16
sep
El Mundo

Las grandes tecnológicas pagan impuestos, pero los menos posibles y no donde cada gobierno desearía. Basta fijarse en España: los cuatro gigantes digitales desembolsan al año un total de 23,9 millones de euros (9,1 millones de Google, 10,1 millones de Apple, 0,2 millones de Facebook y 4,4 millones de Amazon). Esas cuatro empresas facturan cientos de miles de millones en el mundo; son omnipresentes en los dispositivos, pero no en las arcas públicas.

En este escenario, las propuestas del PSOE para reeditar el ultimo Ejecutivo recogen la creación del «Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan». La tasa Google, como ha quedado bautizado el impuesto, encaja en «un nuevo modelo fiscal en torno a los datos», según expresó la pasada semana Pedro Sánchez en un foro tecnológico organizado por Ametic.

Javier Santacruz, investigador principal del think tank Civismo, considera que un impuesto de esas características funcionaría como «un freno al crecimiento del mercado digital en España, un arancel en la práctica que aislaría al país del resto de Europa y un coste añadido de control e inspección en muchos casos más caro que la propia recaudación que se pretende obtener», tal y como indica a EL MUNDO. Esta plataforma de tesis liberales estima que las empresas de internet asumen ya un tipo efectivo medio de entre el 49,67% (las pequeñas) y el 61,5 (las grandes). Sin embargo, la Comisión Europea resalta que las compañías digitales asumen un 9,5% de impuestos frente al 23,2% de las convencionales. Las cuentas no acaban de cuadrar, mucho menos si se observan los resultados de las big tech en España, gigantes globales que reducen a mínimos su carga fiscal. Si el foco se pone en internet es porque la actividad económica a día de hoy pasa por ahí inevitablemente.

Por sus dimensiones, aparecen en todos los debates Google, Apple, Facebook y Amazon (los llamados GAFA) o, si se incluye a Netflix, los FAANG (para remitir a fang, colmillo en inglés). «La digitalización ha exacerbado el hecho de que, para generar negocio, no tengo que estar en un país; no lo necesito», sostiene Álvaro Sánchez-Herrero, del área de Tecnología, Telecomunicaciones, Entretenimiento y Ocio de PwC: «Todas las estructuras de derecho tributario internacional previas han pivotado sobre el concepto de establecimiento permanente, que requiere fisicidad», agrega.

Esa única vara de medir forma parte del pasado, por lo que la actividad económica presencial y la tributación se han desacoplado. Los gobiernos han tomado cartas en el asunto, con Francia –enfrentada a EEUU si hace falta– como principal ejemplo, aunque hay otros como Hungría, Italia, India, Chile, Nueva Zelanda, Reino Unido y, por supuesto, España.

La tasa gala carga el 3% de los ingresos para compañías que facturen 25 millones en Francia o 750 millones en todo el mundo. El grupo socialista aspira a recaudar en España 1.200 millones de euros al año, una previsión que distintos estudios rebajan. Otros partidos políticos, como el PP, avisan de que una tasa Google perjudicará a España en la competencia internacional. «En el mejor de los escenarios, estaríamos en torno a los 900 millones de recaudación, pero el coste en toda la cadena de valor sería de más de 300 millones anuales», calcula Santacruz. Las asociaciones Adigital y Ametic estiman que el impacto negativo en el PIB se cifraría «entre 586 y 662 millones».

Tanto el IDSD español como la normativa francesa, que ya ha sido aprobada, toman como referencia los ingresos en vez de los beneficios, a diferencia del Impuesto sobre Sociedades y de la solución global que se persigue mediante consenso de 130 países y beneplácito de la OCDE antes de que finalice 2020. «Emmanuel Macron dice que, cuando se llegue al acuerdo sobre cómo debe tributar la actividad internacional, ya hará cuentas», repasa Sánchez-Herrero. «No podemos encontrarnos con el desbarajuste de tener que arreglar luego los sistemas establecidos en cada país en el que operamos», expone a este diario un directivo de uno de los gigantes de internet. Google subraya a EL MUNDO que cumple con las leyes tributarias y que además ejerce de motor de crecimiento para el país. En conversación con este periódico, fuentes de Amazon sacan a relucir que, además del Impuesto sobre Sociedades, epicentro de la controversia, emplean a 5.400 trabajadores (IRPF) en 23 sedes (IBI) y alojan a 8.000 empresas españolas en su mastodóntico market place. Paul MacDonnell, director ejecutivo de la Global Digital Foundation, mantiene que, además, «muchos consumidores percibirán la tasa digital como una tasa a un pecado, a algo que está mal, como las que se aplican al alcohol o al tabaco».

La vista está puesta en los GAFA, pero no se puede olvidar a otros como Microsoft, la corporación con mayor capitalización bursátil. En su discurso de investidura fallida, Sánchez recordó desde la tribuna que «una conocida plataforma digital pagó en España algo más de 3.000 euros en impuestos», en referencia a los 3.146 euros abonados por Netflix en 2018. «Cargar contra la banca española sale caro, pero todo si se tiene en cuenta la deuda de los partidos, pero no pasa nada si se critica a empresas norteamericanas», protesta un cargo del ámbito tecnológico. Cabe recordar que los 10,1 millones de Apple, la que más impuestos paga en España entre los GAFA, están muy por debajo de los 464 millones del Santander sólo en concepto de Sociedades para 2018 o de los 360 millones procedentes de Inditex.

¿Pagan entonces impuestos los gigantes de internet? Según estudios como el publicado por el think tank europeo Ecipe, sí: el Impuesto sobre Sociedades de Alphabet (Google) estaría en torno al 26% en la media de los últimos 10 años; el de Netflix, en el 26,29%; y el de Amazon, en el 48,93%. «Pueden compararse con sectores como la alimentación, el automóvil o las telecomunicaciones», afirma MacDonnell. Otros opinan bien distinto, como el ITEP (Institute of Taxation and Economic Policy), que ha expuesto cómo Amazon, no sólo se libró de pagar impuestos federales en 2018 en EEUU, sino que incluso recibió una compensación gracias a las deducciones y el recorte del Impuesto sobre Sociedades del 35% al 21% en la era Donald Trump.

La ingeniería fiscal de los colosos digitales se intrinca especialmente en la UE, donde cualquier reforma fiscal conjunta requeriría una unanimidad que con la tasa Google no se ha logrado. Para empezar, el Impuesto sobre Sociedades varía según el país, de manera que el 25% de España dobla el 12,5% de Irlanda. Google, Apple y Facebook tienen sede en ese país, en el que además no resulta complicado remitir los compromisos a paraísos fiscales con una tributación aún más favorable, si no nula.

«Poner tasas a la digitalización es negativo, y una tasa Google tal y como se plantea afectaría sobre todo a pymes y consumidores; esto sucedería, no porque las corporaciones lo trasladen, sino porque la tasa afecta a cualquier punto de la cadena de la actividad», advierte Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups.

Algún ajuste fiscal parece recomendable, pero toda decisión unilateral implica riesgos cuando se compite de forma global. Amazon ya ha dejado claro qué ocurrirá con el impuesto: «No tendremos más remedio que pasárselo a nuestros colaboradores comerciales. Reconocemos que esto puede poner a las pequeñas empresas en Francia en desventaja competitiva». España avanza en ese mismo sentido, ¿sola o acompañada?


Deja un comentario