Por Víctor M. Guzmán del Pino

El objeto fundamental de cualquier Administración Tributaria es la aplicación de los tributos sin que exista fraude fiscal. Es decir, que los obligados paguen correctamente sus impuestos de forma voluntaria. Para ello deben darse una serie de circunstancias.

1. Una educación cívico-tributaria que mentalice a los ciudadanos de la necesidad del pago de los impuestos para poder convivir en una sociedad organizada, en la que se presten unos servicios públicos necesarios para que dicha convivencia sea libre y pacífica. Dicha educación debe comenzar a partir de una edad temprana. En este sentido la Administración Tributaria española está avanzando eficazmente en esa dirección, a través de charlas, visitas de colegios a las delegaciones, material didáctico…

2. Que los impuestos que se apliquen sean justos y razonables. Dos impuestos que no cumplen con esos principios son el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. No se pueden mantener unos tributos que graven el stock de capital como así lo indica en un reciente estudio Tax Foundation al definirlos como una mala política económica. Pues las consecuencias de su aplicación son negativas para el crecimiento económico (desincentivan la inversión) y por tanto para la creación de empleo. En este sentido, aunque sea paradójico, al mantenerlos, lo único que se consigue es mayor desigualdad social. De ahí que actualmente en todos los países de la UE (a día de hoy no está vigente en España para el ejercicio 2018) no existe el Impuesto de Patrimonio. Recientemente, Francia, que junto a España era el únicos que mantenía el grava men, lo ha suprimido a partir del 1 de enero de 2018, cumpliendo un año antes lo previsto en el programa de Macron. El primer ministro francés dijo, al eliminarlo, que “asumía una medida en nada popular porque era útil para la economía”. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, indica: “El objetivo de la medida es estimular la economía, pues alentaría a las grandes fortunas a invertir en la economía real además de frenar el éxodo de millonarios y emprendedores. Hay que aliviar la fiscalidad del capital para financiar nuestra economía. Su permanencia impide a las empresas financiar su desarrollo e innovar, por lo que su eliminación liberará dinero para relanzar las inversiones y el crecimiento”.

Podemos decir a día de hoy que ningún país de la UE grava el patrimonio personal de sus ciudadanos con el único objetivo de alcanzar un mayor crecimiento económico a través del relanzamiento de la inversión con la consiguiente creación de empleo, disminuyendo así la desigualdad social. Solo recordar que en España se eliminó en el año 2007, y posteriormente se restableció y ha estado vigente desde 2011 hasta 2017 a través de consecutivas prórrogas. Rectificar es de sabios, pues gravar el ahorro acumulado sería ir en dirección opuesta a lo que hacen el resto de los países de la UE y prácticamente todo el mundo occidental. La realidad económica demuestra que para que haya empleo tiene que haber inversión. Y sólo se pueden financiar con ahorro.

En caso de que España en los Presupuestos de 2018 apruebe su prórroga, sería el único país de la UE que tenga un impuesto sobre el patrimonio y también sería el único país que después de haberlo eliminado lo ha restablecido. La excepción sería la Comunidad de Madrid (está bonificado al 100%) que muy acertadamente lo ha suprimido en la práctica, de ahí que sea líder en crecimiento y creación de empleo, al constituir con su régimen fiscal un polo de atracción de la inversión empresarial. Y lo único que ha hecho es aplicar el régimen fiscal que existe en el resto de los países de la UE. Esperemos que en el debate en el Parlamento de los Presupuestos no se produzca su prórroga y consigamos así que España no sea una excepción en Europa.

3. Que exista un verdadero control del gasto público. Esta cuestión cada vez tiene mayor importancia para que desaparezca el fraude fiscal. Tantas veces los defraudadores justifican sus actuaciones ante los numerosos casos de corrupción y despilfarro de caudales públicos. Estos escándalos provocan en la ciudadanía una merma de la ya de por sí débil conciencia ciudadana y crea una enorme desconfianza sobre el destino final del dinero que se recauda. Por tanto, el actual nivel de conciencia fiscal está sin duda directamente relacionado con el control del gasto por parte de la Administración.

Control eficiente y exhaustivo

De ahí la importancia que tiene que la Administración Pública sepa realizar un control eficiente y exhaustivo. Y que dicho control sea conocido por la ciudadanía. Para ello es necesario tomar las siguientes medidas:

a. Reducir al máximo el sector público empresarial. Disolviendo o enajenando aquellas empresas públicas que no son rentables o que no están bien gestionadas. Todo ello dentro de una perspectiva amplia y a largo plazo de racionalización de la gestión empresarial pública. Esto debe realizarse por una comisión de expertos independientes. Con el único fin de que el dinero público sea gestionado en la forma más eficiente posible.

b. Además, en aquellas empresas que por sus objetivos es necesario su carácter público, convendría reducir sus cuadros directivos (gestores y consejos de administración), así como un control de sus remuneraciones totales. Para ello, será necesario buscar fórmulas jurídicas para realizar dicho control del sector público empresarial.

c. Control eficiente del gasto de la Administración Pública. Para ello consideramos que es necesario:

1) La creación de una entidad denominada Agencia Estatal de Control del Gasto Público con competencia en todas las Administraciones Públicas y cuyo presidente sea una persona independiente y para ello sería necesario su nombramiento por el Parlamento por un periodo mínimo de cinco años.

2) Buscar la fórmula para que dicha entidad pueda realizar sus funciones y así cumplir los principios y normas propias de la contabilidad pública.

3) Revisar los supuestos de contratación de las Administraciones Públicas para que se haga de una forma eficiente y transparente.

4) Crear una comisión para estudiar las duplicidades existentes en las Administraciones Públicas, siendo necesario a veces la desaparición de ciertos niveles de la misma. Prácticamente en la totalidad de los países europeos han desaparecido las Diputaciones Provinciales. Respecto a los ayuntamientos, también han existido agrupaciones, desapareciendo aquellos ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, como es el caso de Dinamarca. O reducir al número de comunidades autónomas como ha hecho Francia al pasar de 22 a 13 el número de regiones, con el objetivo de recortar el gasto público a través de un ahorro de más de 12.000 millones anuales a partir de 2014. Incluso las regiones que quedaron podrían negociar entre ellas nuevos encajes entre 2016 y 2019. Otra posible forma de ahorro sería a través de las economías de escala, centralizando las competencias de determinados servicios públicos como Sanidad, Educación, Administración Tributaria, etc.

5) Intensificación del control del gasto público en Comunidades y Ayuntamientos. En el informe anticorrupción de 2014 de la Comisión Europea se critica el escaso control del gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos en España, dando una serie de recomendaciones, todas ellas dirigidas a eliminar la corrupción y el despilfarro del gasto público.

En aquellos países donde hay mayor control del gasto público existe un menor nivel de fraude fiscal, por ejemplo en los nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia…). De ahí que, en España, si se mejorase el control del gasto público a través de su racionalización, incrementaría su eficiencia. Y se podría reducir el fraude fiscal al aumentar la conciencia y la moral fiscal de los ciudadanos.