El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020 ha supuesto un hito en la historia de la construcción del viejo continente: ante la crisis de la covid-19, los países miembros de la Unión Europea (UE) han conseguido acordar un paquete de medidas de gran alcance que adhiere al marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 (con un presupuesto de 1,074 billones de euros) un nuevo instrumento, llamado Next Generation EU (NGEU), dotado con 750.000 millones de euros (de los cuales, 390.000 son subvenciones y 360.000, préstamos).

Aunque el Parlamento Europeo aún ha de aprobar estos fondos, según los cálculos de la Comisión Europea, España se trataría del segundo país de la UE más beneficiado por el Plan de Recuperación, con 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 se desplegarían en forma de subvenciones, que el Gobierno quiere utilizar en los próximos tres años.

No obstante, todos estos fondos, tanto las subvenciones como los préstamos, estarán sujetos a que los países cumplan con ciertas recomendaciones que la Comisión Europea pide, relativas a la reforma de sus economías. Las tres principales directrices son la transición ecológica, la digitalización y la sostenibilidad social.  

Según apunta un estudio realizado por Fundación Civismo sobre este Plan de Recuperación, la digitalización de la economía emerge como una prioridad en un contexto en el que un 37% de los trabajadores de la UE han empezado a teletrabajar a consecuencia de la pandemia y en el que, sin embargo, las empresas españolas están por debajo de la media en integración de tecnologías digitales, lo que puede profundizar la fragilidad del mercado laboral. Así, solo el 57% de la población tenía en 2019 habilidades digitales básicas o superiores, ligeramente por debajo de la media de la UE (58%) y lejos del 85% de Islandia, el 74% de Reino Unido, o el 70% de Alemania.

Por otra parte, la transición ecológica, pilar fundamental de la Comisión Von der Leyen, demanda que nuestras sociedades pasen de una organización económica centrada en el consumo de combustibles fósiles a otra cada vez más eficiente energéticamente y menos contaminante.

Para lograrlo, sería necesaria la coordinación de actores públicos y privados, mediante iniciativas de mercado (como la creación de productos financieros para el desarrollo sostenible), una hoja de ruta nacional de las intervenciones públicas, y la enunciación de principios y normas internacionales.

Finalmente, aunque los fondos europeos pueden actuar como un catalizador de la economía española a la hora de propulsar la transición ecológica y digital, hay dos puntos importantes que merecen máxima atención para que el presupuesto se gaste productivamente: por un lado, evitar el riesgo de invertir en muchos y pequeños proyectos para complacer a todos.

Las instituciones tendrán que hacer un análisis riguroso, impulsando una cierta competitividad entre las empresas que pretendan conseguir esa financiación, con el fin de elegir las mejores propuestas. Por otro, resulta importante recordar que todos los fondos del NGEU son préstamos que se piden por medio de la emisión de bonos, y que, por tanto, se tendrán que devolver.

Ya sea a través de impuestos europeos, de la colaboración de los Estados miembros, o de deuda, en cualquier caso, se trata de dinero de los ciudadanos europeos. De modo que hay que garantizar que cada euro gastado genere más de un euro de nuevo PIB. Solo así podremos reembolsar mañana los créditos que se desembolsen hoy.

El NGEU puede convertirse en un revulsivo para todos los países europeos. El desafío que el viejo continente tiene frente a sí es crucial para su futuro, hasta el punto de que las instituciones públicas no pueden limitarse a pensar solo en la crisis actual.

Los objetivos propuestos en el Plan de Recuperación resultan imprescindibles para que Europa siga siendo competitiva respecto a Estados Unidos y China, liderando la transición ecológica y digital. Áreas de gran desarrollo y que precisan de un continuo estudio por parte de toda la sociedad civil (pública y privada), a fin de crear un entorno más sostenible.

Por eso, la asignación eficiente de los fondos europeos a las mejores empresas y una gobernanza justa de sus instituciones configuran el camino para transformar nuestra sociedad en términos ecológicos, digitales y sociales.