocas circunscripciones (los nacionalistas catalanes, en cuatro; y los nacionalistas vascos, en tres). Pero, desde que en 2015 irrumpieran en la política nacional dos nuevos actores (Ciudadanos y Podemos), el sistema ha pasado de repartirse entre dos a hacerlo entre cuatro, por no decir seis, si añadimos a VOX y Más País (eso sí, mucho más relevante el primero que el segundo).
Así, la solución lógica pasaría por formar una “gran coalición” entre PP y PSOE, dado que representan a la mayoría social de este país, y también porque entre ambos podrían aprobar, no solo presupuestos, sino también una nueva ley electoral que introdujera un premio de mayoría (como ocurre en Grecia, donde se conceden 50 escaños adicionales al ganador), o una doble vuelta (en Italia se le llama “ballotaggio”, aunque, de momento, no se utiliza para las elecciones generales). Sin embargo, el PSOE ha preferido mirar a su izquierda, coaligarse con los nuevos comunistas de Podemos y con nacionalistas. Consecuencia de ello: un país paralizado hasta que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña y se sepa con quién tiene que negociar el presidente Sánchez. Mientras, la Administración presenta una operatividad muy baja: no se convocan oposiciones, no se aprueban leyes relevantes, la educación sigue a la espera de que alguien intente acabar con tan ínfimo nivel formativo, la renovación de los órganos judiciales continúa pendiente y, lo más grave de todo, no se afronta el importantísimo asunto de las pensiones, a pesar de que el sistema de reparto lleva años en situación de quiebra real. Eso sí, la deuda nacional sobre PIB, a diferencia de la italiana, no solo está controlada, sino que se ha reducido cinco puntos respecto a 2014, lo que supone una muy buena noticia. La realidad es que, en un escenario de ralentización económica, tanto España como la vecina Italia no hacen más que dar motivos de preocupación a la Unión Europea, que teme un posible “Italexit” (sobre todo si el antieuropeísta Matteo Salvini se hace con la presidencia del Consejo de Ministros), así como un estancamiento de la economía española, tras más de una década de sacrificios por parte de la ciudadanía de nuestro país. Veremos lo que el futuro depara, pero el presente deja, en ambos casos, mucho que desear.
