Intente el lector contestar estas tres preguntas. Primera, ¿cómo es posible que un país que está creciendo a una tasa superior al 3% anual tenga un déficit público equivalente a casi el 5,2% de su PIB, cuando su deuda –por muy abultada que sea– se está financiando a unos tipos de interés extraordinariamente favorables? Segunda, ¿qué ocurriría si la tasa de crecimiento se redujera, por ejemplo, al 1,5% –nivel que muchos países europeos consideran hoy aceptable– o si los tipos de interés aumentaran en los mercados financieros? Y tercera, ¿tiene algún sentido que, en esta situación, haya políticos que afirmen que la solución es elevar todavía más el gasto público y que con 90.000 millones de euros más de gasto estaríamos mucho mejor?

Si ha conseguido encontrar respuestas coherentes a estas cuestiones, conoce usted, sin duda, mucho mejor que yo la realidad de este país; o, al menos, es más consciente que yo de que el sentido común es cada vez menos común en España. Y podríamos seguir haciendo nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿puede considerarse que un sector público que gasta unos 55.000 millones de euros más de los que ingresa peca por exceso de austeridad? Y, la última, ¿a nadie se le ha ocurrido que lo que indican estos datos es un problema estructural grave del sector público español, que va mucho más allá de los efectos de una crisis o de una situación coyuntural?

Hace ya casi un siglo que el gran economista austriaco Joseph Schumpeter analizó los problemas que se plantean como consecuencia del papel asumido por el Estado en la provisión de nuevos –y cada vez más costosos– servicios públicos que los ciudadanos demandan; y la contradicción que supone el hecho de que éstos no estén dispuestos a soportar la creciente presión fiscal que tales gastos implican. Este problema, muy importante en las políticas económicas de los países más avanzados desde hace bastante tiempo, pierde fuerza en los años de auge, en los que los mayores ingresos fiscales que genera la mayor actividad económica permiten financiar sin aparente mayor esfuerzo fiscal nuevos gastos. Pero, cuando cambia la fase del ciclo y la actividad se reduce, las dificultades para obtener la financiación necesaria vuelven a aparecer. Y el problema puede ser incluso mayor, ya que los nuevos gastos públicos realizados en los años de prosperidad se consolidan, en muchas ocasiones; y resulta difícil convencer a los votantes de que tienen que renunciar a algo que ya habían considerado como un derecho.

A la hora de hacer los números para explicar el déficit público de 2015 ha salido a la luz alguna partida de nuevos gastos; por ejemplo, el tratamiento con fondos públicos a los enfermos de hepatitis C. Puede haber opiniones diferentes sobre la conveniencia o no de que sea el Estado el que asuma estos gastos. Pero si llegamos al acuerdo de que es conveniente que lo haga, hay que decidir de dónde va a salir el dinero. Y hay tres posibles soluciones: o suben los impuestos, o se reducen otras partidas del gasto público o se permite que el déficit aumente y se pagan los nuevos gastos con deuda pública, la solución más cómoda, pero la menos conveniente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Se trata sólo de un ejemplo; pero nos indica cuál es el problema real. Hacer un presupuesto no consiste –o no debería consistir– en partir de lo que se gastó el año anterior y ver qué cosas se pueden añadir, según los ingresos disponibles. El sector público espa- ñol tiene muchos problemas de fondo y serios desequilibrios que, alguna vez, habrá que corregir.

Reforma necesaria

Con un sistema de financiación del gasto público tan complejo –y tan poco eficiente– como el que existe en España es lógico que surjan problemas entre la hacienda del Estado y las haciendas subestatales. A nadie puede sorprender que, desde el momento mismo en el que se conocieron los últimos datos del déficit, el gobierno nacional y los autonómicos empezaran a echarse la culpa de lo que está ocurriendo. Pero sospecho que la reforma del sector público, que es lo que el país realmente necesita, no va a figurar en la agenda de nuestros partidos políticos, que parecen inclinarse, más bien, por negociar con Bruselas un plazo más largo para ajustar las cuentas públicas.

Roland Vaubel, catedrático de la Universidad de Mannheim, popularizó hace años la “teoría del cubo de basura” para explicar el papel que algunas organizaciones internacionales desempeñan en el diseño de polí- ticas económicas necesarias para algunos países, cuyos gobiernos no se atreven a hacerlas efectivas por miedo a que a sus votantes no les gusten. Me temo que, en lo que se refiere al déficit público, la teoría es perfectamente aplicable a nuestro país. El control externo no es la mejor de las soluciones posibles. Pero, en lo que se refiere a los desequilibrios de las cuentas del sector público español, estamos mejor ciertamente bajo el protectorado de la Unión Europea.