El acuerdo sobre Grecia, alcanzado in extremis en la reciente cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países de la eurozona, ha dejado claro tres cosas: una, la capitulación del Ejecutivo de Alexis Tsipras ante el Eurogrupo y la aceptación de un recorte significativo de la soberanía del país en materia de política presupuestaria y económica. Esto incluye la gestión europea de un Fondo fiduciario al que el Ejecutivo tendrá que trasladar activos públicos helenos para que sean privatizados, aunque el volumen (unos 50.000 millones de euros) es moderado en comparación con la enorme cartera de activos que tiene el Estado (unos 300.000 millones de euros en concepto de puertos marítimos, aeropuertos y otras infraestructuras, empresas, inmuebles, participaciones etc.). El Gobierno también tendrá que aceptar la presencia del FMI en un futuro programa de rescate, a pesar de que Tsipras quería desterrarlo y su exministro de Finanzas, Varufakis, lo calificó de «criminal». Que tomen nota los populistas de otros países, sean de la extrema derecha (Front National), sean la izquierda radical (Podemos): las reglas, por las que se rige la Unión Monetaria Europea (y toda la UE) hay que cumplirlas y no se pueden alterar unilateralmente según convenga para quedar bien con su electorado.
Dos, la amenaza de un Grexit se ha alejado, de momento. El BCE volverá a activar frente a Grecia su línea de financiación emergente, por lo que el «corralito bancario», decretado el 29 de junio, podría ser levantado. Probablemente se hará de una forma gradual, aumentando las cantidades de dinero que los ciudadanos pueden retirar de los bancos por encima de los 60 euros diarios actuales, con el fin de evitar una eventual desbandada de depósitos, como en el pasado, por parte de empresarios y hogares desorientados e intimidados. Por el mismo motivo se mantendrá durante algún tiempo el control de capitales, con ligeras suavizaciones (como se hizo en Chipre).
En tercer lugar, y bajo el supuesto de que refrendarán el acuerdo aquellos parlamentos nacionales que en Alemania y en otros cinco países-euro tienen que ser consultados, se iniciarán próximamente las negociaciones entre el Fondo Europeo de Estabilización (MEDE) sobre las condiciones de nuevo plan de rescate en toda regla, el tercero en cinco años. Se habla de un volumen estimado de más de 80.000 millones de euros para tres años. La ayuda financiera, si finalmente se concede, habría de ser utilizada prioritariamente para atender vencimientos de la deuda griega y para recapitalizar los maltrechos bancos helenos. Las negociaciones van a ser muy complicadas, sobre todo en cuanto al futuro ajuste fiscal, porque el Gobierno lo enfoca casi sólo por la vía de subida de impuestos sin apenas reducciones significativas del gasto público, que es el modo más eficiente para la consolidación de presupuestos, como revelan la evidencia y el análisis económico. Además los dirigentes políticos se han callado que el MEDE tendrá que hacer la vista gorda a lo que dicen sus propios estatutos (artículo 13): que un país sólo puede recibir ayuda si su deuda soberana es sostenible. En Grecia, que registra una deuda equivalente al 177 por ciento del PIB, el criterio de sostenibilidad no se cumple. Según las reglas del FMI, la deuda no debe exceder el 120 por ciento del PIB para que sea manejable. No en vano, su directora general, Christine Lagarde, venía reclamando estos últimos días una «restructuración» de la deuda griega, es decir, una nueva quita, ahora con cargo a los contribuyentes de los demas países de la zona euro. Tsipras también la quería, pero la canciller Merkel y otros mandatarios, con buen criterio, se lo denegaron.
Ha sido muy curioso que el Gobierno heleno solicite un plan de rescate cuando Tsipras y los demás líderes de Syriza habían prometido a sus votantes que ellos, si gobernaban, no pedirían otro rescate con contra prestaciones en forma de ajuste fiscal y reformas estructurales.
También llama la atención que el paquete de propuestas que presentó el Gobierno heleno al MEDE el día 10 de julio contiene una serie de medidas, como subidas de impuestos, recortes de las pensiones, desregulación de mercados y privatizaciones contra las que habla arremetido su presidente y contra las que habla movilizado la población en el referéndum del 5 de julio. Los ciudadanos que votaron con un aplastante «no» (61,3 por ciento) tienen que sentirse engañados al ver cómo Tsipras de hecho ha transformado en pocos días el resultado del referéndum en un «si».
Esto pone sobre la mesa un problema fundamental que no ha sido resuelto en la Cumbre Europea: la deteriorada credibilidad del Gobierno de Tsipras. La confianza es imprescindible para un Gobierno que quiera ser tomado en serio, tanto en los mercados como en el ámbito político nacional e internacional. Bajo este Ejecutivo el clima económico en el país ha empeorado tanto que la incipiente recuperación económica a principios de año se ha desvanecido y hay otra vez recesión; y la inversión directa extranjera se ha frenado en seco. La confianza no volverá al país mediante el acuerdo europeo, así por las buenas. Habrá que esperar a si el parlamento heleno aprueba lo acordado y las múltiples concesiones que ha tenido que hacer Tsipras. La gran incógnita está en cómo reaccionará su propia coalición. Si son numerosos los diputados que se niegan a aceptar lo acordado y Tsipras necesitará los votos de la oposición para seguir adelante con la rapidez y contundencia que le ha exigido el Eurogrupo, el futuro de este Gobierno quedarla en el aire. Grecia estaría abocada a una fase de inestabilidad política, lo cual es veneno para la actividad económica.
El giro de 180 grados de Tsipras no pudo menos que sembrar recelo y suspicacias, que persisten. ¿Por qué nos vamos a creer que el Ejecutivo actual se va a comportar mejor que los Gobiernos anteriores y cumplir con lo que ahora ha aceptado? ¿En dónde están las garantías de que mejoraría la eficacia de la Administración Pública, que se creará una agencia tributaria competente, que se establecerá un registro catastral fehaciente que permita recaudar los impuestos sobre bienes inmobiliarios, y que los grandes defraudadores fiscales, sobradamente conocidos, serán obligados a pagar los impuestos que le deben al Estado?
Un argumento que volveremos a oír en los próximos días es que este plan de rescate servirá para «comprar tiempo» y hacer así posible que el Gobierno heleno implemente las reformas estructurales necesarias sin que la actividad económica en el país se desmorone y el desempleo, que es el más elevado de la zona euro, se dispare más. El argumento suena bien, pero en el caso griego al día de hoy no es convincente. Pues Grecia es el ejemplo evidente de que la estrategia de compra de tiempo ha fracasado estrepitosamente durante los últimos cinco años, a diferencia de Irlanda y Portugal, además de España como perceptor de una ayuda bancaria. La explicación está en que estos tres países querían subsanar sus problemas, sus Gobiernos han tomado muchas medidas impopulares y han asumido el desgaste político que esto acarreaba, y los ciudadanos se han apretado el cinturón, por doloroso que haya sido. Grecia es todo lo contrario: sus políticos están más interesados en ejercer el poder con clientelismo descarado que en modernizar el país de abajo a arriba, y sus ciudadanos son muy proclives a explotar el Estado, evadiendo impuestos, cobrando pensiones generosas sin haber cotizado adecuadamente para ellas, y luchando con uñas y dientes por conservar los «derechos adquiridos». La pregunta del millón es si se produciría a partir de ahora un cambio de mentalidad en este país. Si se produce, el nuevo rescate habría valido la pena. Pero si no, Grecia continuaría siendo un lastre para el euro y en tres años muchos se arrepentirán de no haber facilitado hoy una salida ordenada del país de la zona euro.
