Hace algunos días me comentaba un colega alemán que no entendía la obsesión de tantos españoles por acabar con el bipartidismo; y, sobre todo, que no comprendía por qué mucha gente parece estar convencida de que las cosas van a ir mejor con más partidos políticos adoptando decisiones de gobierno. El recuerdo de Italia y sus gobiernos de coalición es inevitable; como lo es también el hecho de que dichos gobiernos, lejos de permitir un mayor control de la actividad pública y evitar la corrupción tuvieron como resultado justamente lo contrario. Y, en lo que a la gestión de la economía respecta, el modelo multipartidista fue causante en buena medida de la elevada deuda pública que Italia arrastra desde hace muchos años.
Los resultados preliminares de las elecciones autonómicas y municipales no permiten afirmar que España se haya llenado de pronto de partidos. Es verdad que dos –Podemos y Ciudadanos– han surgido con fuerza, más el primero que el segundo. Pero otros han quedado al borde de la desaparición: Izquierda Unida y UPyD. No parece que vaya a haber, por tanto muchos más partidos. Pero sí que el porcentaje de votos que cada uno de ellos ha obtenido va a cambiar, en muchos casos, el modelo de formación de gobiernos al que, hasta ahora, estábamos acostumbrados.
Y me gustaría llamar la atención sobre otro tema, del que se ha hablado poco antes de estas elecciones: la restricción que esta estructura impone a cualquier gobierno que quiera adoptar medidas de reforma. Por razones obvias, las coaliciones tienden a reforzar el status quo. Cambiar siempre es difícil; y hacerlo sin una mayoría parlamentaria sólida lo es aún más. Y este país –y, en concreto, sus comunidades autónomas y sus ayuntamientos– necesitan aún muchas reformas.
EQUILIBRAR LAS CUENTAS
Algunas comunidades y ayuntamientos siguen con serios problemas para equilibrar sus cuentas; y en aquellos en los que Podemos puede ser el partido decisivo, bien para gobernar, bien para darle el poder al PSOE, se van a poner sobre la mesa promesas de gasto público que, si realmente se aplicaran, dejarían las finanzas en situación muy difícil.
Ha sido frecuente culpar a las comunidades autónomas del exceso de gasto público que ha se ha producido en nuestro país en los últimos años; y señalar que la Administración central, aunque no sea, desde luego, un modelo de eficiencia y austeridad, al menos ha sido capaz de controlar sus gastos y de reducir algo su dimensión. Frente a ella, las comunidades autónomas habrían crecido sin límite, se habrían endeudado mucho más allá de lo razonable y constituirían la mayor amenaza a la consolidación fiscal que España necesita. Con los cifras en la mano es posible, desde luego, llegar a una conclusión de este tipo. Si se comparan las tasas de crecimiento del gasto, del número de empleados públicos o del endeudamiento, es evidente que las cifras que presentan las comunidades autónomas son peores que las de la Administración central.
La estructura del gasto público en nuestro país es especial en el contexto internacional porque el porcentaje del gasto público que controla la Administración central es más reducido que el de otros países de larga tradición federal, como los Estados Unidos o Alemania. Y dado que el nivel de gasto de las Administraciones locales es relativamente bajo en España, resulta que el peso fundamental del gasto público recae en las comunidades autónomas. Sin excluimos los gastos financieros y los de Seguridad Social, las comunidades autónomas controlan hoy más gasto que el Estado y las Administraciones locales juntas.
Las razones de esta falta de rigor en muchas comunidades autónomas son diversas. Por una parte, tiene poco sentido comparar la evolución del gasto de dos tipos de administraciones públicas que tienen unas competencias muy diferentes. No es lo mismo, en efecto, reducir el gasto en obras públicas que hacerlo en la prestación de servicios educativos o sanitarios; en especial cuando, desde todas las administraciones, con muy pocas excepciones, se insiste en que estos gastos no se van a recortar en ningún caso. Poca duda cabe de que también en estos dos campos habría que racionalizar el gasto y reducir –o incluso eliminar– algunos de los servicios que hoy se prestan. Pero cuando se ha intentado llevar a cabo una reducción selectiva del gasto público, las comunidades autónomas se han encontrado con que dos terceras partes de su gasto se dedica precisamente a estos sectores. Y es importante también el hecho de que, aunque el Estado ha perdido el control del gasto en estas actividades, conserva competencias regulatorias muy relevantes. Y esto significa que las comunidades autónomas, aunque quisieran, no podrían reducir determinadas partidas presupuestarias, simplemente porque la norma estatal se lo impide.
Todo esto va a convertirse en temas de debate, como consecuencia de los cambios que van a tener lugar en el gobierno de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos. Queda ya poco tiempo para las próximas elecciones nacionales y será difícil que se introduzcan cambios en el modelo de financiación autonómica. Pero no cabe duda de que cuando, a finales de año, se forma un nuevo gobierno en España, sea del color político que sea, la cuestión autonómica va a cobrar un nuevo protagonismo.
Más difícil aún resulta valorar lo que puede suceder en algunos ayuntamientos importantes. En el momento de escribir estas líneas la situación de Madrid no está clara. Pero la de Barcelona es francamente sorprendente. Cualquier cosa puede suceder. Pero hay muchas razones para estar preocupados.
