La financiación del actual sistema de pensiones ha sido un quebradero de cabeza para las administraciones desde el inicio de la crisis. La destrucción de en torno a dos millones de cotizaciones y el progresivo aumento del número de jubilados han empujado al balance español a los números rojos. A pesar de la recuperación del empleo, las previsiones demográficas sugieren que para 2064, el número de trabajadores ocupados se situará en torno a los 15,8 millones, mientras que el número de pensionistas ascenderá a los 14,9 millones. Para entonces, apenas habrá 1,27 personas por cada mayor de 65 años, es decir, las pensiones tendrían que caer entre un 40% y un 45% para ser sostenibles (534,6 euros/mes) o se tendría que retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años, según los datos del think tank Civismo.
Este resultado es fruto del actual sistema de reparto, en el que los trabajadores cotizan para pagar la pensión de quienes ya están jubilados, adquiriendo así el derecho a recibir una prestación cuando se retiren. Para asegurar la sostenibilidad del sistema, la cifra del número de cotizantes por pensionista debe estar por encima de 3 (actualmente es 3,47), esta barrera se romperá previsiblemente en 2023. En el mismo sentido, la prestación media por jubilación en España equivale al 80,1% del sueldo, una de las más altas en la OCDE.
Las opciones para hacer frente a este problema son: retrasar progresivamente la edad de jubilación, subir las cotizaciones sociales, reducir las prestaciones o optar por un sistema alternativo como sería el de capitalización. Demorar la edad de jubilación hasta el límite de 75 años sería una solución provisional que impediría la quiebra del sistema hasta 2048. La subida de las cotizaciones supondría un peligro para la creación de empleo y congelar las prestaciones tampoco solucionaría la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a largo plazo.
El sistema de capitalización de las pensiones consiste en que los propios trabajadores ahorren su cotización en una cuenta, donde se podría invertir en bonos, acciones o cualquier otro tipo de activos, de manera que se rentabilizaría y podrían rescatarla al final de su vida laboral. Entre los beneficios de este sistema destaca que la generación de intereses continuada a lo largo de los años y su reinversión generaría un importe mucho mayor que en el sistema de reparto. Además, el importe no dependería del sueldo cotizado durante los dos últimos años y el incremento de la pensión estaría sujeto a la duración de la carrera laboral (lo que incentiva el alargar los años de trabajo).
Un ciudadano medio que empezara a trabajar en 1990 y se jubilara en 2037, con un sueldo medio de 22.000 euros al año, tendría derecho una pensión media de 24.362 euros al año, que en 20 años se habría rebajado hasta los 22.038 euros. Sin embargo, la renta con una pensión privada ascendería a los 42.103 euros al año (72,8%), según las estimaciones de Civismo. Además, las inversiones podrían ajustarse a los distintos perfiles de riesgo en función de la edad. Por ejemplo, podría potenciarse la inversión en bolsa para el ahorro generado en los primeros años de la vida laboral y mitigar el riesgo en los años previos al retiro mediante la inversión en renta fija (deuda corporativa) y bonos del Estado.
Los beneficios de este sistema van más allá de los contribuyentes y repercuten también en el sector público. En primer lugar, el ahorro de los cotizantes generaría posteriormente una inversión continuada en el tiempo. Otro punto a su favor sería la reducción del fraude fiscal, ya que los trabajadores no tendrían incentivos para defraudar a Hacienda si su cotización comienza a generar intereses desde el principio. Por otro lado, los mayores tendrían más estímulos para permanecer en sus puestos de trabajo, ya que un año de cotización adicional no sólo elevaría el dinero del fondo sino que proporcionaría un rendimiento adicional.
Casos de éxito
El caso más conocido es el de Chile, que cuando instauró este modelo se encontraba en una profunda recesión económica (-13,6%). Sin embargo, en tan sólo una década recuperó el ritmo de crecimiento, incrementando su PIB entre 1983 y 2013 a una tasa media anual del 5,6%, la mayor de América Latina detrás de Costa Rica. Se dio la posibilidad de mantener las cotizaciones en el plan de reparto nacional o ingresarlas en un de las administradoras de fondos de pensiones, abiertas a la libre competencia por ofrecer la máxima rentabilidad. El Estado siguió captando parte de los recursos para atender a las prestaciones básicas no contributivas, pero a cambio, los trabajadores que optaran por este plan obtenían un bono en representación de sus aportaciones al fondo común hasta la fecha. Este es el modelo que mejores resultados ha dado, con rentabilidades anuales superiores al 10%.
Sin embargo, en los países desarrollados este cambio no puede ser instantáneo por la elevada deuda contraída con sus trabajadores y la elevada esperanza de vida. En estos casos se recomiendan los modelos mixtos, como el caso sueco y el alemán. En Suecia el 13,5% se destina a una cuenta de ahorro personal y se ofrece la inversión en más de 800 fondos, mientras que el 86,5% restante se destina al sistema común. En Suiza, el modelo de capitalización ya alcanza el 41,9% del dinero que percibe el pensionista medio tras su retiro, en Islandia el 91%, en Australia el 74,1%, en Israel el 69,7%, el 67,4% en Holanda y el 47,6% en Estonia.
Además, en estos países la pensión media equivale al 73,5% del último sueldo, frente al 64,1% del conjunto de la OCDE, lo que refleja un aumento del 14,6% sólo con la introducción de un componente moderado de capitalización.
