¿»Flexibilizar» el déficit?
22 de febrero de 2016
Por admin

Desde hace ya algún tiempo, todos los periódicos del país tienen en su primera página la noticia de alguna pelea entre políticos. Se ve que no están de acuerdo en nada, piensa el sufrido ciudadano medio. Pero se equivoca nuestro lector de periódicos. Hay un punto en el que parece que, en los últimos días, todos los partidos coinciden: hay que flexibilizar los ajustes necesarios para reducir el déficit público. En otras palabras, nuestros políticos están de acuerdo en la idea de que los españoles –así, en conjunto– tenemos que convencer a la Unión Europea para que nos permita reducir nuestro déficit público a una cifra inferior al 3% del PIB en una fecha más tardía a aquella a la que nos habíamos comprometido.

Naturalmente el enfoque que cada partido da a esta petición a Bruselas es muy diferente. Poco tiene que ver, desde luego, una propuesta basada en ofrecer reformas serias a cambio de un breve aplazamiento de la fecha de cumplimiento con planteamientos tan absurdos como el de Podemos, que llevarían a un déficit muy elevado, que iría acompañado, además, de reformas que dejarían a la economía española en una situación mucho peor que la que ahora tenemos. Pero incluso los planteamientos más razonables insisten en que nos conviene reducir el déficit sin demasiada prisa. Aparentemente tal idea tiene sentido. Pero, ¿lo tiene realmente?

El principio de que el déficit presupuestario de cada Estado miembro no debería superar el 3% de su PIB tiene su origen en el Tratado de Maastricht, donde se planteó como una condición para garantizar la estabilidad de la nueva unión monetaria. Y, posteriormente fue incorporado al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es cierto que, desde el primer momento, planteó dudas a algunos economistas, porque no quedaba claro cómo influirían los déficit públicos en una unión monetaria en la que el Banco Central Europeo tenía prohibido en sus estatutos comprar deuda pública de los países miembros y no podía, por tanto, monetizar sus títulos; es decir, crear dinero en su pasivo como contrapartida a nuevos títulos en su activo. Pero la política del BCE, incumpliendo de hecho tal prohibición, ha puesto de manifiesto que la preocupaciones por la estabilidad de la unión monetaria tienen sentido.

Conviene dejar claro que lo que el Pacto establece no es que cualquier déficit por debajo del 3% del PIB sea razonable. No, la idea inicial era que sólo sería aceptable llegar a tal nivel en casos de fuerte caída de la actividad económica y que los momentos de auge permitirían obtener superá- vits que sirvieran para reducir el volumen de deuda que habría crecido, necesariamente, en los años de déficit. La crisis, sin embargo, se llevó por delante tales previsiones y, como es bien sabido, el déficit público español se situó durante varios años en niveles entre el 9% y el 11% del PIB, lo que dio origen al fuerte endeudamiento que soporta hoy el sector público español. Sólo a partir de 2013 se empezó a reducir de forma sostenida este déficit, que en 2015 había caído al 4,5%, cifra significativamente menor, pero aún muy alta y tres décimas por encima del resultado que España había acordado con Bruselas. La deuda pública, en consecuencia, sigue creciendo y está ya en el límite del 100 del PIB.

Se supone que el déficit en 2016 no debería superar el 2,8% del PIB; pero a la Unión Europea, al analizar el presupuesto español, no le salen las cifras y calcula que, seguramente, nos iremos al 3,6%. Tanto una cifra como la otra son, ciertamente, sólo estimaciones, cuya coincidencia o no con la realidad va a depender de diversos condicionantes con un grado de incertidumbre significativo, como la tasa de crecimiento económico o la evolución de la coyuntura internacional. Es en este contexto en el que se pide a Bruselas que se permita a España retrasar, al menos un año, la reducción del déficit a una cifra inferior al 3%.

No veo, sin embargo, razones de peso para posponer el equilibrio de las cuentas públicas; y la supuesta “situación de emergencia” que hay en España no me parece un argumento sólido. Ignoro, desde luego, lo que va a hacer la Unión Europea. Pero no estoy de acuerdo con el consenso que parece existir entre los partidos polí- ticos españoles para no cumplir nuestro compromiso con respecto al déficit y permitir que la deuda pública siga aumentando. En especial en un momento en el que la economía española ha registrado una mejoría significativa y estamos creciendo a una tasa anual superior al 3%. No sabemos cuánto durará esta fase expansiva. Pero ahí está, al menos por el momento. Cabe preguntar a quienes piden esta ‘flexibilización’ qué cifra de déficit considerarían conveniente si la economía española creciera a tasas sólo ligeramente superiores al 1%, como es el caso de Francia o de Italia en la actualidad, ¿el 4,5%, como el año pasado…o una cifra aún mayor hasta que salgamos de lo que denominan nuestra “situación de emergencia”?

Y no cabe duda de que nuestra peculiar situación política complica hoy de forma notable la aplicación de las medidas de política económica que el país necesita. La verdad, aunque parezca poco patriótico, lo que nos conviene en estos momentos, dado como están las cosas, es que sea Bruselas quien tome las decisiones. 

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