Desde que empezó la crisis, la falta de flexibilidad salarial ha sido una de las causantes del frenético ritmo de destrucción de empleo. Bien porque los convenios seguían tirando al alza de las nóminas (muy por encima de la inflación en el 2009), bien porque los sindicatos se negaban a pactar nuevas condiciones, los salarios se escaparon del precio de mercado y su arreglo se retrasó mucho más allá de lo deseable. Los modelos nórdicos tratan de conseguir que, en situaciones de crisis, los ajustes se hagan vía precios y no vía despidos. En otras palabras, mantener a la máxima cantidad de gente trabajando, aunque sea a costa de rebajar los salarios.
En España, en cambio, los sueldos siguieron subiendo, a pesar del aumento del paro y de la deflación. Esto fue un error porque cada dos puntos porcentuales que aumenta el coste del empleo, suponen un punto porcentual más de desempleo. Es decir, que si los costes laborales se hubieran mantenido fijos en niveles del 2008, ahora tendríamos tres puntos menos de paro y si se hubieran reducido solo un 10%, habría dos millones menos de desempleados. Baleares es el ejemplo: con solo un ajuste del 2,9% en cuatro años ha logrado ser la región que menos empleo destruye.
Ahora bien,muchos trabajadores pensarán que ellos han perdido esa cantidad e incluso más, pero que el ajuste no se plasma en las estadísticas. Esto se debe, en primer lugar, a los impuestos al trabajo, que han subido un 15,8% en los tres últimos años. Además, hay colectivos que quedan blindados, bien sea porque ¡se trata de sectores protegidos desde el Gobierno, porque son comunidades donde los sindicatos tienen más fuerza o porque los funcionarios tienen más peso.
Basta un vistazo a nuestros anteriores rankings para entender por qué la muy sindicalizada Asturias retrasó los ajustes todo lo posible, igual que Extremadura y Castilla-La Mancha, regiones en las que la Administración tiene un peso elevado.
La reforma laboral ha contribuido a acelerar estos ajustes, y en el 2012 el precio de cada hora trabajada ha caído en un 2,2%. No obstante, todavía están un 6,4% por encima de los salarios de los tiempos de la burbuja. Por otra parte, el Gobierno debe entender que no es justo cargar siempre el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. El Ejecutivo tendría que volcar sus esfuerzos en reducir los impuestos al trabajo y los costes de muchos sectores protegidos, como el transporte y la energía, que han subido hasta 25 puntos más que la media europea en la última década.
Las devaluaciones competitivas suelen ser un proceso lento, porque las empresas temen que las rigideces en el mercado de trabajo reaparezcan. Por eso, el proceso tiene que ser suficientemente agresivo para parecer creíble. Algunas comunidades, como Andalucía, ya se han puesto manos a la obra. Sin embargo hay otras, como la Comunidad Valenciana, en las que los costes laborales siguen creciendo. Esta comunidad, junto al PaísVasco, Cataluña y Castilla-LaMancha debería flexibilizar las rigideces del mercado laboral si no quiere que sus tasas de paro sigan creciendo.
Por último, en las empresas, los sindicatos y trabajadores deberían estar más receptivos a propuestas que rebajen los costes medios sin afectar a los que ya están trabajando. Por ejemplo, permitir una doble escala salarial para las nuevas incorporaciones y ayudar así a que la competitividad aumente.
