Uno de los argumentos más engañosos en defensa de la creación de empleo público alude a su función como palanca incentivadora del empleo privado. Se dice que los funcionarios que cobran un sueldo lo gastan en restaurantes y comercios locales. Este mayor consumo supone una mayor carga de trabajo en esos establecimientos, lo que se traduce en contratar más trabajadores. Una teoría a la que el Gobierno no ha tardado en adherirse. El ministro de Hacienda yAdministraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó el pasado mes de abril que «el ajuste del sector público ha tocado fondo y ahora es el momento de reforzar plantillas», algo que luego se vio corroborado por los datos. La Administración aumentó en el primer trimestre su contratación al mayor ritmo desde 2010.

Sin embargo, cifras reales desmienten esta teoría al evidenciar que la contratación en el sector privado casi no se ve afectada por la del público. De hecho, aunque nueve comunidades aumentaron la empleabilidad pública en el primer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior, la contratación privada ha caído en la mayoría de las comunidades. En conjunto, más de 50.000 empleos destruidos, siendo precisamente las tres comunidades que más han acelerado la creación de puestos públicos las que se llevan ‘la palma’: Navarra, Castilla-La Mancha y Galicia.A pesar de haber incrementado el número de puestos de trabajo entre un 5,59% y un 17,4%, ninguna de ellas ha sido capaz de crear un solo empleo privado. La clave hay que encontrarla en el necesario ajuste laboral. En cambio, las cuatro comunidades líderes en creación de empleo privado (Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla y León) pertenecen, precisamente, al grupo de regiones que han contenido las plantillas del sector público. En total, solo estas cuatro regiones han conseguido generar 100.000 empleos. La razón se encuentra en la flexibilidad de los contratos laborales del sector privado, que es el que verdaderamente impulsa el empleo.

Cuando la Administración compite de forma desleal con el sector privado ofreciendo puestos vitalicios, a veces con sueldos por encima del mercado, el mejor talento termina trabajando en la burocracia en lugar de dedicarse a actividades generadoras de riqueza y por las que se pagan tributos. La sobre dimensión de la Administración no crea empleo privado, sino que lo perjudica. Las empresas y los trabajadores se ven obligados a pagar más impuestos, en lugar de destinar sudinero a la inversióno al consumo. Potenciar el sector público tampoco beneficia a los menos favorecidos y que tienen menor preparación, porque compiten peor en las ofertas de empleo de la Administración.

La mejor actitud de un gobernante eficiente es comportarse como un buen empresario: lograr una cuenta de resultados que beneficie a toda la sociedad y no caer en el falso proteccionismo de inflar la contratación pública.