Una de las mayores tentaciones inherentes a la naturaleza humana es tratar de hacer cambios radicales cuando las cosas van mal, sin importar tanto las consecuencias como el propio proceso en sí. «Moverse siempre será mejor que estar parados», aducen muchos. En base a esta tendencia hemos visto el auge de ciertos partidos en las elecciones europeas, a lo largo de todo el continente, pero con especial incidencia en España, el desarrollo de nuevas formaciones políticas «ciudadanas» de cara a los próximos comicios municipales o el referéndum planteado en Cataluña.
Estos procesos se parecen a una gran bola de nieve que se desliza ladera abajo, muy difíciles de poner en marcha, pero todavía más difíciles de frenar. Su principal problema es que gran parte de la población no se preocupa de los previsibles resultados hasta que la bola de nieve adquiere una velocidad de vértigo. Por ello, a veces conviene prestar atención a los inversores: arriesgan su dinero y funcionan como los canarios de las minas, alertando del peligro cuando todavía es posible coger el toro por los cuernos.
El mejor ejemplo de esto lo tenemos en Cataluña, que registró entre abril y junio el trimestre con menor inversión extranjera de su historia estadística, que comienza en 1993, coincidiendo con la escalada del desafío soberanista. Desde que Artur Mas asumió el Gobierno en 2010, la región apenas ha recibido una cuarta parte de los flujos de inversión extranjera desembolsados en Madrid, a pesar de que su peso en el PIB es muy similar. Además, esta diferencia se ha acentuado en los últimos meses, cayendo un 66% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Es cierto que la inversión se ha reducido en toda España; el país era una ganga para los inversores en 2013 y las oportunidades más claras ya se habían agotado en el año actual. Sin embargo, no es normal que la caída de Cataluña casi duplique a la de Madrid, y que además suponga más de una cuarta parte del desplome en el conjunto de España.
Dado que el frenazo es generalizado, conviene analizar los datos conforme a la importancia que cada comunidad tenga en el PIB. De esta forma, se crea un índice en el que el dato 100 significa que la inversión refleja exactamente el mismo peso que su actividad económica. Con estas cifras, podemos comprobar que la mayor parte de las comunidades están completamente ‘fuera del radar’. Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Navarra (región perjudicada por estar su gobierno en minoría parlamentaria), Extremadura, La Rioja, Aragón y Murcia tienen que ofrecer mayores ventajas que otras regiones para compensar su escaso tamaño y atraer a los inversores.
En segundo lugar, se encuentran aquellas que no son una referencia, pero que ocasionalmente reciben un dinero significativo: Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña y Castilla y León. Finalmente, tras los riesgos soberanistas en Cataluña, sólo Baleares, País Vasco y Madrid se encuentran por encima de la media nacional. País Vasco, además, ha sido una de las comunidades que han salido mejor paradas en el último trimestre, una señal de que los inversores premian la estabilidad institucional y financiera frente a las aventuras.
