El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha sufrido un ataque informático que ha perjudicado su actividad durante varias semanas. Este asalto no es un hecho insólito, sino frecuente en grandes compañías, tanto públicas como privadas. La razón por la que no estalla una alarma social que nos obligue a proteger mejor los ordenadores es que no nos enteramos.
A menudo estas intromisiones masivas se sufren en silencio y, además, se denuncian escasamente en las comisarías para salvaguardar la reputación de la entidad invadida. Otro motivo de tanto ataque es que hay demasiadas empresas que, confiadas en su invulnerabilidad pasada, no invierten suficiente en ciberseguridad, con lo que al paso de los años sus sistemas se quedan obsoletos.
Conviene advertir que la mayoría de las corporaciones y particulares ceden ante el chantaje de los violadores informáticos y satisfacen grandes sumas a los extorsionadores. No tienen otro remedio, porque necesitan recuperar el acceso a sus datos para que la compañía pueda seguir funcionando. La opción de notificar el delito a la policía no consigue resolver el problema, porque los delincuentes saben bloquear la información secuestrada. Si los hackers han conseguido entrar en la red militar de Occidente, el Pentágono norteamericano incluido, ¿qué no podrán hacer en empresas civiles con sistemas de seguridad más vulnerables?
Para valorar la fortaleza informática del sector público, utilizaremos el último Índice de Desarrollo Electrónico de los Gobiernos de Naciones Unidas. Estonia y Dinamarca lideran este ranking, ambos países con 0,9758 puntos. Les siguen Finlandia (0,9452) y Suecia (0,9365), mientras que ocupa el undécimo lugar entre los 26 países europeos que pertenecen a la OCDE. La clasificación la cierran Hungría (0,7745), Letonia (0,7798), Eslovaquia (0,7817) y Grecia (0,8021).
Respecto a la dimensión personal de los hackeos analizamos el porcentaje de particulares atacados en operaciones financieras del estudio de Comparitech. Lituania y Eslovenia encabezan esta clasificación con un 0,60% de afectados y lo cierran Dinamarca, Suecia e Irlanda con un 0,10%. La correlación entre las dos variable valoradas muestra una correlación de – 0,32, lo que implica que un alto desarrollo electrónico de un Gobierno reduce el pirateo en las operaciones financieras.
El informe sobre las tendencias de ciberataques para 2021 elaborado por Entelgy Innotec Security muestra que la pandemia favorece que las empresas más atacadas sean las del sector sanitario, las farmacéuticas y los centros de investigación. La necesidad del teletrabajo es otra causa por la que los asaltos a los sistemas han sido más fáciles, al ser el soporte informático de los hogares más vulnerable que el de las empresas.
Aunque en el proyecto de reforma del Código Penal se adjudica la categoría de delito a las ataques informáticos, no parece que una mayor penalización vaya a frenar uno de los negocios ilegales más lucrativos. La proliferación de las criptomonedas favorece que los genios del hackeo puedan ocultar sus pingües ganancias, lo que supone que estos piratas queden impunes. El uso del dinero en efectivo ayuda a frenar la actividad ilegal, porque los billetes son una prueba física, mientras que toda transacción electrónica es potencialmente accesible a un hacker perspicaz.
