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abr
OkDiario

Tras la dura crisis que atraviesan las distintas economías de la Unión Europea, desde el Banco Central Europeo (BCE) se están evaluando todas aquellas posibles medidas que podrían aplicarse y que, en cierta medida, podrían ayudar al conjunto de economías europeas a salir del atolladero, paliando una situación difícilmente disipable sin medidas extraordinarias que se ajusten al marco vigente. Como dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI), estamos ante la mayor crisis económica desde el Crack de 1929.

En este sentido, tras las negociaciones que se han ido estableciendo en Bruselas, la idea de un fondo de solidaridad, a priori encabezado por unos coronabonos que no han prosperado, está ganando cada vez más fuerza en el organismo comunitario, donde las tensiones entre los países del sur y los del norte siguen aflorando con el paso de los días. Ante unos desequilibrios macroeconómicos como los que presentan los países integrantes, desequilibrios de gran magnitud si contrastamos los países entre sí, es muy difícil poder aplicar políticas adaptadas a todas las economías del bloque económico.

Algo pudimos ver con los coronabonos, una propuesta demandada por los países del sur que exigían la mutualización de la deuda. La idea era establecer un sistema que garantizase el acceso a la financiación de las inyecciones de deuda pública con un coste reducido por la integración de activos refugio como la deuda alemana o la holandesa. No gustó mucho en sede europea.

Los niveles de deuda pública en países que, como España o Italia, presentan un apalancamiento cercano o superior a la totalidad de su respectivo Producto Interior Bruto (PIB) generan cierta desconfianza a otros países que, como Alemania u Holanda, presentan niveles de deuda que no alcanzan, ni en el peor de los casos, el 60% de su respectivo PIB. Unos desequilibrios que se ven agravados por unos niveles de déficit que, en escenarios como el actual, confirman la negativa de los vecinos del norte a una mutualización de la deuda con un gran riesgo añadido.

Mientras que España estuvo prometiendo a la Unión Europea un nivel de déficit en la línea con lo exigido por Bruselas y con el compromiso que establecían los pactos de estabilidad y crecimiento (PEC), la realidad al cierre de 2019 fue muy distinta. El Gobierno anunció que el déficit español se situó en el 2,6%, rebasando los límites comprometidos con la Comisión Europea. Cuando Bruselas se dispuso a comprobar esta cifra la sorpresa fue que la oficina estadística europea (Eurostat) detectó un error de cálculo de los españoles, elevando el nivel de déficit al 2,8%.

Escenarios como este, ante las tensiones que ya estaban presentes en la Unión Europea, añadían más leña al fuego. Alemania y Holanda reforzaban una postura que, ante los escenarios que iban sucediéndose, se mostraba en contra de una mutualización de una deuda que, ante semejantes niveles de endeudamiento, presentaba grandes riesgos en su aplicación. Máxime cuando los mensajes que se lanzaban desde los países del sur eran completamente de confrontación, donde la propia España, en colaboración con Italia y Portugal, exigía la aplicación de estos coronabonos sin las exigencias que solicitaba Europa en materia de reformas estructurales; rechazando las ayudas del MEDE, la vía que más seguridad aportaba a Alemania.

Ni con un MEDE reforzado, España se sentía satisfecha con las decisiones adoptadas por Bruselas. Esto llevó al país -ante una negativa de los europeos del norte, que no sentían seguridad sobre cómo sería la evolución de los costes de endeudamiento en un escenario en el que los países del sur no cumpliesen con la disciplina presupuestaria y las reformas estructurales exigidas- a exigir un fondo de reconstrucción que, con aportes de todos los países miembros, pudiera suplir esa financiación que se perseguía con los coronabonos.

Y aquí quiero matizar algo. No estoy hablando de que sean insostenibles los coronabonos, así como tampoco estamos ante una propuesta errónea. Sino que en un escenario donde la disciplina financiera no ha sido la correcta, es cierto que, ante los desequilibrios macroeconómicos que presentan las economías que integran el bloque económico y sin un proyecto que integre reformas estructurales y un claro compromiso de los países del sur, hablar de coronabonos es tan utópico como hablar de una renta básica universal incondicional como la que ansiaba Pablo Iglesias.

En este sentido, ante el fondo de reestructuración propuesto, la Unión Europea ha vuelto a girarse para escuchar el mensaje de los países del sur. Un mensaje que ha calado más en sede comunitaria. Sin embargo, pese a que los países del norte se mostraron receptivos y concedieron esta ofrenda para relajar las tensiones, volvemos a seguir demandando medidas que siguen agravando nuestros niveles de endeudamiento, ensanchando esa brecha con los vecinos del norte que, tarde o temprano, volverá a estar en el debate público.

Una brecha a la que hacíamos caso omiso cuando todo iba bien, pero de la que muchos economistas avisábamos cuando hacíamos alusión al escaso colchón fiscal, al escaso fondo de maniobra, que poseen determinadas economías ante los niveles de endeudamiento que estas presentan. Máxime, en un escenario en el que, como pronostica el Banco de España, los niveles de endeudamiento público podrían alzarse hasta alcanzar niveles cercanos al 120% del PIB.

El fondo de reestructuración parece viable. Así es como lo han mostrado los países del norte, que coincidían con los del sur en que se precisa de una medida de contención para paliar los efectos del coronavirus. Sin embargo, España vuelve a salirse con la suya sin adoptar unas reformas estructurales que, cuando volvamos a la normalidad, mostrarán una tesitura en la que el gasto público, por ejemplo en partidas como las pensiones, seguirá ensanchando unos niveles de deuda que no dejan de crecer con el paso del tiempo.

Son necesarias las reformas estructurales para tener unas finanzas públicas estables el largo plazo, evitando hipotecar el país para unas generaciones venideras que se van a enfrentar a un nivel de deuda impagable, sobre todo teniendo en cuenta la actual situación del mercado laboral.

Es hora de hacer autocrítica y de comenzar a evaluar, además de a nuestros homólogos europeos, la falta de solidaridad de países como España, que pretenden hacer pagar a terceros el sobrecoste en el que ha incurrido las administraciones nacionales. Un sobrecoste estructural que solo será posible solucionar con una serie de reformas estructurales que, hasta el momento, solo hemos sabido postergar y derivar a las generaciones venideras.


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