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7 de marzo de 2016
Por admin

El Gobierno central ha aprobado para el primer trimestre de 2016 la inyección de 6.113 millones de euros a las comunidades autónomas (CC AA) con el Fondo de Financiación. Estas líneas de crédito fueron creadas por el Ministerio de Economía en 2012, en lo más crudo de la crisis, para evitar que financiaran su deuda a los altos intereses del mercado. Pero la diferencia de las cuantías que se prestan a las CCAA en estos tres primeros meses del año son ostensibles. Se lleva la palma Cataluña, que concentra ella sola un tercio del total, 2.042 millones de euros. Tal cantidad se sitúa muy por encima del siguiente importe más alto, los 1.247 millones de Andalucía.

A pesar de verse tan favorecida en este reparto, Cataluña es una de las comunidades que más grava fiscalmente a sus ciudadanos. Lo es desde luego en el caso de las rentas bajas. Y es que con un nivel del 21,5%, su tipo marginal mínimo de IRPF es el segundo más alto de toda España, solo por detrás del País Vasco. Sin embargo, esta última, junto a Navarra y Castilla y León, no se ha adherido a las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ni del Fondo de Facilidad Financiera. Caso similar a Cataluña es el de la Comunidad Valenciana, la tercera región que más prestación va a recibir. En cuanto a las rentas altas, Cataluña también aplica el tipo más alto, junto a Andalucía, Cantabria, Rioja y Extremadura, aunque estas tres últimas regiones son de las que menos fondos percibirán del Gobierno central.

Resulta de especial interés el contraste con la Comunidad de Madrid, que presenta el tramo autonómico más bajo tanto en el tipo marginal máximo como en el mínimo, y a la que no se va a destinar ni una cuarta parte de lo asignado a Cataluña. Para darnos cuenta de las cuantías, si los préstamos del primer trimestre tuvieran que amortizarlos sólo los ocupados, a cada trabajador catalán le corresponderían 658 euros, al balear 513 y al valenciano 499 euros. ¿Podrán las regiones que incumplen el compromiso de déficit afrontar estos pagos? Si no lo hacen, las CC AA cumplidoras se sentirán agraviadas. 

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