17
may
OkDiario

La crisis del coronavirus ha supuesto una distorsión en el mercado laboral de enormes proporciones. La OCDE ha advertido esta semana de que nos hallamos ante una escalada sin precedentes en las cifras de desempleo en el mes de abril, algo que afectará de forma notable a nuestro país tras tras el incremento de la tasa de paro en marzo, cuando ascendió al 14,5%. La pandemia y las medidas adoptadas para combatirla están probando un gran impacto en el mercado laboral y es por ello por lo que vuelve a ponerse sobre la mesa la carga fiscal que soportan los trabajadores.

Tal y como ha avisado el Banco de España, la contracción económica que experimentará la economía española, podría dejar a una quinta parte de la fuerza laboral disponible en el país en situación de desempleo. Los pronósticos reflejan una tasa de paro que podría situarse en el 22%; y es que, si contamos los 3,4 millones de afectados por un ERTE, la tasa de paro, en estos momentos, estaría en niveles superiores al 30%. En este sentido, teniendo en cuenta que la tasa de paro media de la serie histórica se sitúa en el 17%, una elevada carga de parados para un país que, con un desempleo estructural de partida ya muy elevado, podría seguir consolidando su puesto como uno de los países con más parados de la Unión Europea; máxime si nos referimos a paro juvenil, donde, superando a Grecia, sí nos posicionamos a la cabeza del ranking.

Al margen, para aquellos que sí conservan su puesto de trabajo, los efectos de la crisis están provocando una caída en sus ingresos brutos a través de tres grandes cargas fiscales: el IRPF, las cotizaciones a la seguridad social tanto de la empresa como de los empleados, y los impuestos indirectos de entre los que destaca el IVA. Pues bien, tal y como señala el estudio publicado por la Tax Foundation A Comparison of the Tax Burden on Labor in the OECD, elaborado por la economista Cristina Enache, la carga fiscal media del asalariado medio en la OCDE fue de 36,1% en 2019. Esto es, ha disminuido 1,4% en dos décadas.

En cuanto a la carga fiscal de los diferentes países, se observan diferencias muy notables. Los países donde el trabajo sufre un mayor impacto fiscal son Bélgica y Alemania, con una carga de 52,2% y 49,4%, respectivamente, seguidas de Italia y Austria con 48%. En la parte baja de la clasificación se encuentra Chile, con una carga fiscal de 7,0%, y a cierta distancia de ésta le sigue Nueva Zelanda, con 18,8%. En cuanto a España, esta se encuentra por encima de la media de la OCDE, con una cuña fiscal de 39.5% sobre el salario, ocupando así el decimoquinto puesto.

A la vista de la elevada carga fiscal, convendría que las medidas adoptadas en España apostasen por reducirla dado que, en general, una mayor carga fiscal conduce a menor empleo y salarios más bajos. Justo lo contrario de lo que necesita España con cada vez mayor urgencia. Y es que, como refleja la Ley de Okun, donde el estudio de su evolución a lo largo del tiempo y su comparación entre países nos ofrece un análisis interesante y que nos permite obtener conclusiones sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo, muestra un comportamiento peculiar en la economía española.

Crear empleo

Un comportamiento en el que se muestra una mayor sensibilidad del empleo a las variaciones en el crecimiento económico. Es decir, cuando el país sobrepasa el umbral del 0,3%, la economía española comienza a crear empleo a un mayor ritmo, aunque explicado por su elevada tasa de desempleo estructural; mientras que, por otro lado, cuando España supera su umbral, el cual se encuentra en terreno negativo (-0,41%), la economía española, debido a una serie de factores que recoge un estudio realizado por el portal académico “Nada es Gratis”, la economía española, debido también a su elevada tasa de temporalidad en la contratación, comienza a destruir empleo de forma más intensa que otras economías europeas.

En este sentido, y concluyendo, teniendo en cuenta que la contracción que pronostica el Banco de España, el cual hemos matizado desde Fundación Civismo, la contracción del PIB español podría situarse en una horquilla de entre el 6% y el 18%. En Civismo, esta contracción la hemos situado entre el 9% y el 11%. Así, atendiendo a lo mencionado anteriormente, dicha contracción, en línea con lo que recoge la Ley de Okun, podría llevarnos a un escenario de destrucción de empleo masivo, por lo que incentivar la contratación y ofrecer facilidades a las empresas para que estas se vean motivadas a ello es una necesidad inminente para recuperar, en primer lugar, el empleo, así como, en última instancia, la economía.


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