18
feb
La Razón

Segundo intento en un año del Gobierno para aprobar nuevos impuestos, las llamadas «tasa Google» y «tasa Tobin». El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a los proyectos de ley de los tributos sobre Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras. El 18 de enero de 2019 ya aprobó estos mismos impuestos, aunque nunca llegaron a ver la luz tras el fracaso de los Presupuestos Generales y las posteriores convocatorias electorales de abril y de noviembre. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un nuevo intento de introducir estos impuestos, aunque con cambios frente a la versión inicial: una recaudación muy inferior a la prevista hace un año. Es decir, los cálculos de 2019 estaban inflados, pues la base que sostiene el tributo es la misma.

En concreto, estima unos ingresos anuales de 968 millones de euros, frente a los 1.200 millones que calculaba hace un año. Esto supone una merma de 232 millones, lo que equivale a un recorte del 20% en la previsión de recaudación de la «tasa Google». Además, el Ejecutivo ha decidido aplazar hasta final de año el cobro del impuesto como forma de aplacar la presión de Estados Unidos ante lo que considera ataques contra algunas de sus mayores empresas (Google, Facebook, Amazon, Apple, etc). El Ministerio de Hacienda apunta a que se trata de una medida «excepcional» para este primer año, y reconoce que lo hace para «dar un mayor margen a las negociaciones a nivel internacional, con idea de llegar a un consenso global en los próximos meses y, además, facilitar la adaptación de las empresas afectadas».

Respecto a la «tasa Tobin», la previsión es que se ingresen unos 850 millones de euros anuales, el mismo cálculo que hace un año. Esto hace un total de 1.818 millones de euros más entre los dos nuevos tributos, si bien estos datos podrían estar inflados, a juzgar por el análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La institución valoró el impacto recaudatorio que tendrían estas dos tasas en dos escenarios, uno positivo y otro negativo, en cuyo caso la recaudación conjunta quedaría en la mitad de la estimada por Hacienda: 966 millones.

Para la «tasa Google», la Airef estimó un rango entre 546 millones de euros en el peor de los casos y 968 millones en el mejor. Curiosamente, esta cifra elaborada en su día bajo el mandato en la Airef del actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es justo la que ha elegido el Gobierno para su nuevo cálculo. En el caso de la «tasa Tobin», la Airef preveía unos ingresos de entre 420 y 850 millones, siendo también el mejor escenario el que ha elegido el Ejecutivo para sus cálculos.

Ni los sindicatos creen los cálculos de Hacienda

En este sentido, los sindicatos han celebrado la “valentía” del Gobierno ante la aprobación de los “justos” y “necesarios” nuevos impuestos sobre transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, si bien los ven “insuficientes” y reclaman una profunda reforma fiscal. De hecho, CC OO reduce la recaudación de las nuevas tasas a unos 1.000 millones de euros, frente a los 1.818 millones que estima el Gobierno. Además, según un estudio de la Fundación Civismo, la tasa Google se traducirá en una reducción neta de 302,6 millones de euros del PIB de España durante el primer año de implementación.

Además de los problemas con los ingresos previstos, la naturaleza de estos impuestos también ha dado un giro respecto a las planes iniciales del Gobierno de Sánchez. Nada más llegar a La Moncloa en el verano de 2018, el Ejecutivo, por boca de la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró que la recaudación nuevos tributos iría destinada exclusivamente a sostener el sistema público de pensiones. Ahora, este carácter finalista ha desaparecido del proyecto, como ya sucedió en el primer intento de enero de 2019.

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales busca, según Hacienda, eliminar el agravio que supone para los negocios tradicionales el auge de los ingresos por la publicidad en internet, los servicios de intermediación prestados por plataformas digitales y el tráfico de datos en la red, pues «hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas». El impuesto, del 3% de estos servicios, afecta a empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de tres millones en España. Para la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), tendrá «duras consecuencias» en la economía española al aplicarse de forma unilateral y causará una fuerte pérdida de competitividad. El Impuesto sobre Transacciones Financieras gravará con el 0,2% la compra de acciones de empresas españolas con un valor bursátil de más de 1.000 millones de euros.


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